:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/5BEFG3W5SZAEREATEM5FXUZGAQ.jpg)
La Comisión de Fiscalización del Congreso aprobó este viernes 12 el informe final del caso Anguía que alcanza al expresidente Pedro Castillo y a miembros de su familia. El documento obtuvo 10 votos a favor, uno en contra -de la congresista Margot Palacios (Perú Libre)- y una abstención, del congresista Américo Gonza (Perú Libre).
El informe -que deberá ser debatido por el pleno del Parlamento- presenta ocho conclusiones, la primera de ellas advierte que existen elementos de una presunta organización criminal encabezada por Pedro Castillo. Este grupo estaría también integrado por Lilia Paredes, ex primera dama, y sus hermanos: Yenifer, Walter y David Paredes.
LEE TAMBIÉN: Fiscalía presenta acusación y pide 35 años de cárcel contra Pedro Pablo Kuczynski
También estarían implicados en esta red criminal el exministro de Vivienda Geiner Alvarado, el exasesor Salatiel Marrufo, el exalcalde de Anguía José Medina y el empresario Hugo Espino.
:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/K7GKQ2XZWFEGDHXOJ7PVJTVYRY.jpg)
Recomendaciones
Entre las recomendaciones aprobadas se encuentran la formulación de una acusación constitucional contra Pedro Castillo por presuntos delitos de organización criminal, colusión, tráfico de influencias y negociación incompatible. Asimismo, acusarlo constitucionalmente por contravenir los artículos 39, 97 y 118 de la Constitución.
También se ha formulado la recomendación de acusación constitucional contra el exministro Alvarado por presunta organización criminal, colusión y negociación incompatible.
Finalmente, se aprobó la remisión del informe a la Fiscalía de la Nación para que, conforme a sus atribuciones, emitan un pronunciamiento respecto al exjefe de Estado y al exministro Alvarado debido a los “indicios razonables” que se recogieron en el informe.
Asimismo, exhortaron a la Fiscalía a que, en el más breve plazo, establezcan responsabilidades penales contra la exprimera dama y sus hermanos Walter y David Paredes. Asimismo, contra Medina, Marrufo, Espino y Gloria Castillo Terrones, hermana del expresidente.
Los montos
Entre los principales elementos, se sostiene que el expresidente Castillo habría recibido S/4 millones, que fueron entregados por el exministro Alvarado. Esto a partir de la declaración de su exasesor Salatiel Marrufo el pasado 7 de diciembre.
El informe de la Comisión de Fiscalización ha concluido que Yenifer Paredes, cuñada de Castillo, “ejercía influencia sobre autoridades municipales de diferentes regiones, dando incluso a conocer su vínculo familiar con el exjefe de Estado”, para favorecer al empresario Espino realizando trabajos de campo en localidades como el distrito de Anguía (Cajamarca) para la generación de expedientes técnicos de obras aprobadas en el Decreto de Urgencia 102-2021 por una partida de S/34′382.297.
A través de este decreto se había asignado un presupuesto para la elaboración de expedientes y partidas para la ejecución de obras en varias regiones y, de manera exclusiva, en Cajamarca.
En la norma -promulgada el 29 de octubre del 2021- se dictaban “medidas extraordinarias para la ejecución del gasto público en materia de inversión, para financiar los proyectos que supuestamente habrían favorecido a los funcionarios del Ministerio de Vivienda, construcción y saneamiento, familiares y amigos empresarios que habían financiado la campaña presidencial de José Pedro Castillo Terrones, grupo conocido como los ‘chiclayanos’”.
De otro lado, se ha concluido que hay elementos respecto a que el empresario Hugo Espino habría fue beneficiado con la adjudicación de licitaciones que sumaron S/6′974.324,86. Esto fue obtenido por la relación directa que tenía con el expresidente Castillo a través de Yenifer Paredes, indica el informe.
Añaden que la obra con la que Espino fue favorecido es el “Mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable e instalación de saneamiento básico en las localidades de Yamsen Ushum, Tayapotrero Vista Alegre de Anguía”, valorizado en más de 3 millones de soles; así como la obra “Recuperación de la infraestructura y equipamiento de la Institución Educativa N°20984-2 y Santiago Antúnez de Mayolo”, por casi S/4 millones.
Otra de las conclusiones del grupo de trabajo se refiere a la existencia de un Gabinete “en la sombra” llamado “buró político”, que estaba dirigido por Marrufo e integrado por el exalcalde de Anguía, así como Alejandro Sánchez -empresario que sigue prófugo-, quienes gestaron el citado Decreto de Urgencia 102-2021.
Por tanto, para la comisión existen elementos indiciarios que acreditan la comisión de los delitos de organización criminal y tráfico de influencias por parte de Pedro Castillo, José Medina, Salatiel Marrufo, Geiner Alvarado, Gloria Castillo, Hugo Espino, y los hermanos Lilia, Yenifer, David y Walter Paredes; así como Rudbel Oblitas Paredes, sobrino de la exprimera dama. Además, el presunto delito de colusión por parte de Castillo, el exalcalde de Anguía, Marrufo y el exministro Alvarado.
Lo que dice el informe
El informe concluye que Pedro Castillo sería la cabeza principal de la organización criminal, "habiendo cometido diversos delitos junto a Geiner Alvarado López y Salatiel Marrufo Alcántara, al haber favorecido a sus amigos, empresarios y funcionarios con el direccionamiento de las obras del Decreto de urgencia 102-2021, el ex presidente es pasible de ser sancionado por el delito de colusión agravada que se encuentra prescrito en el segundo párrafo del artículo 384 del Código Penal, puesto que concertaba con sus amigos, empresarios y funcionarios para favorecerlos económicamente otorgándoles las licitaciones de las obras del Decreto de Urgencia N°102-2021".
Además, Castillo habría "incurrido en el delito de cohecho pasivo impropio, tipificado en el artículo 394° del Código Penal, ya que aceptó el dinero que le entregaban Geiner Alvarado López y Salatiel Marrufo Alcántara para mantenerlos en el cargo en el Ministerio de Vivienda, construcción y saneamiento".
También "es pasible de ser sancionado por el delito de negociación incompatible, el mismo que se encuentra regulado en el artículo 399° del Código Penal, ya que indebidamente se interesó en las obras señaladas en el Decreto de Urgencia N°102-2021 para otorgar a sus amigos empresarios financistas de su campaña electoral".
"José Pedro Castillo Terrones ha cometido el delito de tráfico de influencias en su modalidad agravada, se encuentra tipificado en el segundo párrafo del artículo 400° del Código Penal, por haber sostenido reuniones con Geiner Alvarado López y Salatiel Marrufo Alcántara a efectos de ordenar que las funcionarias del Ministerio de Vivienda, construcción y saneamiento expongan el plan Perú en marcha al buró político conformado por los empresarios dueños de empresas constructoras y alcaldes a efectos de brindar facilidades en licitaciones con el Estado, a cambio de obtener un beneficio económico"
