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![El primer ministro, Gustavo Adrianzén, volvió a cuestionar las prisiones preventiva y consideró que se hace un "abuso" de ellas en el Perú. (Foto: PCM)](https://elcomercio.pe/resizer/v2/IJ5ZHLTJXNF4DEA3CJ5WE5UF6Y.jpg?auth=a5eab6312e772b5d91cc82e6c4931fd49e19e50c366d6217f79bd4b341cfa578&width=580&height=330&quality=75&smart=true)
El jefe del Gabinete Ministerial, Gustavo Adrianzén, insistió en cuestionar las prisiones preventivas y consideró que se tratan de una " suerte de condena sin sentencia”, esto al ser consultado sobre el caso de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, quien afronta un pedido fiscal.
En respuesta a una pregunta de un reportero de TV Perú, el primer ministro calificó de “absolutamente inadmisible” que la fiscalía y el Poder Judicial “tomen con tanta ligereza” el tema de la libertad de las personas.
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“Algo que me preocupa es que se dictan estas prisiones preventiva por 12, 24, 36 meses y al final de ellas qué ocurre en la mayoría: aquellos que estuvieron privados de su libertad por esos meses, al último se les tiene libertad por exceso, se cumplen los plazos y yo pregunto, ¿acaso hay acusaciones?”, expresó.
“¿En qué se han convertido realmente estas prisiones preventivas? En una suerte de condena sin sentencia. Es una suerte de escarnio, no tengo caso pero sí la posibilidad de meterte preso por 36 meses. Transcurren esos 36 meses, te dictan libertad sin que medie acusación y quién te resarce esos 36 meses de privación de la libertad”, agregó.
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En ese sentido, Adrianzén remarcó que en nuestro país donde “se hace abuso de las prisiones preventivas”, por lo que invocó a los jueces y fiscales a que sean “bastante más reflexivos y cautelosos”.
“Yo los invito por un momento a ser empáticos y a ponerse en los zapatos de quienes sufren estas prisiones preventivas”, sentenció el titular de la PCM durante una conferencia de prensa luego de la sesión del Consejo de Ministros.
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Como se recuerda, el juez Richard Concepción Carhuancho evaluó este miércoles el pedido fiscal de 36 meses de prisión preventiva contra Nicanor Boluarte y Mateo Castañeda, exabogado de la mandataria, entre otros cuatro investigados por el caso ‘Waykis en la sombra’.
Boluarte Zegarra es sindicado por la fiscalía como líder una organización criminal que habría comenzado a operar luego de que su hermana asumió la presidencia y de haber ejercido un “poder de facto”.
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La finalidad, según la tesis fiscal, era instrumentalizar el aparato estatal, a través de las prefecturas y sub prefecturas, y así lograr la inscripción de su partido político Ciudadanos por el Perú.
En tanto, a Mateo Castañeda se le atribuye haber sido parte de un presunto plan para que se archive la investigación a Nicanor Boluarte. Para ello, según la investigación fiscal, habría hecho ofrecimientos ilícitos a integrantes del desactivado Equipo Especial de la Policía que apoyaba las labores del Eficcop.
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