Doce investigaciones en su contra registra Juan José Santiváñez, flamante ministro de Justicia ¿cuáles son y qué diligencias vienen?

La decisión de Boluarte llegó después de que el Tribunal Constitucional (TC) emitiera una sentencia ordenando suspender las pesquisas en contra Boluarte hasta que concluya su mandato el 28 de julio del 2026; y donde, incluso, cuestionó la actuación del Ministerio Público y el Poder Judicial (PJ) respecto al allanamiento que se realizó en la vivienda de la mandataria en el “Caso Rolex”, en marzo del 2024.

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Un mes y medio después, Santiváñez asumió el cargo de Ministro del Interior y firmó la resolución que pasaba al retiro “por renovación de cuadros” al coronel PNP, Harvey Colchado, líder del equipo policial que había apoyado en el allanamiento a la casa de la mandataria.

Luego de un año de asumir dicho cargo, Santiváñez fue censurado por el Congreso por su “manifiesta incapacidad” para desempeñar el cargo en la lucha contra la inseguridad ciudadana y el crimen.

Ahora, con el respaldo de la resolución emitida por el TC, Boluarte decidió traer de nuevo a su más ferviente defensor, a quien conservó a su lado designándolo como jefe de una oficina creada al interior del Despacho Presidencial tras su censura.

Boluarte y Santiváñez incluso se encuentran inmersos en la misma investigación por el “Caso Cofre”, que fue denunciado por la Fiscalía de la Nación ante el Congreso, en mayo del 2025.

El ahora titular del sector Justicia y Derechos Humanos debe afrontar diversas investigaciones por presunta corrupción, abuso de autoridad, y otros.

De acuerdo a la declaración jurada presentada por el propio Juan José Santiváñez, conforme a la Ley 29158, el ahora ministro de Justicia registra 12 carpetas fiscales en su contra que actualmente se encuentran “en trámite”.

Como se recuerda, dicha información se registra con la finalidad de determinar si la persona, que asumirá el cargo de ministro o viceministro, cumple con los requisitos.

Santiváñez, de acuerdo a su propia declaración, registra 12 investigaciones activas, en algunos casos se le investiga por delitos graves. Pese a ello, la presidenta Dina Boluarte lo designó en la cartera del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Según el documento, desde el 2024 arrastra cuatro investigaciones por presunto abuso de autoridad, negociación incompatible y encubrimiento personal.

Mientras que, en este año se le abrieron otras ocho carpetas fiscales, donde es investigado por los presuntos delitos de lavado de activos, interceptación, tráfico de influencias, negociación incompatible, omisión de consignar declaración-información, y malversación de fondos.

“Todas las investigaciones iniciaron en el ejercicio del cargo de ministro del Interior”, señaló Santiváñez en su declaración jurada, fechada el 22 de agosto. Esto, un día antes de volver a formar parte del gabinete ministerial, presidido por Eduardo Arana.

Estas son las investigaciones que consigna Santiváñez:

Uno de los casos que se encuentra en giro es la investigación que se le sigue a Juan José Santiváñez, por el presunto delito de abuso de autoridad en agravio del capitán PNP Junior Augusto Izquierdo Yarlequé, conocido como el “agente Culebra”.

Se le imputa haber usado su cargo como exministro del Interior a fin de que una dependencia de la Policía Nacional inicie un proceso disciplinario contra el referido efectivo policial.

Dicha acción habría sido parte de las presuntas represalias luego de difundirse diversos audios que Santiváñez, supuestamente, habría enviado a Izquierdo, indicando que la PNP protegía al prófugo Vladimir Cerrón, y también acciones contra la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad-Diviac.

Pese a que el Poder Judicial autorizó el levantamiento de las comunicaciones sobre las grabaciones de los audios, y la fiscalía dispuso que se realice un peritaje de voz en mayo, Santiváñez no acudió a ninguna de las citaciones. Además, negó en reiteradas oportunidades ser uno de los interlocutores.

En junio del 2025, Santivañez solicitó un control de plazo a fin de que concluya la etapa de investigación. Sin embargo, esto fue desestimado por el Poder Judicial ese mismo mes, y otorgó un plazo de 90 días para que se realicen las diligencias sobre los audios contenidos en una grabadora.

Santivañez y su defensa fueron citados por la Fiscalía para el 2 de julio del 2025, a fin de llevar a cabo la diligencia de “transcripción e impresión del contenido relevante del dispositivo denominado “Digital Voice Recorde”.

Incluso, ese mismo 1 de julio, el PJ emitió una resolución reiterando que el caso se encontraba vigente para realizar las diligencias sobre los audios contenidos en la grabadora entregada por Junior Izquierdo y que dicho plazo recién vencía el 5 de setiembre del 2025.

José Carlos Mejía, abogado de Izquierdo Yarlaqué, dijo a El Comercio que Santiváñez no ha querido “someterse a la justicia y ha desobedecido incluso a una resolución judicial que establecía que el plazo se encontraba vigente para realizar las diligencias sobre los audios”.

De acuerdo al abogado, pese a la negativa del ahora ministro de pasar por un análisis fonético, la oficina especializada del Ministerio Público se encuentra ya avanzado con el peritaje.

Para ello, explicó, se han tomado muestras de su voz cuando Santivañez acudió al Congreso de la República en su calidad de ministro y cuyos videos fueron enviados por el Parlamento a la fiscalía.

“Esperamos que la oficina de peritaje concluya esta o la otra semana, porque el Congreso de la República, una comisión, ha enviado videos donde ha participado el señor y también se ha tomado videos de YouTube. Sin embargo, cómo se puede nombrar como ministro a una persona que desobedece, porque han dicho por escrito que no iban a ir a la diligencia. ¿Cómo investigado, que es abogado, decirle al fiscal que lo ha llamado que no irá porque para él el plazo está vencido, a pesar de una orden judicial que me ha aclarado que la investigación es hasta el 5 de setiembre?”

José Carlos Mejía, abogado de Izquierdo Yarlaqué

Una vez que concluya el plazo y el Ministerio Público cuente con todos los informes, peritajes y documentos que solicitado, deberá decidir si formaliza o no una denuncia constitucional en contra de Santiváñez.

El ahora ministro de Justicia ha presentado una apelación por este caso que se encuentra a esperas de ser resuelto en la Sala Penal Permanente.

Otro de los casos en curso, pero donde Santiváñez Antúnez ya solicitó que se concluya con la etapa de investigación, es el que se le sigue por el presunto delito de negociación incompatible.

El caso se vincula a la designación de Anatoly Renán Bedriñana Córdova, quien fue cliente del estudio jurídico de Santiváñez cuando este ejercía como abogado. Posteriormente, ingresó como funcionario del Ministerio y hasta fue designado secretario general del Ministerio del Interior.

De acuerdo a una denuncia de Punto Final, Santiváñez asumió su caso en 2021, cuando interpuso un recurso de nulidad ante el Poder Judicial luego de que Bedriñana fuese condenado por usurpación. El recurso presentado por el entonces abogado Santiváñez no prosperó.

Sin embargo, luego fue nuevamente contratado por Bedriñana para que sea su abogado en el caso Puente Tarata, vinculado a hechos irregulares en el Ministerio de Transporte (MTC) cuando se encontraba el prófugo exministro Juan Silva.

Cuando Santiváñez ingresó como viceministro de Orden Interno del Ministerio del Interior, en abril del 2024, lo hizo también Bedriñana Córdova como consultor FAG en el viceministerio de Seguridad Pública.

Luego, en diciembre del 2024, cuando Santiváñez ya ejercía como ministro del Interior, designó a su excliente en el cargo de secretario general del Mininter.

La Fiscalía de la Nación abrió una investigación en contra de Santiváñez por estos hechos.

Sin embargo, el pasado 7 de agosto, Santiváñez solicitó al Poder Judicial que ordene a la fiscalía concluir con las “diligencias preliminares y dicte la disposición correspondiente”. Esto es que archive la investigación o proceda a emitir una denuncia constitucional.

De acuerdo a la resolución judicial, el ahora ministro de Justicia amparó su pedido en los artículos I del Título Preliminar y 334 inciso 2 del Código Procesal Penal.

“2. El plazo de las diligencias preliminares, conforme al artículo 3, es de sesenta días, salvo que se produzca la detención de una persona. No obstante, ello, el fiscal podrá fijar un plazo distinto según las características, complejidad y circunstancias de los hechos objeto de investigación. Quien se considere afectado por una excesiva duración de las diligencias preliminares, solicitará al fiscal le dé término y dicte la disposición que corresponda. Si el fiscal no acepta la solicitud del afectado o fija un plazo irrazonable, este último podrá acudir al juez de la investigación preparatoria en el plazo de cinco días instando su pronunciamiento. El juez resolverá previa audiencia, con la participación del fiscal y del solicitante.”

Artículo 334° inciso 2 del Código Procesal Penal.

El juez supremo de investigación preparatoria, Juan Carlos Checkley, dispuso fijar la audiencia donde evaluará el pedido de Santiváñez para este 1 de setiembre a las 9:30 de la mañana.

Otro de los procesos que tendrá que iniciarse es el referido a la denuncia constitucional que presentó el Ministerio Público en contra de Juan José Santiváñez, por el denominado Caso “Cofre”.

Como se recuerda, en mayo, la Fiscalía de la Nación presentó ante el Congreso de la República la denuncia contra la presidenta Dina Boluarte y contra el entonces ministro del Interior, Juan José Santiváñez, por la fuga de Vladimir Cerrón, fundador de Perú Libre.

La mandataria fue denunciada por el supuesto delito de encubrimiento personal por, presuntamente, haber facilitado la fuga de Cerrón. Mientras que Santiváñez por presunta omisión de denuncia, por presuntamente haber conocido sobre los hechos y no haberlos puestos en conocimiento de la autoridad.

Debido a la sentencia del Tribunal Constitucional (TC), el extremo referido a Boluarte quedará suspendido hasta que concluya su gestión presidencial en julio del 2026.

Sin embargo, tal como lo señala la misma sentencia del TC, sobre las personas que hayan sido vinculadas a los presuntos hechos ilícitos junto a la mandataria (familiares, servidores y funcionarios) estos podrán seguir siendo investigados por parte del Ministerio Público sin limitaciones.

“Cuando se inicia una investigación penal en contra de las personas que formen parte del entorno del presidente de la república ―que podría comprender a familiares, servidores y funcionarios― y se encuentren vinculados a la presunta comisión de un delito Al respecto, en opinión de este Colegiado, si bien la Presidencia de la República ostenta la especial protección constitucional que deriva de la precitada disposición constitucional, y por ello, la persecución penal en su contra se encuentra limitada, no obstante, su entorno sí puede ser materia de investigación por parte del Ministerio Público.”

Tribunal Constitucional

Debido a ello, si bien la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso podrá suspender el proceso contra Boluarte, no correspondería con Santiváñez Antúnez.

Así lo señaló el abogado penalista Miguel Reyes, quien señaló que la sentencia del Tribunal Constitucional ha reforzado que los altos funcionarios deben pasar por un procedimiento parlamentario antes de que pueda continuarse con la siguiente etapa de la investigación.

De acuerdo al especialista, si bien el extremo referido a Boluarte se tiene que suspender, lo relacionado con Santiváñez tiene que seguir el trámite parlamentario por su condición de aforado o alto funcionario.

Lo que puede hacer la fiscalía, señaló, es pedir al Congreso que resuelva el caso del exministro del Interior a fin de poder tener la aprobación parlamentaria para formalizar la investigación preparatoria en su contra.

Reyes no descartó un escenario en el que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales pueda alegar que “por unidad de la investigación” y decida esperar a julio del 2026 para continuar la denuncia tanto de Boluarte como la de Santiváñez, “al ser un solo caso”.

“Allí entra el componente político y hay que ver cómo es que la comisión se va a querer mover, porque ellos podrían decir: como los dos están íntimamente vinculados en este caso, están atados; por un tema de unidad de la investigación, y si se declara fundado el pedido para que se siga solo en el caso del señor Santiváñez, entonces vamos a tener un problema con el tema de la señora Boluarte. No se olvide que la potestad de resolver el tema del antejuicio es única y exclusivamente del Congreso. Pero si ellos determinan que no se afectará a la investigación el que se le procese a Santiváñez y después se le procese a Boluarte cuando acabe su mandato, pueden perfectamente resolver. Todo va a depender de cómo se haya planteado (la denuncia).”

Miguel Reyes, abogado especialista en derecho penal.

Finalmente, el abogado precisó que si se resuelve continuar con el proceso parlamentario en el caso de Santiváñez, entonces este contará también con su derecho de defensa en sede congresal.

Santiváñez tambien viene siendo investigado por presunto delito de tráfico de influencias en su condición de abogado, asesor del Mininter, viceministro de Orden Interno y ministro de Estado, entre el 2021 al 2024.

En este caso, el actual ministro de Justicia fue vinculado a un presunto tráfico de influencias con funcionarios del Tribunal Constitucional (TC) a fin de poder tener un fallo favorable en un proceso que buscaba anular la sentencia de Miguel Marcelo Salirrosas.

Testigos vinculados a dicho procesado denunciaron haber entregado US$ 20 mil, además de los honorarios del entonces abogado ascendente a S/20 mil, para que pueda ser usado a fin de influir en quienes estaban a cargo del caso en el TC.

Los testigos protegidos entregaron documentos, vouchers, audios y conversaciones de Whatsapp obtenidos por la fiscalía.

Y, por este caso, el Poder Judicial dictó impedimento de salida del país por el plazo de 18 meses, al concluir que el investigado podría fugar del país y eludir la acción de la justicia.

La sala suprema estableció que el estudio de abogados dirigido por Santiváñez tenía sedes en países extranjeros como Chile y México. Además, remarcó que la gravedad de la pena a la que podría ser condenado en este caso, 12 años aproximadamente, incrementa el riesgo de que busque eludir a la autoridad.

“Los elementos probatorios antes citados y valorados conjuntamente, aunado al hecho de una prognosis de agravación de la pena por los tres hechos investigados, y además considerando la capacidad económica del investigado en consonancia con la existencia de los locales de su estudio jurídico en el extranjero, permiten a esta Sala Suprema evidenciar que sí existe peligro procesal de que el investigado (Juan José) Santiváñez Antúnez pueda rehuir a la acción de la justicia.”

Sala Penal Permanente de la Corte Suprema

El Comercio solicitó al Ministerio de Justicia poder conocer la versión de Juan José Santiváñez, pero hasta el cierre de este informe no se pronunciaron.

También solicitamos la versión del Estudio Caro, que asume diversos casos seguidos en contra de Santiváñez, pero señalaron que consultarían con los abogados a cargo de los casos y hasta el cierre no brindaron declaraciones.

Stefano Miranda, quien asume la defensa de Santiváñez en tres investigaciones penales y una demanda en sede judicial constitucional, señaló que su patrocinado no ha cometido ningún acto ilícito y que las diligencias han ido aclarando las cosas.

Sobre la investigación de la carpeta fiscal 33-2025, donde se investiga el presunto tráfico de influencias por la designación de oficiales de la Policía en las diversas agregadurías de las embajadas del Perú en el extranjero, el abogado adujo que su patrocinado no tiene relación directa.

Aseguró que dichas designaciones se realizaban por un comité de la Policía y que en sus declaraciones dichos efectivos han negado la participación de Santiváñez e, incluso, de la mandataria Dina Boluarte.

Respecto a la carpeta 1358-2025 por presunta interceptación de parte de Santiváñez a los periodistas de Cuarto Poder, aseguró que ya se ha esclarecido cómo su patrocinado accedió a la información sobre un reportaje periodístico y que ello lo exime de responsabilidad.

Por ello, anunció que interpondrán un recurso de “acción de improcedencia de acción” con la finalidad de archivar el caso.

“Yo tengo mucha confianza de los casos que tengo, porque de acuerdo a mi experiencia hago un análisis preliminar y aquí se ve claramente que no hay ninguna acción de mi cliente y no hubo ninguna interceptación”

Stefano Miranda, abogado de Juan José Santiváñez

Finalmente, Miranda anunció que presentarán un recurso de “agravio constitucional” a fin de que el Tribunal Constitucional (TC) revise el recurso de habeas corpus a favor de Santivañez, donde se cuestiona una presunta detención del ahora ministro en el marco de su investigación por presunto tráfico de influencias. Como se recuerda, en marzo del 2025 se realizó un allanamiento por este caso.

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