A menos de una semana de que se conociera que el Congreso aprobó otorgar una pensión vitalicia de S/15.600 al mes a Alberto Fujimori, la procuraduría anticorrupción inició acciones para retener parte de este pago al expresidente sentenciado por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, así como por actos de peculado doloso, entre otros, según fuentes de El Comercio.
Fujimori acumula una deuda de aproximadamente S/57 millones por el concepto de reparación civil.
Fuentes de este Diario indicaron que la procuraduría no puede incautar el 100% de la pensión vitalicia del exmandatario, sino un porcentaje. Agregaron que el monto a embargar sería de aproximadamente S/4.500.
Lee también: Tamaño de cédula puede aumentar a casi el doble respecto a 2021 si participan 33 partidos
Recordaron que ya existe un antecedente de este tipo, respaldado con una resolución judicial firme. En enero del 2020, la Sala Penal de Apelaciones Nacional Permanente ratificó el fallo del juez Richard Concepción Carhuancho que dispuso el embargo de la pensión y gratificaciones del exmandatario Alejandro Toledo.
Toledo Manrique enfrenta un juicio oral por presuntamente haber recibido sobornos de Odebrecht a cambio de la licitación de la carretera Interoceánica Sur.
Fuentes del área administrativa del Parlamento indicaron que el pago pensionario a los expresidentes es de casi S/10.000, tras los descuentos que se realizan. Es decir, a Fujimori le quedaría para su libre disposición S/5.500.
El artículo 2 de la Ley N°26519, que creó la pensión vitalicia para los ex jefes de Estado, establece que se suspende este derecho cuando el beneficiario es acusado constitucionalmente, salvo sentencia judicial que declare su inocencia.
Fujimori tiene una serie de acusaciones constitucionales, aprobadas por el Congreso de la década de las 2000 y cuatro sentencias firmes.
Lee también: El 77% de peruanos coincide en que la corrupción está generalizada | ENCUESTA
Hace unos días, el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana (Alianza para el Progreso), informó que el exmandatario ya recibió el pago de su pensión de julio.
El paso a paso
El abogado penalista Andy Carrión explicó que el primer paso que ha debido dar la procuraduría anticorrupción es solicitar el expediente administrativo, a través del cual el Congreso otorgó una pensión a Fujimori, así como un certificado de que ya se emitió el primer pago. Añadió que, con esos documentos, la defensa del Estado queda habilitada a solicitar ante un juez el embargo.
En comunicación con El Comercio, Carrión criticó que el Parlamento haya viabilizado el pago de pensión al expresidente, cuando este no cumple con los requisitos de la Ley N°26519.
“El principal inconveniente es que los impuestos de todos los peruanos van a servir para pagar una reparación por un delito que no hemos cometido. Eso es arbitrario”, manifestó.
Lee también: Alberto Fujimori: ¿El Congreso puede o no anular su pensión vitalicia?
El exprocurador anticorrupción Antonio Maldonado consideró que las acciones de la defensa legal del Estado deben ir más allá de retener un porcentaje de la pensión “irregular” que el Parlamento otorgó a Fujimori.
Elio Riera, abogado de Fujimori, dijo a este Diario que todavía no se ha apersonado a la procuraduría anticorrupción para iniciar el trámite para pagar parte de la reparación civil de su cliente, como lo anunció hace unos días.
“En el transcurso de la semana será. He pedido al Congreso que me notifique el integro de todo el expediente para con eso hacer todos los trámites”, manifestó.
Proceso administrativo bajo análisis
La Procuraduría Anticorrupción- de acuerdo con fuentes de este Diario- estudia si en el proceso administrativo que derivó en el otorgamiento de la pensión vitalicia a favor de Fujimori pudo haber o no un presunto acto de corrupción. En caso hallen indicios, podrían denunciar a los funcionarios que firmaron los informes que hicieron viable el pago.
Al respecto, Carrión indicó que la defensa legal del Estado puede reunir elementos que le permitan presentar una denuncia ante el Ministerio Público por el presunto delito de negociación incompatible. Detalló que existe una interpretación arbitraria de la Ley N°26519 y que se debe determinar si hubo o no un direccionamiento de parte de la anterior Mesa Directiva del Parlamento.
“Hay elementos determinantes, como el informe que emite la Oficina Legal y Constitucional del Congreso, donde señala que se debe presumir la inocencia de Alberto Fujimori, pero este ya tiene condenas firmes, al contrario, hay una seguridad de culpabilidad. Yo sí creo que hay indicios de partida para que la procuraduría formule denuncie y para que la fiscalía inicie una investigación preliminar sobre estos hechos”, expresó.
Carrión, además, dijo que se debe aclarar el rol que cumplió la Mesa Directiva, presidida por Alejandro Soto, así como la actual.
“Durante la administración de Soto se pudo haber dado el trámite, pero quién firmó el otorgamiento de los beneficios, quién autorizó el pago”, remarcó.
Lee también: Nicanor Boluarte citado por la fiscalía en investigación por presunta corrupción: los detalles del caso
Para Maldonado, además del presunto delito de negociación incompatible, se podría configurar un supuesto tráfico de influencias.
“Hay elementos suficientes para considerar que acá se ha producido un hecho que tiene connotaciones delictivas. El Ministerio Público debe activar la fase preliminar de la investigación. Se debe recabar las declaraciones de todos los funcionarios implicados, empezando por la jefa del área de Recursos Humanos del Congreso. Es ilógico que sus superiores no supieran nada”, subrayó.
La decisión de darle pensión vitalicia a Fujimori fue aprobada por altos funcionarios del Parlamento vinculados al partido Alianza para el Progreso (APP), según reveló el programa “Cuarto Poder”.
Se trata de Haidy Figueroa Valdez, jefa del Departamento de RR.HH. del Congreso, quien milita en APP desde el 2014.
Asimismo, José Rubio Preciado, jefe de la Oficina Legal y Constitucional, firmó el documento que sustenta legalmente que Fujimori puede beneficiarse de la Ley 26519.
El abogado fue cesado como jefe de dicha oficina 10 días después de opinar a favor de una pensión para Fujimori. Rubio trabajó para el GORE de La Libertad en el 2016.
“Estoy fuera del Congreso en este momento. No me acuerdo sinceramente”, señaló al ser consultado.
Lee también: Maduro Travel & Tours, la columna de Héctor Villalobos
En tanto, Jorge Luis Torres Saravia, antecesor de Rubio, también está vinculado al GORE de La Libertad. Es aportante de campaña de APP y volvió al cargo tras la salida de Rubio.
Torres tiene un doctorado en Gestión Pública y Gobernabilidad en la Universidad César Vallejo y trabajó para el GORE de La Libertad por 10 años. Además, aportó S/5.000 a la candidatura del secretario general de APP, Luis Valdez Farías.
Fujimori solicitó al Congreso su pensión el 29 de abril. El 3 de mayo la oficina legal acogió su pedido.
El 10 de mayo William Alcántara Infantes, jefe de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, autorizó el desembolso, pese a que no estaba incluido en el presupuesto anual. Alcántara es doctor en Gestión Pública por la UCV y ha sido asesor del excongresista Richard Acuña.
Más información
El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana (APP), afirmó que “es probable” que su antecesor en el cargo, el también apepista Alejandro Soto, haya tenido conocimiento de los informes técnicos, a través de los cuales el área administrativa del Parlamento autorizó el pago de pensión a Fujimori. “[Este] no solo es un acto administrativo, sino que tiene repercusión política”, dijo a Canal N.
Durante los seis años que el expresidente Alejandro Toledo estuvo prófugo de la justicia peruana por el Caso de la Interoceánica Sur, recibió en total S/1′326.600 por concepto de pensión por parte del Congreso.
