Módulos Temas Día
Módulos Tomas de Canal

Más en Política

La extradición de prófugos genera altos costos al Estado Peruano

Asesoría en procesos seguidos a Alejandro Toledo, Gustavo Salazar y Mariella Huerta, investigados por el Caso Lava Jato, costará US$1 millón

Alejandro Toledo

Ex presidente Alejandro Toledo se encuentra en los Estados Unidos desde enero del 2017. (Foto: Miguel Bellido / Archivo)

Miguel Bellido

Los procesos de extradición de los investigados por corrupción están generando altos costos para el Estado Peruano. Es lo que viene ocurriendo con los casos del ex presidente Alejandro Toledo, el empresario Gustavo Salazar y la ex funcionaria Mariella Huerta. Los tres están prófugos en Estados Unidos, pese a tener órdenes de prisión preventiva por las investigaciones que se les siguen por participar en presuntos pagos de sobornos de la constructora Odebrecht.

A los gastos operativos asignados a la procuraduría del Caso Lava Jato, se suma la asesoría contratada del estudio estadounidense Foley Hoag, por US$1’082.070, para lograr que los tres investigados enfrenten a la justicia peruana. El monto fijado no contempla los gastos administrativos ni los impuestos a pagar en ese país.

El Ministerio de Justicia (Minjus), a través de su oficina de prensa, informó que el monto obedece a la especialización que se requiere para integrar el equipo que trabajará en el caso.

El estudio Foley Hoag tiene experiencia en casos de extradición, como el del ex presidente panameño Ricardo Martinelli, y conocimiento de normas penales peruanas y de las cortes federales de Estados Unidos.

La tarifa por hora de los juristas de este plantel fluctúa entre US$279 y US$945, según informó el Minjus a este Diario. Se debe considerar que los honorarios de los abogados en Estados Unidos son superiores a los del mercado latinoamericano, y que los especialistas que litigan en cortes federales –en las que se llevan los procesos de extradición– tienen mayor preparación que los que lo hacen en cortes distritales, explica el abogado internacionalista Gattás Abugattás.

Abugattás y la penalista Romy Chang coinciden en señalar que el monto total a pagar está dentro de los estándares de las tarifas estadounidenses.

El anterior proceso de extradición de un ex presidente también implicó un desembolso importante. En el 2005, la asesoría del estudio Etcheberry para extraditar a Alberto Fujimori de Chile costó cerca de US$400 mil, pagados por el PNUD, según el Minjus. Las ampliaciones de extradición que se tramitaron posteriormente costaron US$50 mil adicionales.

Heriberto Benítez, abogado de Alejandro Toledo, rechazó que su patrocinado sea responsable del gasto efectuado por el Estado. Culpó al Ministerio Público y al Poder Judicial por haber dictado medidas de restricción de la libertad en contra del ex presidente.

—Costos en la reparación—
El ex procurador Luis Vargas Valdivia explica que, según el Nuevo Código Procesal Penal –vigente para casos de corrupción en Lima– se pueden incorporar los costos del proceso en la reparación civil que se imponga en las sentencias. El procurador debe acreditar los gastos.

El acuerdo, firmado el 8 de febrero, detalla que la tarifa por horas del equipo de Foley Hoag será ajustada al inicio de cada año. Para Chang, el contrato debería establecer límites en los incrementos.

La abogada penalista también cuestiona que el contrato establezca que los pagos al estudio se realizarán en función a informes sobre horas de trabajo ejecutadas y no al cumplimiento de hitos, como se acostumbra en otros procesos. El Minjus explicó que la modalidad de contratación en EE.UU. es por horas y por especialidad.

Para el abogado Abugattás, los funcionarios peruanos están atados de manos, pues lo más conveniente sería pagar honorarios de éxito. Pero para evitar casos de corrupción, ese tipo de reconocimientos está prohibido en el sector público.

—Estimación—
El primer informe elaborado por el estudio Foley Hoag para el Ministerio de Justicia señaló que los procesos de extradición de EE.UU. al Perú podían tomar entre 2 y 7 años.

El Minjus informó que al pedir una cotización específica por los casos Toledo, Salazar y Huerta, Foley Hoag estimó que los procesos pueden acabar en dos años o menos. Por ello, el contrato de asesoría tiene 24 meses de vigencia.

Leer comentarios ()

SubirIr aúltimas noticiasIr a Somos
Ir a portada