La era Boluarte: El 60% de altos funcionarios del Ejecutivo trabajaron en la gestión de Pedro Castillo

Menos de un mes después de haber asumido las riendas del país, en la gestión liderada por Boluarte predominan los perfiles técnicos, aunque se mantiene un número elevado de funcionarios que laboraron en la era Castillo.

Newsletter Mientras Tanto

Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

Recíbelo

LEE TAMBIÉN: Profesores abusadores: sentenciados e investigados no tienen impedimento para enseñar

ECData realizó una radiografía de los altos funcionarios del Ejecutivo en el 2023, que incluye antecedentes, experiencia, estudios, militancia, entre otros. De estos, el 60% se desempeñó en el mismo puesto u otro cargo público durante el gobierno de Castillo Terrones. Se trata de 9 de los actuales ministros, 24 viceministros y 11 secretarios generales. En el despacho presidencial -oficina liderada por Boluarte- el 87% de los miembros actuales fue nombrado en el mandato castillista.

Karla Gaviño, profesora de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, explica que la situación en la cual el gobierno de Boluarte ha recibido el aparato público amerita una revisión de la capacidad de los funcionarios para hacer frente a los retos del Estado. “El país necesita ver liderazgos claros, sólidos manejos políticos y también técnicos, por ello, es recomendable contar con funcionarios que generen confianza”, dice.

Fernando Cáceres, director ejecutivo de Síntesis Consultoría, precisa que no todos aquellos que laboraron en la gestión Castillo deben ser retirados, pues en muchos casos se trata de funcionarios de carrera con experiencia. “Se tiene que proteger ese capital humano y sacar a los que no cumplen las condiciones mínimas”, señala.

El 25% del total de altos funcionarios fue hallado responsable por la Contraloría General de la República de presuntas irregularidades entre el 2017 y el 2022. Entre ellos se encuentran cuatro ministros: Jorge Chávez (Defensa), Paola Lazarte (Transportes y Comunicaciones), Leslie Urteaga (Cultura) y Julio Demartini (Desarrollo e Inclusión Social).

Así mismo, se encuentran los casos del primer ministro, Alberto Otárola, quien nofue abogado de Dina Boluarte ante la denuncia por presunta infracción constitucional en el Congreso; el ministro de Educación, Óscar Becerra, quien fue acusado de avalar la compra con sobrecostos de laptops durante el gobierno de Alan García; o la ministra de Desarrollo Agrario y Riego, Nelly Paredes, quien tiene una denuncia por aprovechamiento indebido del cargo.

Karla Gaviño menciona que los retos que afronta el nuevo gobierno requieren un aparato público preparado para hacerle frente. “Difícilmente podremos hablar de logros o avances significativos en la reducción de las desigualdades sociales si es que los funcionarios que tienen a su cargo las prestaciones del Estado carecen de idoneidad o no cuentan con las competencias necesarias”, asegura.

Por otro lado, el 94% de altos funcionarios tiene experiencia en el estado. En el caso del gabinete ministerial liderado por Alberto Otárola ha primado el criterio técnico: los 19 ministros tienen experiencia en el sector público y todos, salvo el premier, tienen experiencia en el sector que lideran.

Cáceres apunta que, si bien el perfil técnico en el gabinete es deseable, el manejo político es indispensable para afrontar la actual crisis.

“Con excepción de casos puntuales, en el balance el perfil de los ministros es bueno. Ahora, hay que verlos en la cancha, si es que funcionan de manera coordinada”, indica.

Gaviño, por su parte, enfatiza en la importancia del rol viceministerial y la idoneidad que el cargo requiere para empujar las políticas públicas necesarias para cerrar brechas.

“Los viceministros son fundamentales para dar forma y empuje a las políticas públicas. Ellos deben velar por la calidad técnica en la materia sectorial que le corresponde, sin descuidar elementos políticos y sociales. Su capacidad de articulación con distintos actores debe ser sólida”, recalca.

Gaviño sostiene que, en medio de la crisis sociopolítica que atraviesa el país, son varios los retos que afronta la gestión Boluarte. No obstante, señala que para lograr cualquier objetivo lo principal es conseguir estabilidad social y política, y, junto con ello, estabilidad jurídica y económica, elementos clave para poder construir políticas públicas adecuadas.

“Un gobierno que no logre conseguir estabilidad en los distintos frentes, difícilmente podrá concentrarse en temas pendientes por resolver en el país en materia de salud, en el inicio adecuado del año escolar en el 2023, en las sequías, en la potencial escasez del agua, en levantar la economía o procurar la reactivación de la inversión privada y la inversión pública de calidad”, advierte.