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El juez Thomas S. Hixson, de la Corte del Distrito Norte de California, Estados Unidos, resolvió el martes que el expresidente Alejandro Toledo puede ser extraditado al Perú por el Caso Odebrecht.
El magistrado concluyó que la evidencia de criminalidad en este caso es suficiente para que se aplique el tratado de extradición vigente entre el Perú y Estados Unidos.
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Aunque señaló que “hay contradicciones entre los dos principales testigos contra Toledo” e “inconsistencias en las declaraciones de cada testigo a lo largo del tiempo”, precisó que “estas cuestiones no anulan la causa probable” de que Toledo cometió los presuntos delitos de colusión y lavado de activos.
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Esta decisión se conoció cuatro días después de la audiencia de vista de extradición. La Procuraduría Pública ad hoc para el Caso Odebrecht aseguró que “con esta decisión, la justicia peruana ha obtenido un resultado trascendental”.
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Las autoridades peruanas reclaman la extradición del exmandatario para que sea juzgado por un presunto soborno de US$35 millones que habría recibido de Odebrecht a cambio de la licitación de los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica.
El fiscal coordinador del equipo especial Lava Jato, Rafael Vela Barba, aseguró el martes en diálogo con Canal N: “Hemos hecho todos los esfuerzos necesarios que están vinculados a la abrumadora evidencia que se ha presentado contra el señor Toledo. Es por eso que el juez ha certificado la extradición”.
Toledo permanece en Estados Unidos con una tobillera electrónica que registra sus desplazamientos. El exmandatario fue detenido en julio del 2019 en California y estuvo ocho meses en prisión por riesgo de fuga, pero salió en marzo del 2020 por la pandemia del COVID-19.
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En marzo del 2020, el expresidente Alejandro Toledo abandonó la correccional de Maguire, en el condado de San Mateo (California), después de abonar parte de la fianza que se le exigía para que se ejecute la orden de arresto domiciliario ante el riesgo de contraer el COVID-19. (Foto: EFE)
En el Perú, el ex jefe del Estado tiene dos órdenes de prisión preventiva por los casos Interoceánica y Ecoteva. Sin embargo, cuando arribe al país se activará solo la primera orden.
Para que Toledo pueda ser juzgado por el Caso Ecoteva, Estados Unidos debe aprobar otro proceso de extradición que está en curso.
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El camino legal
Tras la decisión del juez Hixson, la defensa del exmandatario en Estados Unidos puede presentar un hábeas corpus ante una corte de distrito. Si es denegado, puede apelar ante un tribunal de circuito, explicó el exprocurador anticorrupción Antonio Maldonado a El Comercio.
Sin embargo, Maldonado señaló que esas acciones solo buscarían “ganar tiempo” ante una decisión judicial ya tomada.
“El juez ha procedido conforme a lo que se esperaba. [...] Ahora la defensa de Toledo puede hacer muy poco, ya que el tratado de extradición vigente busca simplificar y dar mayor eficiencia al concepto de cooperación judicial internacional. Un tratado con esa perspectiva deja muy limitada las acciones de la defensa”, agregó.
En tanto, el exprocurador Iván Meini añadió: “Toledo y su defensa podrían presentar [el hábeas corpus], pero rápidamente debería declararse infundado. El hábeas corpus tendría que cuestionar las razones que ha dado el juez para aprobar la extradición. Tendría que decir que es una decisión arbitraria, no ajustada a derecho, pero no parece que ese sea el caso”.
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Si el exmandatario no utiliza ese mecanismo, el caso pasará de inmediato a la Secretaría de Estado de EE.UU.
Esa instancia política revisará el proceso de extradición, valorará la política exterior de su país, cotejará que en el Perú no haya persecución política contra Toledo y verificará que se cumplan todos los requisitos del tratado de extradición vigente.
Si la Secretaría de Estado confirma el fallo del juez Hixson, se activará una orden de entrega al Perú.
Meini explicó a este Diario que “la extradición es un procedimiento jurídico-político y quien tiene que aprobarla en última instancia es la autoridad ejecutiva del país”.
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Proceso de extradición podría culminar en un año
Consultada acerca del plazo que emplearía la Secretaria de Estado de Estados Unidos para pronunciarse sobre la extradición del expresidente, la procuradora asignada al Caso Lava Jato, Silvana Carrión, dijo a Canal N: “No hay un plazo determinado en la ley estadounidense para los siguientes pasos. Sin embargo, se estima que entre ocho meses y un año podría demorar este trámite. Esas son más o menos las usanzas”.
Pero para el exprocurador Antonio Maldonado, el caso que involucra al exjefe del Estado podría resolverse a más tardar en un período de seis meses. “Creo que es un asunto que será resuelto con el concepto del mejor interés para la imagen pública internacional de Estados Unidos”, añadió.
Más detalles
- Los principales testigos contra Toledo en el Caso Odebrecht son el empresario peruano-israelí Josef Maiman y el exdirector ejecutivo de Odebrecht en el Perú Jorge Barata.
- Ambos se acogieron a la colaboración eficaz.
- El tratado de extradición vigente entre el Perú y EE.UU. se firmó el 26 de julio del 2001, solo dos días antes de que Toledo asumiera la presidencia.
- En ambos países, el modelo de extradición es mixto: tiene una fase jurisdiccional y una fase política.
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