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En circunstancias normales, en el último año, el gobierno saliente debe tener como prioridad ordenar la casa y crear un clima que permita elecciones democráticas limpias, libres, justas, competitivas. No son años de grandes iniciativas, porque los gobiernos llegan muy desgastados al final de su período, y porque no corresponde interferir en las iniciativas de un nuevo gobierno, investido de una renovada legitimidad electoral.
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Pero no estamos viviendo circunstancias normales. Las propias reglas de juego electorales estarán en discusión en el Congreso hasta agosto o setiembre, y en ellas se definirá cuán competitivas, democráticas y ordenadas serán las próximas elecciones. Segundo, en los próximos meses se estarán definiendo asuntos centrales referidos a políticas emblemáticas del gobierno saliente: combate a la corrupción, reforma de la justicia y temas de la reforma política, como el restablecimiento del sistema bicameral.
Tercero, atender la emergencia sanitaria y la reconstrucción del país no puede esperar. Controlar la epidemia, reactivar la economía, y sentar las bases de nuevos sistemas de salud, de inclusión financiera, nuevas iniciativas de política social y educativa, de políticas de transporte y movilidad, no pueden esperar a que se instalen las nuevas autoridades.
La semana pasada proponía lo que a mi modesto juicio deberían ser los pasos siguientes en el campo de la reforma política, para tener elecciones mínimamente ordenadas. La reforma política es resultado de la iniciativa de un gobierno que, al carecer de bancada parlamentaria, requiere entrar en negociación, discusión directa con el Congreso. El diálogo y entendimiento entre los poderes del Estado es crucial.
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En el terreno de la lucha contra la corrupción y la reforma de la justicia, asuntos y casos emblemáticos serán definidos en los próximos doce meses, resultado de decisiones de la Junta Nacional de Justicia, de la fiscalía, del Poder Judicial, de las procuradurías y del propio Congreso, que deberá nombrar a los nuevos miembros del Tribunal Constitucional.
El Poder Ejecutivo tampoco puede desentenderse de este asunto en un momento crucial y deberá hilar fino para, respetando la autonomía de los poderes, lograr avances sustantivos. El papel del Consejo de Estado puede ser clave aquí.
En cuanto a la atención de la epidemia y la reconstrucción del país, es obvio que el Ejecutivo no puede “dejarse estar”. Atacar los problemas más inmediatos, haciendo las correcciones necesarias, y sentar las bases para reformas más profundas, resulta imprescindible para poder recuperarnos como país y aprovechar oportunidades que hagan que el sufrimiento por el que hemos pasado no haya sido en vano.
En el sector Salud, por ejemplo, se han abierto oportunidades para lograr la anhelada coordinación de los diferentes sistemas bajo la rectoría del Minsa. El Acuerdo Nacional podría servir como espacio para consensuar estas y otras medidas.
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