Martín Vizcarra y el ‘Vacunagate’: ¿Cuáles son los argumentos de la fiscal de la Nación para denunciarlo?

De acuerdo al documento, al que accedió El Comercio, el ex jefe de Estado recibió vacunas que estaban destinadas “única y exclusivamente para inmunizar al equipo de investigación y al personal relacionado con el ensayo clínico” del laboratorio chino Sinopharm y la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH).

Para el Ministerio Público, Vizcarra Cornejo “habría abusado de su cargo como jefe de Estado para inducir” al doctor Germán Málaga Rodríguez, investigador principal del ensayo clínico de la vacuna Sinopharm contra la COVID-19 en el Perú, a entregarle seis dosis para inocular a su esposa Maribel Díaz Cabello, su hermano César Vizcarra, y a él mismo.

Incluso, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, señala que “la voluntad” del doctor “habría sido doblegada ante la investidura y autoridad que representaba” el hoy líder del partido en formación Perú Primero.

Málaga Rodríguez, en su declaración ante la fiscalía, refirió que el 30 de setiembre de 2020 recibió una llamada de Alba Hilares Baca, diplomática destacada a la Secretaría General de la Presidencia, quien le consultó si podía ir al día siguiente a Palacio de Gobierno con Vizcarra, quien aún estaba en el poder.

“Accedí [y en la reunión] el presidente muestra interés [en las vacunas], y me pregunta si son seguras, yo le dije que ‘sí’ y que inclusive ya me había inoculado. El presidente me solicita que yo llevé dos dosis de vacunas al día siguiente”, manifestó.

El 2 de octubre de 2020, Vizcarra y Díaz Cabello recibieron la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus. La enfermera Cynthia Castillo Flores fue quien se las aplicó.

La segunda dosis fue programada para el 29 de octubre, a solicitud de la secretaria de Prensa de la Presidencia, Mónica Moreno, “por temas de agenda”.

“[En aquella oportunidad] vimos que estaba el hermano del expresidente [César Vizcarra], a quien el presidente me solicitó que lo inoculara. Finalmente, cuando [Martín Vizcarra] había sido vacado, se coordinó la aplicación de la segunda dosis de la vacuna para su hermano, lo que ocurrió en el domicilio del expresidente en San Isidro”, contó Málaga.

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El testimonio de Málaga ha sido respaldado por la declaración de Castillo Flores, el carné de vacunación de Vizcarra y el registro de visitas de Palacio de Gobierno, donde figuran sus ingresos en las fechas indicadas.

Jessica Del Carpio, coordinadora de ensayos clínicos del Centro de Estudios de la UPCH, dijo que tomó conocimiento de la vacunación del expresidente el 1 de octubre de 2020.

“Tomo conocimiento el mismo día de la primera dosis de su vacunación. La licenciada Castillo me pide que por disposición del doctor Málaga debía preparar la salida de dos dosis de la vacuna, pero no sabía para quién era ni a dónde iba a ir”, expresó ante el Ministerio Público.

La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en la denuncia constitucional, precisa que las vacunas, a las que accedió Vizcarra y su familia, “constituían bienes con valor patrimonial” y, además, permitían a los vacunados estar inmunizados contra una enfermedad que para octubre de 2020 “había cobrado la vida de muchas personas en el país”.

El expresidente sostiene, hasta la actualidad, que su vacunación fue parte del ensayo clínico. No obstante, el testimonio de los investigadores lo contradicen.

Mazzetti y sus asesores en la trama

El Ministerio Público también incluye en la denuncia constitucional presentada ante el Parlamento a Mazzetti, quien fue ministra de Salud en los gobiernos de Alejandro Toledo, Vizcarra y Francisco Sagasti. A la ex alta funcionaria del Estado le atribuyen el presunto delito de concusión por haberse vacunado en secreto.

Mazzetti, según el documento, “habría abusado” de su cargo para inducir a Héctor García Lescano, integrante de la investigación del ensayo clínico de la Sinopharnn contra la COVID-19 en el Perú, para que le dé ocho dosis, a fin de que ella se inocule y a otras tres personas de su confianza.

Entre ellos, Danilo Céspedes Medrano, jefe de gabinete del Despacho Ministerial; y los asesores Lucy Olivares Marcos y Rita Abanto Rojas.

Benavides agrega que Mazzetti sabía que las referidas vacunas “eran parte del lote de 3.200 dosis que habían sido enviadas” por el laboratorio chino para solamente “inmunizar al equipo de investigación”.

El 11 de enero de 2021, Abanto Rojas se comunicó con García Lescano, por orden de la entonces ministra de Salud, para transmitirle la decisión de la alta funcionaria de vacunarse.

“De esa manera, la voluntad de Héctor García Lescano habría sido doblegada ante la investidura y autoridad que representaba Mazzetti como titular del sector Salud, condición que habría sido utilizada para inducir al primero para que le entregue las vacunas solicitadas”, indica el Ministerio Público en su hipótesis.

Mazzetti recibió su primera dosis de la vacuna el 12 de enero de 2021 en su casa, ubicada en Surco. La enfermera Castillo Flores, la misma que le aplicó dos dosis a Vizcarra Cornejo, fue la encargada de hacerlo.

El 6 de febrero, la entonces titular de Salud recibió la segunda dosis. Cuatro días después, se reveló que Vizcarra se había vacunado de manera secreta.

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Fernando Ugaz, abogado del expresidente Vizcarra, consideró que la denuncia constitucional de la fiscal de la Nación contra su cliente por concusión “es una barbaridad”, porque para que este ilícito se cumpla debe existir “una orden o una inducción” de por medio. Agregó que el ex jefe de Estado no obligó a Málaga a autorizar su vacunación.

Ugaz insistió en que el exmandatario fue partícipe del ensayo clínico, a fin de establecer el grado de eficacia de la vacuna china.

“Recién en diciembre se verificó la eficacia de la vacuna de Sinopharm, es por ello que después de esa fecha, el Perú compra las vacunas. Este fue un programa experimental”, acotó.

Este Diario intentó comunicarse con Germán Larrieu, abogado de Mazzetti, pero no respondió a nuestras llamadas.

Más información

El Ministerio Público dio cuenta que el 15 de febrero de 2021, se dispuso ampliar la referida investigación preliminar para incluir a la excanciller Elizabeth Astete, quien también se vacunó de manera secreta. No obstante, la exministra de Relaciones Exteriores no ha sido incluida en la denuncia constitucional por concusión.

Juan Peña, abogado de Astete, dijo a El Comercio que su patrocinada no se ha sometido a ningún proceso de colaboración. Agregó que tampoco han sido notificados sobre alguna variación en la condición de su clienta.