Historia de una investigación: ¿Cómo se elaboraron los informes del Caso Vizcarra?

Actualización [30/01/2024]: El expresidente Martín Vizcarra ha sido implicado en el Caso Los Intocables de la Corrupción, relacionado con presuntas licitaciones fraudulentas en Provías Descentralizado (PVD), durante su gobierno (2018-2020). En esta indagación del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop) se considera que el exmandatario lideraría una presunta organización criminal que opero en su gestión. Hace unos años, la Unidad de Investigación de El Comercio publicó una serie de informes sobre supuestos sobornos que Vizcarra recibió, pero durante su gestión como gobernador de Moquegua (2011-2014). Por estos hechos, el Equipo Especial Lava Jato investiga al exmandatario.

Los reportajes son parte de una investigación que la Unidad de Investigación de este Diario empezó hace más de un año de manera reservada, y para la cual cumplió el máximo rigor periodístico. La curaduría informativa para preparar los informes del caso consistió en verificar numerosa información y documentos, los cuales además fueron contrastados con diversas fuentes. Asimismo, se realizó un riguroso trabajo de campo en Moquegua para recoger, de primera mano, la versión de los actores involucrados y no solo basarnos en lo que se desprendía de los documentos. La investigación del Caso Vizcarra ha sido un largo proceso y no, como un medio de comunicación sugirió sin ninguna evidencia, simplemente “un parlante Bose” de la fiscalía.

Agosto del 2019, la primera pista: la avioneta

Todo se inició a mediados de agosto del 2019, cuando la Unidad de Investigación de El Comercio obtuvo información relevante de una fuente. Se trataba de dos documentos: una factura con fecha 12 de diciembre del 2013 que correspondía al alquiler de una avioneta por la que la constructora Obrainsa pagó S/35.985; y una lista de pasajeros, todos de nacionalidad boliviana. El comprobante incluía el itinerario de la aeronave: Lima-Ilo-Lima.

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Tras acceder a esa información, se tenía que verificar su autenticidad. Este Diario corroboró que todas esas personas eran altos funcionarios del gobierno de Evo Morales. El entonces ministro de Economía, Luis Arce Catacora, encabezaba la lista. Actualmente, Arce es el presidente de Bolivia. En el grupo también estaban la ministra de Planificación del Desarrollo, Viviana Caro; el ministro de Consejería de la Embajada de Bolivia en el Perú, Jorge Manrique Arduz; el viceministro de Tesoro y Crédito Público del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Edwin Rojas Ulo (ahora presidente del Banco Central de Bolivia); el funcionario de la Embajada de Bolivia en el Perú Jorge Juan Leslie Manrique Arduz; y Roxana Mallea Mamani y Saúl Linares Deheza, de Bolivia TV.

La delegación estuvo el 3 de diciembre del 2013 en el terminal portuario de Ilo, donde fue recibida por el entonces presidente del Gobierno Regional de Moquegua (GRM), Martín Vizcarra, tal como informaron en ese momento el portal web de “Prensa regional”, Moquegua al Día, el diario “Correo” y la agencia Andina. En la página web de “Prensa regional” de Moquegua, se publicaron fotografías de la comitiva junto a Vizcarra. Las fechas y la relación de los funcionarios bolivianos coincidían con las fotografías en las que aparecían juntos. En una de las imágenes publicadas sobre el encuentro entre la comitiva y Vizcarra, se veía detrás de ellos la avioneta de propiedad de ATSA que fue alquilada por Obrainsa.

Unos días antes del alquiler de la aeronave, el 25 de noviembre del 2013, la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops) le había comunicado al consorcio Obrainsa Astaldi que le otorgaba la buena pro para construir la línea de conducción 1 Jaguay-Lomas de Ilo y el sistema de riego I etapa del proyecto Ampliación de la Frontera Agrícola Lomas de Ilo (proyecto Lomas de Ilo), en Moquegua. El contrato con el gobierno regional se firmó el 6 de diciembre de ese año.

Ese proceso había sido convocado por Unops por encargo del Proyecto Especial Pasto Grande del Gobierno Regional de Moquegua. El monto inicial destinado para la obra, que debía culminarse en 300 días, era de S/80 millones. Sin embargo, terminó costando S/116 millones. A eso hay que sumarle S/17 millones en arbitrajes y que la obra se culminó en 1.061 días calendario. Actualmente, Lomas de Ilo parece un desierto. A pesar de la millonaria inversión, no hay irrigación en la zona.

Luego de revisar la información, nos preguntamos por qué Obrainsa, que había ganado la buena pro de una obra, rentó una avioneta para trasladar a autoridades bolivianas tres días antes de que se firmara el contrato con el Gobierno Regional de Moquegua.

En busca de respuestas, el 17 de setiembre del 2019 tuvimos una reunión con uno de los abogados de Obrainsa en un restaurante cercano a la sede principal del diario El Comercio en el Centro de Lima. Él confirmó el pago realizado por la constructora por el alquiler de una avioneta para trasladar a funcionarios bolivianos y quedó en consultar sobre una solicitud de reunión con Ernesto Tejeda Moscoso, propietario de la constructora junto con su hermano Elard Tejeda Moscoso. Al final, la cita no se concretó. Existen mensajes de WhatsApp que registran la coordinación de la reunión.

Entre Martín Vizcarra y Obrainsa hay una relación de años, ya que esta constructora y C y M Vizcarra, de propiedad del exmandatario y su hermano César, se unieron en el 2003 para participar en consorcio en una millonaria licitación a fin de elaborar el expediente técnico y la ejecución de la construcción del Sistema de Regulación Hídrica de la Cuenca del Río Sumbay-Presa Pillones. El abogado de Obrainsa también nos confirmó sobre la cercanía entre Vizcarra y los hermanos Tejeda Moscoso.

El 20 de setiembre del 2019, este Diario solicitó los reportes migratorios de los ciudadanos bolivianos ante la Superintendencia Nacional de Migraciones, para corroborar su presencia en territorio peruano. El trámite lo realizó Mauricio Madrid, entonces practicante de la Unidad de Investigación.

Revisa aquí los otros reportes migratorios de los exfuncionarios bolivianos recogidos por El Comercio.

Octubre del 2019: reporteando en Moquegua

En ese momento, como aún había muchas interrogantes, se optó por viajar a Moquegua para indagar sobre la adjudicación del proyecto Lomas de Ilo, además de la construcción del hospital de Moquegua. Respecto a esta última obra, la Unidad de Investigación también tenía información sobre sospechosos pagos por S/41 millones que se hicieron un día antes de que culminara la gestión de Vizcarra como gobernador, en diciembre del 2014.

El 29 de octubre del 2019, junto con el videorreportero Antonio Álvarez, viajamos en avión con destino a Tacna y apenas aterrizamos nos trasladamos en auto a la ciudad de Moquegua. El 31 de octubre regresamos a Lima.

En esa oportunidad, en la región entrevistamos al fiscal anticorrupción Emilio Salas, al gerente general del proyecto Pasto Grande, David Espinoza Apaza, y al dirigente del Frente Patriótico de Moquegua, Jesús Paredes. También conversamos con un exprocurador de la región, un fiscal anticorrupción que investiga un proceso contra Vizcarra y dos periodistas de la zona, cuyas identidades mantendremos en reserva. Además, en Lima entrevistamos en diciembre al gerente de megaproyectos de la contraloría, Luis Robas; al gerente general de Asesores Técnicos y Asociados S.A. (ATA), Rafael Hidalgo; y al vicepresidente del directorio de ICCGSA, Javier Jordán Morales.

ATA es la empresa que estuvo encargada de la supervisión de los proyectos Lomas de Ilo y del hospital de Moquegua. Su dueño es José Manuel Hernández, quien fue ministro de Agricultura durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. ICCGSA, actualmente investigada por el Caso ‘Club de la Construcción’, fue parte del consorcio que se encargó del proyecto del hospital de la región.

En los mensajes de WhatsApp del Caso Vizcarra, hay un dato relacionado a la investigación de los proyectos de Moquegua. Un mensaje del 3 de diciembre del 2019 registra que José Manuel Hernández le comunica a Vizcarra que “Graciela Villasís de El Comercio viene a la oficina [de ATA] a entrevista con [Rafael] Hidalgo sobre hospital y Lomas de Ilo”. Vizcarra le respondió: “Sí, me informaron de Moquegua al respecto, pero todo está muy claro”.

La labor de ATA en ambos proyectos fue clave porque sus aprobaciones permitieron que el Gobierno Regional de Moquegua desembolsara adelantos millonarios por avances de obra y compra de materiales sin el debido sustento, tal como lo indicó la Contraloría General de la República en dos informes que señalaban irregularidades en la construcción y supervisiones de Lomas de Ilo y del hospital de Moquegua. Esta documentación fue revisada al detalle por este Diario.

Diciembre del 2019: el regreso a Moquegua, la historia del hospital

El 5 de diciembre del 2019, El Comercio publicó el informe “Martín Vizcarra: Develan irregular pago de más de S/41 millones en su gestión como gobernador regional de Moquegua”, producto de semanas de investigación y de la revisión de más de 600 páginas de informes y anexos sobre el proyecto del hospital regional. La nota evidenció cómo el 30 de diciembre del 2014, un día antes de que Vizcarra culminara su período como gobernador, se autorizó el desembolso por S/41′869.086 al Consorcio Hospitalario Moquegua, integrado por Incot e ICCGSA, para la edificación del hospital. Para la contraloría, esta entrega de dinero fue irregular.

El desembolso a favor de las constructoras fue posible porque el mismo 30 de diciembre ATA, la supervisora contratada para el proyecto y que cobró más de S/7 millones por su labor, recomendó al gobierno regional que entregara ese monto. Estos requerimientos se atendieron de inmediato pese a que el consorcio entre Incot e ICCGSA no había recibido el terreno para construir la obra.

En ese momento, este Diario ya tenía conocimiento de la sobrevaloración del hospital. El costo inicial de la obra era de S/123′456.590. Sin embargo, cuando fue inaugurado el año pasado, Vizcarra dijo que el proyecto “en todas sus etapas costó más de 270 millones de soles”. El contrato entre el Gobierno Regional de Moquegua y el Consorcio Hospitalario Moquegua se firmó en diciembre del 2013, pero la obra recién se inauguró en noviembre del 2019. Pasaron seis años, pero, según el contrato, la edificación debía culminarse en 530 días, en julio del 2015.

También teníamos conocimiento del modus operandi de ICCGSA y de los presuntos sobornos que esta empresa pagaba a los gobernadores regionales para adjudicarse obras, según los testimonios que dieron a la fiscalía el exasesor del MTC Carlos García y el enlace entre las constructoras y el MTC, Rodolfo Prialé, por el Caso ‘Club de la Construcción’, declaraciones sobre las que El Comercio también ha publicado informes. Pero aún faltaba documentar información sobre irregularidades para lograr la adjudicación del hospital.

Al día siguiente, el 6 de diciembre, la corresponsal de El Comercio en Arequipa, Zenaida Condori, viajó a Moquegua y publicó una nota titulada: “El inaugurado hospital de Moquegua aún no emplea todos sus nuevos equipos”.

El 7 de diciembre, Condori publicó una entrevista al fiscal coordinador de Moquegua, Walker Ríos Calizaya, quien señaló que el caso del hospital sería reevaluado tras el reportaje de este diario que recogía un informe de contraloría.

Ya este año, entre el 19 y 23 de enero, el periodista Carlos Neyra, de la Unidad de Investigación, viajó a Moquegua para seguir investigando los vínculos entre Vizcarra y Obrainsa por el Caso Lomas de Ilo y por otros hechos que derivaron de sus indagaciones. Hallazgos importantes que aún se siguen procesando.

Luego de las notas sobre el hospital, aún continuaban las interrogantes respecto a la avioneta alquilada por Obrainsa para que la delegación de autoridades bolivianas viajara a Moquegua. Faltaba una pieza que resolviera cuál fue el motivo. El tema quedaba en un punto muerto, como ocurrió con el Caso Ecoteva ─que se conoció en el 2013─ hasta que en el 2017 se supo de los sobornos de Odebrecht y las consorciadas (Graña y Montero, JJC Contratistas e ICCGSA) al expresidente Alejandro Toledo por la carretera Interoceánica Sur. El círculo del Caso Ecoteva solo se cerró con las declaraciones de Jorge Barata y Josef Maiman sobre la ruta del dinero a través de cuentas ‘offshore’ en el extranjero.

Mientras se indagaba sobre la conexión del alquiler de la avioneta y el gobierno regional de Vizcarra en Moquegua llegó la pandemia del COVID-19, lo que generó que la Unidad de Investigación priorizara la cobertura de temas relacionados a la crisis sanitaria en el país.

Hasta que en octubre de este año El Comercio accedió a las declaraciones de cuatro aspirantes a colaboradores eficaces de la fiscalía, quienes revelaron la conexión entre el entonces presidente Vizcarra y los consorcios encargados de la construcción del hospital de Moquegua y Lomas de Ilo. En sus declaraciones, aseguraron que a Vizcarra le pagaron sobornos por las obras (S/1′300.000 por el hospital y S/1′000.000 por Lomas de Ilo) y que el alquiler de la avioneta fue una pequeña parte del pago por los presuntos sobornos que recibió de Obrainsa Astaldi. Esta información y la documentación revisada previamente nos permitieron cerrar el círculo de una investigación que se había iniciado hace un año y tres meses.

La cronología del proceso investigativo, de más de un año, queda plasmada en este relato, que describe los documentos y entrevistas obtenidas de diversas fuentes consultadas por este Diario. Estas fueron la contraloría, el Gobierno Regional de Moquegua, la Superintendencia Nacional de Migraciones, periodistas de diarios y radios de la región sureña, abogados, fiscales y exprocuradores de Moquegua, así como representantes de las empresas que fueron entrevistados algunos ‘off the record’, tal como fue nuestro compromiso. Entre octubre del 2019 y enero del 2020, se realizaron tres viajes a Moquegua para verificar in situ las irregularidades que encontramos en las dos obras que han ocasionado un millonario perjuicio al Estado. Una de ellas, Lomas de Ilo, no ha cumplido su objetivo de irrigar los campos eriazos; y la otra, el hospital de Moquegua, cuya construcción se inició hace seis años, no funciona al 100%.

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