Fiscalía advierte riesgo de obstrucción a investigaciones: los argumentos del pedido de suspensión a Patricia Benavides que fue acogido por el Poder Judicial

Tras el cierre de este informe, al promediar las 6:30 de la mañana de este miércoles se conoció la decisión del Poder Judicial que suspendió a Benavides por 24 meses.

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En la audiencia, desarrollada el martes por el juez supremo Segismundo León Velasco, del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, el Ministerio Público expuso posibles riesgos de que Benavides vuelva a ocupar un puesto clave dentro del sistema de justicia y, desde allí, obstaculice las investigaciones que la comprometen directamente.

La solicitud, sustentada por el fiscal adjunto supremo Luis Ballón Segovia, advierte que no se trata de una medida desproporcionada, sino de una acción necesaria para garantizar el desarrollo de las investigaciones que comprometen a Benavides y a su entorno.

Según la tesis fiscal, la ex titular del Ministerio Público lideró una estructura paralela dentro de la institución que habría servido para beneficiar a congresistas, proteger a su círculo cercano y manipular procesos clave.

Uno de los puntos centrales de la sustentación fue el intento de Benavides por ingresar al despacho de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, el pasado 16 de junio.

Ese día, Benavides acudió respaldada por una resolución de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que ordenaba su restitución en el cargo, tanto como fiscal suprema como fiscal de la Nación. Sin embargo, la Fiscalía consideró que el ingreso fue prematuro, pues no se había comunicado formalmente la decisión a la Junta de Fiscales Supremos, órgano que debía conocer el retorno.

De acuerdo con Ballón, la presencia de Benavides en la sede del Ministerio Público no solo fue irregular, sino que impidió que los fiscales supremos sesionaran de forma presencial, alterando el normal funcionamiento de la institución. Además, denunció que su retorno podía facilitar el acceso a información sensible y carpetas fiscales en las que ella misma figura como investigada, así como otras personas de su entorno.

El fiscal sostuvo que lo ocurrido ese día no fue un incidente aislado, sino un indicio del riesgo real de reiteración delictiva. Recordó que la oficina a la que intentó acceder contiene expedientes relacionados con el caso “Los Niños”, que involucra a más de 20 congresistas de distintas bancadas y que aún se encuentra pendiente de resolución.

“Si la señora Benavides fuera reincorporada como fiscal suprema, volvería a formar parte de la Junta de Fiscales Supremos, que es el máximo órgano de gobierno de la institución. [...] No estamos hablando de un cargo cualquiera. La señora ya tuvo ese poder antes, y según la información que hemos recabado, lo usó para su propio beneficio personal, para favorecer a su entorno y a los propios investigados”, dijo Ballón.

Seis denuncias constitucionales sin respuesta

En la audiencia, el fiscal también hizo un recuento de las seis denuncias constitucionales formuladas contra Benavides, todas aún pendientes de calificación por parte del Congreso. La primera fue presentada el 10 de mayo de 2024, por presuntos delitos de peculado doloso agravado y cohecho pasivo específico. Tan solo seis días después, se presentó una segunda denuncia por presunta falsedad genérica, encubrimiento personal agravado y omisión de funciones, vinculada a su supuesta intervención para proteger a su hermana, la jueza Enma Benavides, en una investigación en su contra.

Las siguientes denuncias abarcan desde nombramientos irregulares de fiscales hasta interferencia en investigaciones, incluyendo vínculos con el congresista José María Balcázar, de Perú Libre, y otros actores políticos. En conjunto, estas denuncias presentan un supuesto patrón de uso indebido del poder fiscal para favorecer intereses personales y políticos.

La fiscalía argumentó que, mientras se mantuvo como fiscal de la Nación, Benavides utilizó la estructura del Ministerio Público como una herramienta de protección personal.

Según el Ministerio Público, Benavides habría interferido en procesos disciplinarios, removido fiscales incómodos, designado funcionarios afines para encubrir hechos graves y bloqueado el inicio de nuevas investigaciones que comprometían a miembros de su red.

Ballón apuntó que Benavides reorganizó equipos fiscales no para mejorar la persecución penal, sino para garantizar lealtades y pagar favores políticos. Esa conducta —indicó— desnaturaliza la función pública y atenta contra el Estado de derecho.

El Ministerio Público considera que el eventual regreso de Benavides a la Junta de Fiscales Supremos implica un grave riesgo institucional, pues dicho órgano es el encargado de dirigir la política institucional de la Fiscalía. “No estamos hablando de un cargo cualquiera”, enfatizó el fiscal.

“Riesgo inminente”

Ballón también alertó sobre un riesgo: el uso de la fuerza pública para concretar el retorno de Benavides. Según destacó en audiencia, la directora de la Dirección de Procesos Disciplinarios de la JNJ remitió un documento a la Policía Nacional solicitando su intervención para facilitar su ingreso a las instalaciones del Ministerio Público.

Esto fue interpretado como una amenaza a la autonomía institucional de la fiscalía.

Para el fiscal, permitir el retorno Benavides no solo afectaría la independencia del Ministerio Público, sino que podría reinstalar al mando a la presunta líder de una organización criminal.

“Interfirió en un procedimiento disciplinario mediante acuerdos ilícitos, removió fiscales que llevaban investigaciones de crimen organizado vinculado al caso Los Cuellos Blancos, designó fiscales funcionales a sus intereses para que encubrieran hechos graves, bloqueó el inicio de nuevas investigaciones contra investigados y personas de su entorno y convirtió toda la estructura institucional en una herramienta para satisfacer fines personales”, señaló el representante del Ministerio Público.

La defensa denuncia arbitrariedad

Por su parte, el abogado Humberto Abanto, defensor legal de Benavides, calificó la solicitud de suspensión como arbitraria y carente de sustento. En su opinión, la fiscalía ha presentado una narrativa acusatoria sin pruebas concluyentes y ha ignorado principios fundamentales como la presunción de inocencia.

Abanto aseguró que el proceso aún se encuentra en una etapa preliminar y que ni siquiera se ha alcanzado el estándar legal de sospecha suficiente para justificar una medida de suspensión.

“Se ha precipitado una conclusión inculpatoria en una etapa totalmente prematura. No se satisface el estándar de sospecha suficiente que exige la jurisprudencia y la ley”, dijo.

Además, alegó que la denuncia por cohecho que da sustento a esta medida ya fue remitida al Congreso, por lo que el Poder Judicial no debería intervenir mientras no se defina si hay lugar a una acusación constitucional.

El abogado también criticó que la fiscalía base sus acusaciones en declaraciones de terceros y pidió que se declare la improcedencia del pedido de suspensión.

Con los argumentos de ambas partes expuestos, la decisión quedó en manos del juez.