Cuatro extrabajadores del congresista José Arriola (ex Acción Popular) reconocieron ante la fiscalía que sufrieron recortes de sueldo, reveló “Punto Final” este domingo.
Se trata de Henrry Zaira Rojas, Natalia Alzamora Miranda, Carlos Quispe Baldovino y Shyrleys Mendoza Gonzales.
Zaira, quien fue asesor principal de Arriola, aseguró al Ministerio Público que el congresista amenazaba con despedirlos si no le entregaban parte de sus salarios. “El congresista cada mes nos convocaba a reuniones a su despacho y nos indicaba que tenía una serie de actividades sociales que cumplir y requería del apoyo de todos, y designaba un porcentaje que teníamos que entregar como donación, y además indicaba que quien no estaba de acuerdo perdía su trabajo”, relató.
Según detalló al Ministerio Público, el monto que le entregaban mes a mes al legisladora variaba entre 10%, 15% y 20%. “Dependía del congresista, de cada concepto percibido: sueldo, gratificaciones, bonificación, escolaridad. El valor del porcentaje lo definía mes a mes el congresista”, dijo.
En tanto, Alzamora, quien trabaja como auxiliar de la bancada Acción Popular, contó a la fiscalía que Arriola la abordó luego de una reunión de bancada, en julio del 2022, para pedirle parte de su salario. “El congresista Arriola Tueros me abordó en la cocina y me indicó: ‘Oye, tú estás pasando piola, porque a mí todos me apoyan con la labor social. Yolanda te va a llamar’”.
Alzamora añadió que aceptó entregar parte de sus salarios por temer a ser despedida, ya que necesitaba contar con el seguro de salud que el Congreso cubre no solo para sus trabajadores, sino también para los familiares de estos.
“Punto Final” ha revelado que a Zaira y Alzamora, el congresista les dijo inicialmente que también podían entregar víveres, para que sean donados. Pero luego de unos meses, la orden, según un tercer trabajador denunciante, cambió: ahora el congresista solo quería efectivo.
El tercer trabajador en mención es Quispe, quien dijo ante el Ministerio Público: “En diciembre del 2021, el congresista Arriola Tueros nos convocó a su despacho y nos indicó que la donación ya no sería en bienes sino en efectivo, según indicó, para incrementar el apoyo o cantidad. Este consistía en el 10% de la ingresos mensuales por conceptos de remuneración y alimentos, y el 15% por las bonificaciones extraordinarias que pudiéramos percibir”.
La intermediaria
Arriola recibía el dinero mediante su secretaria, Yolanda Cuya Llajaruna, quien se encargaba de todas la coordinaciones para concretar los recortes de sueldo, según los extrabajadores.
Quispe ha mostrado a la fiscalía las conversaciones que sostuvo con ella mediante WhatsApp.
En tanto, Mendoza contó a la fiscalía que en enero de 2022, Cuya le indicó que el congresista solicitaba que entregue el 15% de un bono de S/10.000. No obstante, como fue despedida, le indicó que ya no tenía ningún vínculo laboral con él y no le entregaría nada.
Por último, de acuerdo con “Punto Final”, Cuya ha reconocido ante la fiscalía que cedió una cuenta bancaria de su esposo para recibir los depósitos de sus compañeros de trabajo y luego entregárselos a Arriola.
Cuando la casa de Arriola fue allanada, en marzo de 2023, por el Caso Los Niños, las autoridades encontraron US$71.950 y S/33.570 en efectivo.
Arriola ha asegurado que sus trabajadores realizaban donaciones de manera “voluntaria”. Incluso, cuenta con supuestas declaraciones juradas para acreditar esa versión.
No obstante, los trabajadores que testificaron ante la fiscalía han negado que los aportes fueran voluntarios. Zaira aseguró: “Esas donaciones que se hicieron fueron de carácter obligatorio; aparentemente eran una donación voluntaria, pero realmente se trataba de una obligación impuesta por el congresista Arriola, toda vez que si no donaba ese dinero perdería mi trabajo. […] El congresista establecía una fecha de donaciones, en caso no se realizara el aporte, estaba fuera”.
Arriola insistió este domingo, mediante un comunicado, en que no obligó a sus trabajadores a entregar parte de sus salarios. Además, trató de desacreditar la labor de la fiscalía.
“Niego tajantemente haber obligado o coaccionado al personal de mi despacho congresal a hacerme entrega de dinero o especie alguna. [...] Por una ineficiente imputación de hechos [...] he interpuesto una tutela de derechos ante el Poder Judicial”, dijo.
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