La reforma de justicia: ¿Qué acciones se esperan del próximo gobierno?

El próximo gobierno, ya sea encabezado por Pedro Castillo (Perú Libre) o Keiko Fujimori (Fuerza Popular) deberá mostrar no solo el respeto institucional al sistema de justicia, sino también buscar su fortalecimiento como primera y principal acción en este sector.

Así lo indicaron a El Comercio especialistas como el exfiscal supremo Víctor Cubas Villanueva, los abogados Andy Carrión y Rafaél Sánchez, y el expresidente de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política (CAN), Fernando Tuesta.

¿Qué acciones o medidas urgentes debe aplicarse desde el Poder Ejecutivo para fortalecer el sistema de justicia y lucha anticorrupción? ¿Es posible avanzar?

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Se puede avanzar, ejemplos concretos

El exfiscal supremo Víctor Cubas Villanueva considera que, en la actualidad, sí hemos dado pasos en lo que se refiere a la administración de justicia y que los casos como Lava Jato y Los Cuellos Blancos del Puerto, lo demuestran objetivamente. Sin embargo, agrega, “no hemos avanzado lo necesario”.

“Hemos superado cantidad de obstáculos para llevar adelante investigaciones como Lava Jato y Los Cuellos Blancos; sin embargo, el primer opositor fue el Congreso de la República, blindando a algunos investigados y el Poder Ejecutivo, por su lado, que no le asigna los recursos al Ministerio Público y al Poder Judicial, para poder desempeñar sus funciones como deberían”, remarca.

Advierte que al poder político no le conviene tener una justicia totalmente independiente; y remarcó que pese a los avances también se ha hecho evidente el incremento del crimen organizado en nuestro país, desde corrupción, tala ilegal, narcotráfico minería ilegal, entre otros.

“Quien salga elegido en la presidencia de la República, tiene que comprometerse a respetar los fueros institucionales, a fortalecer y consolidar la reforma procesal penal; y, en general, la reforma del sistema de justicia, pues la administración de justicia no depende solo del Ministerio Público o del Poder Judicial, se trata de una política de Estado en la que todos los órganos del estado deben contribuir”, expresó.

En esa línea sostuvo que las medidas primordiales es que el Legislativo pueda emitir las leyes necesarias y el Ejecutivo otorgue el presupuesto a las instituciones de administración de justicia para que puedan resolver los casos en los plazos razonables.

“Se requiere que el Estado respete la autonomía del Ministerio Público y que respete la independencia del Poder Judicial, los fueros institucionales; que se comprometa sobre todo a respetar los mandatos de la Constitución respecto a la organización del Ministerio Público y del Poder Judicial”, remarcó.

Cubas Villanuevas puntualizó que el próximo gobierno impulsar y respetar la continuidad de la aplicación del Nuevo Código Procesal Penal (NCPP), que es uno de los instrumentos más importantes de la administración de justicia.

Este mecanismo, que comenzó en Huaura en julio del 2006, dice el exfiscal supremo, fue demorado por responsabilidad del poder político. Remarcó que este intrumento desarrolla las normas constitucionales que crean el Ministerio Público como órgano autónomo, los derechos fundamentales de las personas previstos en el articulo 1 y 2 de la Constitución y las garantías procesales contempladas en los artículos 138 y 139 de la carta magna.

Pero, además, el NCPP contiene el desarrollo de las normas estipuladas en tratados internacionales de los Derechos Humanos, por tanto -agrega- debe ser respetado.

“Es un instrumento procesal importante que establece que la investigación está en manos del Ministerio Público, que los jueces se desempeñen como jueces de garantía y control. Además, permite investigar en tiempos establecidos, aplicar salidas alternativas como acuerdos reparatorios, aplicar mecanismos de simplificación procesal y concluir procesos más rápidos”, indicó Cubas Villanuevas.

Advirtió que cualquier cambio que reste la independencia de las investigaciones sería un retroceso para la administración de justicia.

“Todo tiene diagnóstico, pero medidas cero”

El profesor en derecho y exasesor externo de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN), Andy Carrión, consideró que sí se puede realizar una reforma del sistema de justicia óptimo, siempre que “quien corta la carne”, es decir el Poder Ejecutivo, tenga la voluntad.

En esa línea, consideró que uno de los aspectos principales del nuevo gobierno, deberá ser el forlecimiento de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) como uno de los pilares para dotar de buenos elementos a la administración de justicia.

Recordó que dicho organismo nació a razón de la desactivación del Consejo Nacional de la Magistratura cuyo descrédito se evidenció no solo en los malos jueces y fiscales, sino también en quienes los nombraban.

“Entonces, un primer punto es fortalecer la Junta Nacional del Justicia, porque de allí parte todo. Ellos, ahora, estuvieron purificando un poco el Poder Judicial y el Ministerio Público, al extirpar a Tomas Gálvez, Pedro Chávarry, Martín Hurtado, y otros”, dijo.

Según Carrión, este fortalecimiento pasa por otorgarle la logística necesaria a la JNJ para procesar a todos los casos que tienen a mano. Recordó que, tras el inicio de sus funciones en enero del 2020, pasó más de un año para que puedan destituir a jueces y fiscales supremos vinculados con el caso los Cuellos Blancos del Puerto.

Y si bien la pandemia mundial dificultó su trabajo, consideró que ahora se hace evidente la falta de logística, pues además de los procesos disciplinarios, la JNJ tiene pendiente la ratificación de magistrados y procesos pendiente dejados por el ex Consejo Nacional de la Magistratura.

Otro aspecto, advirtió, es que la JNJ también debe nombrar a jueces y fiscales titulares a fin de se garantice la independencia en la justicia. Y ello, reiteró, pasa por más logística y eso se traduce en presupuesto.

“Segundo lugar, es que nombrar a jueces y fiscales titulares, porque no se trata de descabezar la administración de justicia. Si no que, paralelamente ir estudiando expedientes de las nuevas convocatorias para la designación. Es decir, sacas a dos o tres y por lo menos, en paralelo, nombrar a dos. Esa debería ser la vorágine del ritmo de la junta y no está sucediendo al día de hoy”, consideró,

“Toda la vida nos hemos pasado quedándonos en ese nivel, una nueva comisión, un nuevo diagnóstico, pero casi nunca pasan a los hechos. Eso es un problema fundamental que, como dice usted, pasa por la proactividad política, una voluntad política de cambio”.

También explicó que se debe fortalecer los sistemas de prevención anticorrupción, tanto en el Poder Judicial como en el Ministerio Público. Recordó que en el año 2017 se trató de implementar un “compliance” anticorrupción en los sistemas de control del PJ, pero no ha concluido.

“Toda la vida nos hemos pasado quedándonos en ese nivel, una nueva comisión, un nuevo diagnóstico, pero casi nunca pasan a los hechos. Eso es un problema fundamental que, como dice usted, pasa por la proactividad política, una voluntad política de cambio”, señaló.

Carrión Zenteno recordó que cuando se desempeñó como asesor externo de la CAN esta realizó un informe sobre las políticas a implementar en el sistema de justicia, pero “allí quedó”. Incluso, algunos organismos, no les parecía los cambios e hicieron sus propias propuestas.

“Como científico, profesor y litigante, estamos hartos de diagnósticos, todos dicen que hay corrupción en el Poder Judicial ¿verdad? Los diagnósticos están hechos, el problema es que cada gobierno que entra o gobierno en el Poder Judicial, quiere hacer su propio diagnóstico y se pasan los dos años así y nunca toman una medida concreta”, cuestionó.

Según Carrión se ha gastado millones en realizar diagnósticos a través de los años y el cambio se dará cuando alguien decide que en dos meses se unifiquen todas las recomendaciones de diagnósticos que se han hecho y al tercer mes comience a implementar las medidas.

“El Ceriajus (Comisión Especial para la Reforma Integral de la Administración de Justicia) fue otro sistema que mando informes de diagnósticos, hasta ONGs han planteado informes por rubros. Todo tiene diagnóstico, pero medidas cero”, concluyó.

Fortalecer en lugar de inventar procesos

Por su parte, el constitucionalista Rafael Sánchez, sostuvo que la reforma de justicia ya estaría pasando “a ser casi un mito de la historia republicana del Perú”; pues es un tema recurrente en cada elección y nuevo gobierno, “que se hable de mejoras y de reformas, pero que finalmente no llegan a buen puerto”.

Sostuvo que el nuevo gobierno encontrará un sistema de justicia donde el Poder Judicial está “en plena recuperación de su prestigio y de su institucionalidad”, luego de pasar por años de cuestionamiento a raíz de los audios del caso ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’. Además, de una Junta Nacional de Justicia (JNJ) “que recién está echando a andar como debería, revisando los casos anteriores, los nombramientos, algunos procedimientos disciplinarios pendientes”.

“El sistema de justicia se debe ver más allá del Poder Judicial. Debe ser entendido de manera integral. Es decir, el Poder Judicial, Tribunal Constitucional, a la Junta Nacional de Justicia, la fiscalía, y también tenemos que mirar hacia otros mecanismos de la administración de justicia o solución de controversias que están estrechamente vinculados a la labor judicial que tradicional ofrecemos como es la institución de la conciliación y del arbitraje, entre otras”, consideró.

Según dijo, la reforma de justicia vista por una nueva Comisión Nacional Anticorrupción, “no debería haber nada nuevo bajo el sol, salvo actualizar algunas cuestiones que ya han sido definidas”.

Por ejemplo, rescató el informe emitido por Ceriajus, que implicó un análisis serio y responsable donde se establecieron una serie de recomendaciones importantes en cuanto a organización, reformas de órganos especializados, dotación de presupuestos. Pero que, de dicho análisis, “no se implementó ni el 30%, de las propuestas y se encarpetaron”.

“De nada vale que se creen comisiones, ya sea para la lucha anticorrupción, reforma del sistema judicial o cuestiones vinculadas; si es que no hay compromiso de las instituciones que están vinculadas”, lamentó.

En esa línea, también consideró que no es necesario un “cambio urgente” constitucional en este sector pues “actualmente casi todo está recogido en la Constitución actual, sobre los deberes y funciones en el ámbito jurisdiccional, tanto del Poder Judicial, Tribunal Constitucional y reconocimiento de la justicia consuetudinaria o de la figura del arbitraje”.

“Creo yo que pasa más por la figura de un diseño institucional que pueda ser implementado con desarrollo legislativo, ya sea con leyes o con regulación propia del poder Judicial que tiene in grado de autonomía para crear sus órganos y regularse administrativamente”, anotó.

Cambios a nivel nacional y subnacional

Fernando Tuesta, expresidente de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, consideró que los cambios urgentes ya se han definido y propuesto con anterioridad, incluso en temas de lucha anticorrupción como una política de Estado nacional y subnacional.

Recordó, por ejemplo, que en el 2018, la Comisión para la Reforma de la Justicia, encabezada por Allan Wagner, realizó una serie de propuestas que no se logró implementar a plenitud y ello merece atención.

“Nuestro país requiere en muchos sectores hacer muchas cosas, pero no se puede hacer a la vez, pero ya se había adelantado algunas. Una, por ejemplo, fue la desactivación del Consejo Nacional de la Magistratura y la implementación de la Junta Nacional de Justicia que ha tenido un desempeño bastante aprobatorio en lo que va de su funcionamiento”, explicó.

Sin embargo, resaltó que “hay otras reformas pendientes” sobre todo en política anticorrupción “que son transversales en el Estado” y deben ser lideradas por el Ministerio de Justicia y la Presidencia de Consejo de Ministros.

Si bien, dijo, en el Poder Judicial se está tratando de ir renovando, sacando a los elementos perniciosos y completando con jueces probos, lo que no pudo hacerse en el gobierno de Francisco Sagasti, “fue atender el problema que atraviesa la Policía Nacional, que merece una reforma”.

Sin embargo, Tuesta Soldevilla considera que nos quedaríamos cortos si el próximo gobierno analiza el tema anticorrupción desde un punto de vista nacional, “porque a nivel subnacional el tema es más que preocupante”.

Recordó que en estos últimos años los alcaldes y presidentes regionales se han visto envueltos en actos de corrupción y que, estando próximos a las elecciones para renovar a estas autoridades, se necesita un cambio.

En esa línea explicó que hoy por hoy, los regidores no pueden exigir rendición de cuentas a un alcalde. Tal como ocurrió en el caso del exalcalde Luis Castañeda Lossio, y a través de informe anticorrupción se propuso cambiar ello, pero no se hizo.

“En la reforma que nosotros propusimos se solicitó cambiarlo, pero también está pendiente de hacerlo. Entonces, la parte de las políticas anticorrupción pasan por la transparencia. Se tiene que jerarquizar lo que requiere una atención inmediata. Tiene que ver a nivel nacional y subancional, a nivel de sector y de medidas que atraviesan todo el aparato del Estado”, concluyó.

Reflexiones

En el libro “Una reforma imposible: La justicia latinoamericana en el banquillo” (fondo editorial de la Universidad Católica, 2014), Luis Pásara, concluye preguntándose “¿A quién tiene que pertenecer un proceso de reforma de justicia?”. “A muchos actores, a cuánto más mejor”, responde.

“Pero la pregunta se nos ha hecho insistente en medio de los escándalos estructurales que son propios de nuestros aparatos de justicia: los retrasos inaceptables, las decisiones arbitrarias y las corruptelas, que siguen imperando en el sistema; elementos todos ellos que no parece posible desterrar”, indica (pg.300).

Cinco años después, en “De Montesinos a Los Cuellos Blancos” (Planeta, 2019), Pásara vuelve a analizar la reforma de justicia haciendo un repaso de las diversas comisiones e informes que se han emitido, pero que no terminaron de implementarse y que, como los expedientes en el Poder Judicial, abrigan solo polvo. No obstante, en este libro sí avizora un rayo de esperanza tras los cambios que se hicieron a raíz de los audios de Los Cuellos Blancos del Puerto, que comprometía a todo el sector justicia.

“Más allá de los frutos esporádicos, aislados y más bien exiguos que hasta ahora han dado las tentativas de reforma, acaso sea factible un cambio de fondo en la justicia. Pero cambiar el paisaje requiere de un esfuerzo grande de muchos”, concluye.

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