Una comparación de la planilla del Congreso en el último quinquenio permite determinar que el actual período 2021-2022 ha regresado a los niveles de sobrepoblación de personal alcanzados en la gestión disuelta 2016-2019. A la fecha, en promedio, existen 23 trabajadores por cada uno de los 130 parlamentarios.
La Unidad de Periodismo de Datos de El Comercio revisó la planilla congresal (sin tomar en cuenta pensionistas, Parlamento Andino y personal de expresidentes) que llegaba a casi 3.000 trabajadores en octubre (el Congreso transparenta sus planillas con un mes de retraso). En la larga lista se detectan dependencias con más de cien trabajadores, otras con apenas un solo trabajador o aquellas donde “profesionales” ganan más que el jefe, entre otros aspectos.
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Cada congresista puede contratar a siete personas en su despacho. Además, a sus bancadas les corresponde una planilla, y de la misma forma si se es presidente de una comisión.
Es decir, si un congresista es vocero de bancada y presidente de comisión, puede llegar a disponer la contratación de hasta 17 personas. Si es legislador y miembro de la Mesa Directiva, puede contratar a más de 20 personas.
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Dos datos llaman la atención: se ha incrementado el número de trabajadores por bancada y se ha incrementado el número de asesores para la Mesa Directiva. Esto último viene del período pasado donde, si bien se eliminaron dependencias adscritas, se aumentaron las plazas directas para no perder la cantidad total.
A esto habría que añadir que el personal del Parlamento cuenta con beneficios que no se ven en otros lados: se les paga un sueldo adicional anual por el concepto de vacaciones, recién un bono salarial extra, se les paga alimentación mensual, y reciben escolaridad (incluidos los que no tienen hijos).
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Para el 2022, el Congreso demandó un incremento de presupuesto de 260 millones de soles respecto a lo asignado por el Ministerio de Economía. El 55% del monto adicional aprobado corresponde al pago de salarios. ¿A qué se debe el incremento? Una parte son los convenios colectivos, y otra tiene que ver con que el Parlamento eliminó el régimen CAS y todas esas plazas pasan al régimen 728. Esto último se aprobó sin esperar el fallo del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucional la ley que habilitaba la eliminación del régimen CAS.
Cabe anotar que el presupuesto del personal seguirá incrementándose porque aún no se terminan de instalar -y contratar personal- las comisiones extraordinarias de este periodo. Tal como reveló este Diario, la creación de estos grupos ya batió récord.
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Problema de fondo
Para el especialista en temas parlamentarios Martin Cabrera, el problema radica en la modalidad de contratación, donde la discrecionalidad para contratar cargos de confianza prevalece.
“Esto provoca que las unidades orgánicas no contraten a la gente que se debe”, dijo Cabrera.
El consultor del Grupo de Análisis Político 50+1 también explicó que estructuralmente existe el servicio parlamentario y la organización parlamentaria, y esta última es una suerte de régimen especial que hace posible que el congresista contrate priorizando la confianza antes que lo técnico.
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Ante ello, aseguró que se debería realizar una nueva revisión de los perfiles y una adecuación del mapa de procesos legislativos.
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