Iniciativa ciudadana para bloquear una Asamblea Constituyente llegó al Congreso: el trámite que seguirá ahora y qué dicen las bancadas

A inicios de julio del 2021, Ghersi Murillo inició la recolección de miles de firmas de ciudadanos adherentes para presentar una propuesta legislativa ante el Congreso. Era un contexto en el que Pedro Castillo, de la mano con Perú Libre, se alistaban para asumir el poder y se adelantaba la promoción de una asamblea “para hacer con el pueblo la primera Constitución del Pueblo”.

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Tras la primera etapa de recolección —se requiere el 0.3% de la población electoral—, se presentó el expediente ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en febrero del 2023 para la validación y certificación de las rúbricas. Y, tras todo ese proceso de comprobación, el máximo ente electoral finalmente ha enviado la propuesta legal al Parlamento, este último martes.

El objetivo de la fórmula legal es modificar el artículo 206 de la Constitución, “a fin de precisar de manera expresa que, en nuestro régimen constitucional, está prohibido aprobar una nueva Constitución a través de una Asamblea Constituyente”, según se indica.

En ese artículo, se apunta que toda reforma constitucional es aprobada por el Congreso —con mayoría absoluta del número legal— y ratificada mediante referéndum. Con la posibilidad de que este último puede omitirse al ser aprobada en dos legislaturas seguidas del Congreso con una votación superior a dos tercios (87 votos). Lo aprobado no puede ser observado por el Ejecutivo.

Y se plantea adicionar un párrafo: “Este el único procedimiento a través del cual pueden aprobarse reformas de la Constitución. En ningún caso, cabe la aprobación de una nueva Constitución a través de una Asamblea Constituyente”.

En diálogo con El Comercio, Ghersi recordó que la iniciativa surgió como una respuesta al intento de Castillo de impulsar una nueva Constitución mediante una asamblea constituyente. Y que, entre 2021 y 2022, se hizo todo un trabajo de recolección de firmas a nivel nacional. Lima fue la región que más contribuyó en cuanto a firmas, mientras que en segundo lugar se ubicó Arequipa.

“Y todas las firmas las presenté al JNE en febrero de 2023. Más de dos años después, el jurado recién envía nuestra propuesta respaldada por la ciudadanía al Congreso”, comentó.

Según explicó Ghersi, en la actual coyuntura ya no hay tanta urgencia de aprobar la reforma; sin embargo, destacó que ya esté en el Congreso y que podría cobrar relevancia y promoverse en caso vuelva a surgir una propuesta similar tras las próximas elecciones.

Agregó que “en el Perú, la Constitución no dice nada de la Asamblea Constituyente, hay un vacío que es susceptible a diversas interpretaciones”.

“Lo que nosotros planteábamos era que diga de manera mucho más clara que no cabe esa posibilidad, que la única forma de cambiar la Constitución es respetando lo que dice la propia Constitución; y no cambiarla por la vía paralela. Es interesante que esto haya ocurrido ahora, porque en la etapa electoral los grupos de izquierda seguro van a volver a hablar de este tema. Y se reabrirá el debate”, apuntó.

Más allá de la coyuntura, según la Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos, las iniciativas legislativas acompañas por las firmas comprobadas de ciudadanos “recibe preferencia en el trámite del Congreso”. El texto ha sido derivado a la Comisión de Constitución, donde deberá ser analizado una vez se inicie la siguiente legislatura.

En diálogo con El Comercio, Miguel Torres, subsecretario de Fuerza Popular, comentó que la propuesta se originaba por un temor de que se llegue a modificar la Constitución sin que esto pase por el Congreso. Y que ya se han emitido normas “donde quedó claro que cualquier reforma debía pasar” por este poder del Estado.

“Debemos ver los alcances, las iniciativas ciudadanas deben ser atendidas y revisadas más allá del momento. Lo que debemos ver es si vale la pena sobre algo que ya está”, remarcó al ser consultado si Fuerza Popular apoyaría la propuesta de reforma.

En diciembre de 2021, tras la recolección de firmas que impulsaba Perú Libre y un sector para una consulta por una reforma total de la Constitución, el Congreso aprobó la modificación justamente de la ley de los derechos de participación para establecer, entre otros, que una reforma total de la Carta Magna no puede ser sometida a referéndum. Castillo observó la autógrafa, siendo aprobada por insistencia en enero de 2022. Aunque la propuesta ciudadana va más allá y apunta a zanjar el tema en la misma Constitución.

El congresista Alejandro Muñante (Renovación Popular) explicó que el solo hecho de que provenga de un mecanismo de participación ciudadana implica que hay un sector importante de peruanos que está esperando que una reforma de este tipo de lleve a cabo. Y que esta debe ser atendida y analizada en la próxima legislatura.

“Por nuestra parte, no hemos revisado los pormenores de la propuesta, pero creo que en su momento obedeció a una necesidad de poder garantizar las inversiones y la democracia en nuestro país. Estábamos viviendo un tenso momento en donde se estaban impulsando asambleas constituyentes, algo que evidentemente iba a generar una destrucción de la democracia, inseguridad jurídica y un espasmo de inversiones. Y hubo un grupo de ciudadanos que decidieron emprender la batalla en contrario y ese es el resultado”, mencionó.

Explicó que en Renovación Popular “estamos propensos” a respaldar el proyecto, “pero igual vamos a tener que evaluar cuán pertinente es” luego de las modificaciones que ya se efectuaron. “Pero nosotros estamos en la línea de que nuestro país no puede caer en el juego de una asamblea constituyente lo cual sería completamente nocivo para el desarrollo de nuestro país”, remarcó.

“Sí lo apoyaré”, dijo, por su parte, el congresista de Jorge Montoya (Honor y Democracia). Apuntó que significaría “un sello para que definitivamente no se pueda modificar la Constitución a través de una asamblea constituyente, que es lo que ha estado buscando la izquierda permanente” pese a sus efectos jurídicos. Apuntó que, debido a los plazos, el actual Congreso podría empezar la discusión y en la próxima gestión aprobarse.

El abogado constitucionalista Erick Urbina dijo a este Diario que sí sería posible una reforma constitucional de esta naturaleza. “Sería una cláusula pétrea, como también existen en otros países. Pero ello tampoco asegura al 100% que una sociedad, en un mediano o largo plazo, decida cambiarlo. Esta disposición podría ser susceptible [también] de una reforma”, precisó.

Explicó que todas las constituciones han tenido siempre “una vocación de permanencia en el tiempo”. Y que, si bien el artículo 34 de la Constitución establece que se puede someter a referéndum la reforma parcial o total, el Tribunal Constitucional ya estableció que se habla de esta última “cuando se toca el núcleo duro, pero no para cambiar de Constitución”. Por ejemplo, la estructura del gobierno.

Por su parte, Heber Joel Campos, abogado constitucionalista, consideró que en términos estrictamente jurídicos la propuesta “no es viable”. Ello pues vulnera el principio de “autogobierno popular”, un principio medular de nuestro marco jurídico y que se traduce en que el puedo puede decidir cómo desea organizar su convivencia de forma libre y soberana.

Comentó que, si bien la Constitución vigente prevé un mecanismo para la reforma, este solo hace referencia a una parcial y no total. Esto último no está normado. “En nuestra tradición constitucional, ninguna Constitución se ha cambiado con base en las reglas previstas por su predecesora. Por tanto, establecer una iniciativa como esta, desde mi punto de vista, atenta contra una de las cláusulas intangibles de la Constitución”, afirmó.

“Lo anterior, sin embargo, no implica, en lo absoluto, avalar cualquier iniciativa o propuesta tendiente al cambio de la Constitución. Las constituciones no se cambian por imposición de ningún sector o grupo especifico. Son expresión de un momento constituyente”, agregó.