El 30 de setiembre del 2019, el presidente Martín Vizcarra anunció una decisión que cambiaría el rumbo de la historia política del país: la disolución del Congreso de la República El motivo, según el Gobierno, era que el Parlamento había nombrado a un magistrado del Tribunal Constitucional (TC) a pesar de la cuestión de confianza que el Ejecutivo había planteado sobre el mecanismo de elección de sus integrantes.
El 30 de setiembre del 2019, el presidente Martín Vizcarra anunció una decisión que cambiaría el rumbo de la historia política del país: la disolución del Congreso de la República El motivo, según el Gobierno, era que el Parlamento había nombrado a un magistrado del Tribunal Constitucional (TC) a pesar de la cuestión de confianza que el Ejecutivo había planteado sobre el mecanismo de elección de sus integrantes.
El lunes por la noche, la Comisión Especial encargada del proceso de selección de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional (TC) pospuso para este martes 22 la votación de un anteproyecto de reglamento que contendrá los criterios de calificación de los postulantes.
Actualmente, seis de los siete vocales tienen un año y tres meses con el mandato vencido. Y, a siete meses de las elecciones generales del 2021, el Congreso se alista para escoger a sus reemplazos. Según la última encuesta de El Comercio-Ipsos, el 49% de los peruanos cree que esta tarea debería recaer en manos del próximo Parlamento, mientras que el 28% considera que debe hacerlo el Congreso actual. El sondeo –vale aclarar– se realizó los días 9 y 10 de setiembre, antes de la crisis política desatada a raíz de la difusión de los audios que comprometen al presidente Vizcarra con el Caso Richard Swing y el posterior pedido de vacancia en su contra.
Dos más dos no son cuatro
La polémica elección de Gonzalo Ortiz de Zevallos como magistrado del TC en setiembre pasado se sumó a otras controversias que venían, por años, acompañando los procesos de elección de vocales, como la repartija, en el 2013.
Lo cierto, sin embargo, es que aunque con el nuevo método se evalúe a los candidatos sobre la base de criterios objetivos, quienes integren la nómina deben obtener 87 votos en el pleno para ser nombrados, independientemente de su desempeño en el concurso.
“Todos me odian cuando digo esto, pero eso de que va a ser un concurso meritocrático es tan falso como la información que dio el ministro del Interior sobre el Thomas Restobar en Los Olivos”, dijo a El Comercio a inicios de setiembre Diethell Columbus, miembro de la Comisión Especial. Ello debido a que la ley no dispone que quienes mejor puntaje obtengan sean, efectivamente, elegidos como magistrados.
De hecho, en el pasado, las designaciones por concurso no han sido impermeables al juego político. En el 2010, Óscar Urviola Hani se convirtió en el último tribuno del TC en ser nombrado vía concurso público. Pese a que la elección se declaró prioridad en el Congreso, este tardó tres meses en realizarla debido a una falta de consenso para alcanzar los votos que se requerían para nombrar a los vocales.
“En otro tipo de escenarios hubiese ocurrido siguiéndose a pie juntillas el orden de mérito fijado. Pero en el Congreso no necesariamente dos más dos son cuatro. Aquí prima el criterio político y este factor es el que manda”, escribió en El Comercio en aquel entonces el periodista Jorge Saldaña.
Finalmente, Urviola fue el único que obtuvo el respaldo requerido en el pleno. Núñez, que había obtenido el primer puesto en la evaluación de la comisión calificadora, no pasó la valla de los votos.
Luis Humberto Falla, excongresista que presidió la comisión encargada de la evaluación y selección de candidatos en aquel entonces, asegura que si bien es “imposible que el proceso sea apolítico”, la actual comisión seleccionadora debe hacer todos los esfuerzos necesarios para evitar una “democracia aritmética”, en la que lo único que cuenta son, finalmente, los votos en el pleno.
Más datos:
El TC tiene pendiente resolver la demanda de inconstitucionalidad que el Gobierno presentó contra la ley que permite la devolución de aportes de la ONP.
Deberá pronunciarse también sobre la demanda competencial interpuesta por el Ejecutivo a raíz de la moción de vacancia contra el presidente Martín Vizcarra que se presentó en el Congreso.
Actualmente, el único magistrado del TC con el mandato vigente es Augusto Ferrero Costa, elegido en agosto del 2017
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