Se complica la lucha por el pisco peruano: la historia podría dar un nuevo giro en Chile
El representante permanente del Perú ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Gustavo Adrianzén, consideró que no todas las recomendaciones que ha planteado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre las muertes en las protestas deben implementarse, tras calificar algunas de ellas como “impertinentes”.
En declaraciones a Radio Nacional, detalló que representantes del Perú sostuvo una reunión bilateral con la junta directiva de la CIDH, la cual aseguró que fue “muy franca, por momentos dura pero muy sincera” en la cual se aseguró que el país se mantendrá adherido al sistema interamericano de derechos humanos.
“(Fue una reunión dura) en cuanto a las discrepancias que se han expresado permanentemente y son públicas. Estamos en desacuerdo y así lo hemos expresado, con algunos términos expresados en el informe, también nuestras discrepancias con algunas recomendaciones”, aseveró.
“Creemos que muchas de las recomendaciones contenidas en el informe (de la CIDH) ya se implementaron o se están implementando, y hay algunas que por su naturaleza consideramos impertinentes”, agregó.
En esa línea, Gustavo Adrianzén aseguró que en julio se conformará una comisión de seguimiento para supervisar la aplicación de los planteamientos que hizo la comisión en el informe en el que advirtió que hubo “uso desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza” y “graves violaciones a los derechos humanos”, así como la posibilidad que en Ayacucho se hayan registrado “ejecuciones extrajudiciales” que podrían calificarse como “masacre”.
“Hay varias recomendaciones que ya hemos cumplido, algunas otras están en proceso de cumplimiento y algunas otras no tenemos que pensar que todas se van a tener que aceptar. Algunas otras tendremos discrepancias. Explicaremos las razones y seguiremos adelante”, aseveró.
Adrianzén concluyó respaldando el mensaje que brindó la canciller peruana, Ana Cecilia Gervasi, ante la Asamblea General de la OEA el 22 de junio, cuando dijo que el informe de la CIDH había tenido una visión “reduccionista” de los hechos.
“El informe de la CIDH dice que en ese marco se produjeron hechos que podrían constituir violaciones a los derechos humanos que deben ser investigados, junto a otras apreciaciones con las que mi gobierno discrepa respetuosamente”, fue lo que manifestó la ministra Gervasi en aquella oportunidad.
