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El fiscal José Domingo Pérez, integrante del equipo especial Lava Jato del Ministerio Público, ha solicitado al Poder Judicial que dicte 36 meses de impedimento de salida del país para el empresario chileno Gerardo Sepúlveda. Al exsocio del expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) se le imputa el presunto delito de colusión agravada en calidad de cómplice primario.
Pérez formalizó, el último 22 de junio, la investigación preparatoria contra Sepúlveda por las presuntas irregularidades en la concesión de los tramos II y III de la carretera Interoceánica o IIRSA Sur a favor de la constructora brasileña Odebrecht, durante el gobierno del exmandatario Alejandro Toledo (2001-2006).
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De acuerdo a la solicitud, a la que tuvo acceso El Comercio, el fiscal indica que el empresario chileno habría defraudado al Estado peruano “concertándose con los representantes de la empresa Odebrecht y asociadas, así como con funcionarios públicos para favorecerla” en el proceso de selección de la IIRSA Sur.
Agrega que durante la investigación ha hallado “irregularidades” dentro de la labor que cumplió Sepúlveda en la estructuración financiera del proyecto, que estuvo a cargo de la empresa Westfield Capital (constituida por Kuczynski), que el chileno representaba.
Según la fiscalía, los servicios proporcionados por Westfield Capital en un inicio y luego por First Capital estuvieron estructurados y remunerados conforme a instrumentos financieros que fueron incorporados a los contratos de concesión de los tramos II y III de la IIRSA Sur, a través de la Adenda N°03, suscrita el 26 de julio de 2006.
Esta adenda modificó significativamente el esquema financiero de los contratos a favor de las empresas concesionarias, lo que a su vez implicó que el Estado asuma la mayor carga de los riesgos, desnaturalizando el mecanismo de concesión, garantizando la obtención de financiamiento al privado y garantizando ingresos al concesionario desvinculados del avance físico en obra.
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(Foto: El Comercio)
El representante del Ministerio Público afirma que su solicitud cumple con los requisitos de ley, en el sentido, de que el empresario está siendo investigado por un delito que tiene una pena mayor a los tres años.
También considera que su presencia en el país es “indispensable” para la indagación de la verdad.
“Cabe señalar que no existe a la fecha medida que pueda asegurar la concurrencia del procesado a esta investigación. En las actuales circunstancias permitir su salida implicaría que no pueda retornar a nuestro país para responder por los hechos penales de este caso, debido a la pandemia de COVID-19”, refiere Pérez en el documento.
El fiscal advierte que Sepúlveda tiene su residencia habitual en Chile, por lo que “no tiene arraigo suficiente para afirmar que en caso pueda salir del país, regrese para afrontar la justicia peruana”.
Añadió que el empresario también podría “migrar” a cualquier destino, una vez que se encuentre en su país.
Por ello, Pérez asegura que la medida de impedimento de salida del país para el procesado “resulta proporcional” y se ajusta a los principios de justicia y equidad.
“No existe medida menos aflictiva a la libertad de tránsito que sea capaz de contrarrestar el peligro de salida”, acota.
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Fuentes de este Diario señalaron que habían sido informados de que Sepúlveda solicitó una autorización para el vuelo de una avioneta hacia Chile. Sin embargo, la defensa legal del empresario, el abogado Percy García, negó este hecho. “No tiene programado un viaje, pero si lo tuviese, no tendría ningún problema para salir”, respondió.
Gerardo Sepúlveda solo tiene comparecencia y debe reportarse cada tres meses. Ya pagó la caución impuesta de S/500 mil.
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La procuradora ad hoc del Caso Lava Jato, Silvana Carrión, solicitó a Pérez, el sábado 27 de junio, solicitar el impedimento de salida de país para Sepúlveda, mediante un escrito, al que también tuvo acceso este Diario.
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