

La congresista Norma Yarrow (Renovación Popular) aseguró que el Gobierno no cumplió con el plazo de cinco años que dio el Tribunal Constitucional (TC) para solucionar el hacinamiento en las cárceles del país.
A través de su cuenta en “X” (antes Twitter), la legisladora señaló que de los seis penales que deben cerrar para no recibir más internos, solo el de Miguel Castro Castro lo viene haciendo.
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“Hoy se cumplen los cinco años que el TC dio como plazo al Estado para que solucione el hacinamiento en las cárceles ¿Este gobierno cumplió? No. De los seis penales que se deben cerrar para que no reciban más internos sólo el Castro Castro lo hace ¿El TC dará una prórroga? Esperemos que no y se identifiquen a los responsables”, indicó.
Como se recuerda, en mayo de este año se cumple el plazo de cinco años que una sentencia del Tribunal Constitucional dio para que desde el Ejecutivo se solucione la sobrepoblación en las prisiones del país, que actualmente supera los 94 mil reos.
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El fallo del TC- según informó la Unidad de Investigación de El Comercio- estableció que “existe un estado de cosas inconstitucional respecto del permanente y crítico hacinamiento de los establecimientos penitenciarios y las severas deficiencias en la capacidad de albergue”.
Además, ordenó que si en cinco años no se adoptaban las medidas para superar ese estado, las prisiones debían cerrarse empezando por las seis más sobrepobladas cuando el plazo venciera. Es decir, no podrán recibir a nuevos reos.
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Ante ello, el entonces ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, afirmó que su sector viene “impulsado acciones concretas” para “redistribuir” a la población penitenciaria en el país.
Cabe indicar que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó a la UI de este Diario que el Ministerio de Justicia dará este año una asignación de S/251 millones para reactivar la construcción del megapenal de Ica, que albergará a 3.168 presos.
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El proyecto tiene por lo menos 12 años y desde el 2019 ha habido pocos avances. El monto para la ejecución y supervisión del proyecto es de S/630 millones.
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