El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, se presentó ante la Comisión Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para asegurar que el Gobierno respalda las investigaciones para dar con los responsables de las muertes durante las protestas de diciembre del 2022 y enero del 2023, y señalar que se generó una violencia alimentada por “grupos extremistas”.
En una sesión extraordinaria convocada a pedido del propio Otárola para brindar una ponencia en representación del Ejecutivo, el primer ministro aseguró que están comprometidos en implementar las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“En especial aquellas referidas a la necesidad de investigar los hechos que causaron lamentables muertes de decenas de compatriotas en las jornadas de protesta de diciembre del 2022 y enero del 2023, las cuales se desarrollaron a decir de la propia CIDH en un escenario de violencia generalizada alimentada por grupos extremistas ajenos a quienes realizaban protestas pacíficas”, manifestó.
Otárola aseguró que la decisión de Dina Boluarte y la suya es de “colaborar con las investigaciones que viene efectuando de forma independiente y sin interferencias el Ministerio Público”.
También recordó que la reciente crisis política fue generada por el pronunciamiento de facto de Pedro Castillo para su golpe de Estado del pasado 7 de diciembre, por el cual está cumpliendo prisión preventiva.
“Pedro Castillo está preso por dos razones incuestionables: por haber dado un golpe de Estado que en el Perú es un delito, pero sobre todo por una decisión que traicionó los intereses de los peruanos y que se configuró en este golpe de Estado en perjuicio de nuestro compromiso internacional a través de la Carta Democrática Interamericana”, indicó, para luego agregar que también es investigado por casos de corrupción durante su gobierno.
Alberto Otárola detalló que horas antes el Gobierno peruano sostuvo una reunión con la presidenta de la CIDH, Margarette May Macaulay, para expresar su “seria discrepancia” con la admisión a trámite de pedidos de líderes terroristas, de quienes aseguró que “vienen cumpliendo justas condenas” por sus delitos.
“Los casos de probable beneficios a terroristas reabren heridas que aún no han terminado de sanar en nuestra sociedad”, comentó el titular de la PCM.
En esa línea, señaló que pidieron el “archivo sumario” de las peticiones hechas por los terroristas Florindo Flores Hala ‘Artemio’ y Víctor Polay Campos que, según expresó, “buscan sorprender a la jurisdicción supranacional”.
