Un nuevo prófugo y una condena: la historia detrás de la fuga de Jorge Cuba y la sentencia de las coimas de Odebrecht por el Metro de Lima

La sentencia se suma a las ya dictadas por esta misma trama de corrupción y lavado de dinero contra otras figuras, como los expresidentes Alejandro Toledo y Ollanta Humala. Con ello, el Perú se consolida como el país de la región con mayores avances en el juzgamiento de los casos ligados a la constructora brasileña Odebrecht y sus socias.

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Sin embargo, la condena llegó de la mano con el pase a la clandestinidad del principal acusado por este caso: el exviceministro de Comunicaciones Jorge Cuba, quien salió del país el último domingo, apenas cuatro días antes de que el Poder Judicial dicte una sentencia que ya se preveía como de condena. Y así lo fue. Este jueves, el Cuarto Juzgado Colegiado de la Corte Superior Nacional lo condenó a 21 años y 8 meses de prisión y, ante su ausencia en la audiencia donde se leyó la resolución, ordenó su captura.

El exviceministro se sumó así a otros fugitivos notables de la justicia peruana como la ex primera dama Nadine Heredia, asilada por Brasil mientras era sentenciada por los aportes de Odebrecht a las campañas de Ollanta Humala; el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, antes condenado por corrupción y hoy prófugo por un proceso de lavado de dinero; o Juan Silva, el exministro de Pedro Castillo investigado por presunta corrupción y organización criminal.

El caso del Metro de Lima fue uno de los que dieron origen al megacaso Odebrecht en el Perú. En enero del 2017, a partir de las confesiones de la constructora brasileña ante la justicia de Estados Unidos, la fiscalía peruana comenzó a investigar el presunto pagos de sobornos a funcionarios peruanos por distintos proyectos, entre ellos el de la obra también conocida como ‘Tren Eléctrico’.

Las sospechas pronto apuntaron a Jorge Cuba, exviceministro de Comunicaciones del MTC (2009-2011) del segundo gobierno de Alan García; y a los integrantes del comité de selección para los tramos 1 y 2 del Metro de Lima. El primero lo conformaron Santiago Chau, Magdalena Bravo y Jesús Munive. Este último también integró el comité del tramo 2 junto a Edwin Luyo y Mariella Huerta.

Odebrecht y su socia peruana, Graña y Montero, se adjudicaron los tramos 1 y tramo 2 en el 2009 y 2011. Según la investigación y eventual acusación fiscal, esto se hizo mediante un acuerdo ilícito (pacto colusorio o colusión) entre estos funcionarios y la empresa brasileña, el cual implicó pagos de dinero a cambio del favorecimiento por un total de US$ 8,1 millones.

En el 2019, el Poder Judicial aprobó el acuerdo de colaboración de Odebrecht, en el que la empresa admitió oficialmente haber pagado sobornos en esta y otras tres obras. Ese mismo año, el fiscal José Domingo Pérez, del equipo especial Lava Jato, presentó su acusación por este caso.

Además de la imputación por colusión, también acusó por lavado de dinero a Jorge Cuba, Edwin Luyo, Mariella Huerta y Santiago Chau; y a tres personas ligadas al exviceministro: su expareja Jessica Tejada, su sobrino Víctor Muñoz y su extrabajador Miguel Ángel Navarro. Se les imputó complicidad en los presuntos actos para darle apariencia de legalidad al dinero de origen ilícito pagado por Odebrecht.

Luego de un largo control judicial, el juicio recién empezó en diciembre del 2022, a cargo del Cuarto Juzgado Colegiado de la Corte Superior Nacional, presidido por la jueza Fernanda Ayasta. El juicio fue largo, pero tuvo la particularidad de ser el único de los Casos Lava Jato, hasta ahora, en contar con la declaración directa de Jorge Barata, el exjefe de Odebrecht en Perú, quien confirmó el pago de sobornos. Lo mismo hizo Carlos Nostre, exdirector de contratos de la constructora abocado al proyecto del Metro de Lima. Ambos corroboraron la tesis fiscal y apuntaron a Jorge Cuba como el hombre clave detrás del acuerdo ilícito.

“Él dice que podría ayudar a la empresa (Odebrecht) a cambio de una contrapartida. Ahí me pide una suma de dinero para que él favorezca a la empresa y haga que gane el concurso”, declaró Carlos Nostre en junio del 2023. En septiembre de ese mismo año, Jorge Barata dijo a los jueces que “aceptamos la proposición del señor (Jorge) Cuba” y que la solicitud fue de US$ 1.4 millón por el tramo 1 y de US$ 6.7 millones por el tramo 2.

Luego de escuchar a todos los testigos y evaluar todas las pruebas, además de oír los alegatos finales de la fiscalía, la procuraduría y las defensas, el juzgado escuchó la última palabra de Jorge Cuba y el resto de acusados la semana pasada, el 17 de julio. El exviceministro negó ese día que Odebrecht haya tenido injerencia en la licitación o que haya introducido dinero de origen ilícito al Perú. “Me declaro inocente y solicito a ese digno colegiado que me absuelva de las imputaciones materia de este juicio”, manifestó.

Al final de esa audiencia, el juzgado anunció que la sentencia iba a ser leída este jueves 24 de julio y citó a todos los acusados para ese día. Sin embargo, solo cinco de ellos se presentaron: Edwin Luyo, Magdalena Bravo, Jesús Munive, Mariella Huerta (de forma virtual desde Estados Unidos) y Santiago Chau (conectado desde el penal donde cumple prisión preventiva desde febrero del año pasado).

Jorge Cuba y los tres acusados vinculados a él (Víctor Muñoz, Miguel Ángel Navarro y Jessica Tejada) no asistieron, solo se presentaron sus abogados. Al inicio de la audiencia, el fiscal José Domingo Pérez informó al juzgado que según información que les entregó la policía, el exviceministro había salida del Perú a través de la frontera con Ecuador el último domingo 20 de julio, solo cuatro días antes.

Con esa información, la jueza Fernanda Ayasta, como directora de debates del juicio, inicio la lectura de la sentencia. En su primera parte, esta se centró en considerar probado que hubo una serie de irregularidades en las licitaciones de los tramos 1 y 2 del Metro de Lima destinadas a favorecer a Odebrecht como parte del “acuerdo colusorio”. “Se corrobora lo señalado por los testigos Jorge Barata y Carlos Nostre: que el proceso estaba direccionado”, leyó la jueza.

En cuanto a la participación de Jorge Cuba en estos procesos, se concluyó que esta fue “activa” y que realizó “coordinaciones” con los miembros de los comités. “Ha quedado acreditado plenamente que los acusados fueron parte del acuerdo colusorio en los procesos de licitación pública. Además, se ha establecido plenamente que Jorge Cuba tenía vinculación directa con los acusados Mariella Huerta, Jesús Munive, Edwin Luyo, Santiago Chau y Magdalena Bravo", leyó la jueza.

De forma complementaria, también consideran probado que hubo el “pago de una contrapartida” hecho por la constructora brasileña luego de haber ganado ambas licitaciones. “Resulta claro que se realizaron pagos por parte de Odebrecht en contraprestación, a favor de los acusados que formaron parte del acuerdo colusorio”, concluyó el tribunal.

Los pagos fueron hechos principalmente desde empresas offshore de Odebrecht, pero también en efectivo, a través de cuentas abiertas en la Bancada Privada de Andorra. “Se tiene acreditado que las empresas offshore (ligadas a los acusados) recibieron fondos a través de las offshore Aeon Group y Klienfield Service, vinculadas a la Oficina de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, y que las fechas en que recibieron los fondos coinciden con las fechas posteriores al otorgamiento de la buena pro”.

A partir de las operaciones de dinero hechas a través de esas cuentas, el juzgado también consideró acreditado el delito de lavado de dinero. “Queda acreditada la imputación de lavado de activos bajo las modalidades atribuidas a los acusados Jorge Cuba, Santiago Chau, Edwin Luyo, Miguel Navarro y Víctor Muñoz”, dijo el juzgado.

Sin embargo, descartaron el agravante de que el delito se haya cometido bajo la estructura de una organización criminal y absolvieron a la acusada Jessica Tejada, bajo el criterio de que firmó documentos bajo el “principio de confianza” en Jorge Cuba, quien era su pareja al momento de los hechos.

Con todo esto, el juzgado condenó a 21 años y 8 meses de prisión a Jorge Cuba, Mariella Huerta y Edwin Luyo por lavado de activos y colusión. Por ambos delitos también se impuso 18 años y 4 meses a Santiago Chau. Víctor Muñoz y Miguel Navarro fueron condenados por lavado de dinero a 16 años y 8 meses y 13 años y 4 meses de prisión, respectivamente. Finalmente, Jesús Munive y Magdalena Bravo fueron sentenciados a cinco años de prisión suspendida por colusión.

Adicionalmente, se impuso el pago de S/ 2 millones como reparación civil entre los sentenciado por colusión y el pago de US$ 12 millones como reparación civil entre los sentenciados por lavado de activos.

Sobre el final de la audiencia, la fiscalía anunció que apelará para que también sea condenada Jessica Tejeda y para que las penas para el resto de acusados sean mayores. Las defensas de estos últimos también indicaron que apelarán el fallo. La única abogada conforme con la decisión fue la de la exvoleibolista.

Culminada la lectura, la policía judicial detuvo a Edwin Luyo para su posterior internamiento en un penal. Contra los otros sentenciados a prisión efectiva que no estaban en la sala, entre ellos Jorge Cuba, se dictó órdenes de captura a nivel nacional e internacional.

La última vez que se vio a Jorge Cuba fue una semana antes de la sentencia, aquel 17 de julio en que se realizó la última audiencia del juicio. A diferencia de otros acusados de su mismo caso, que se mostraron más emocionales, su participación en la audiencia fue más bien calmada, centrándose en aspectos técnicos de la licitación.

Tres días después, el domingo 20 de julio, Jorge Cuba salió del país por la frontera con Ecuador, tal como consta en su certificado de movimiento migratorio, al que accedió El Comercio. Su última salida había sido el 24 de diciembre del 2016, cuando fue a Estados Unidos. Coincidentemente, tres días antes había estallado el Caso Lava Jato en Perú al conocerse que Odebrecht admitió ante ese país haber sobornado a funcionarios peruanos entre el 2005 y el 2014.

A diferencia del expresidente Alejandro Toledo, quien permaneció en Estados Unidos hasta que fue extraditado por una acusación similar de recibir sobornos de la empresa brasileña, Jorge Cuba volvió al Perú el 31 de enero del 2017. Por entonces, ya tenía una orden de prisión preventiva por el Caso Metro de Lima, dictada por el juez Richard Concepción Carhuancho, que lo llevó a ser detenido de inmediato.

En noviembre del 2019, la Primera Sala de Apelaciones de la Corte Superior Nacional ordenó que Jorge Cuba y Edwin Luyo -quien cumplía la misma medida- sean liberados tras cumplirse el plazo máximo de prisión preventiva. Ambos ya tenían acusación por este caso, pero estaba todavía en etapa de control y el juicio aún era lejano. Sin embargo, también se les impuso impedimento de salida del país por 18 meses, medida vigente hasta mayo del 2021.

A mediados del 2022, el caso superó el control de acusación y el juicio, por fin estaba cerca. En ese contexto, la fiscalía volvió a pedir un impedimento de salida del país para Jorge Cuba y otros acusados. Por ello, en agosto de ese mismo año, la medida fue impuesta nuevamente por el juez Richard Concepción Carhuancho, esta vez por 24 meses. Es decir, hasta agosto del 2024.

El juicio del Caso Metro de Lima comenzó en diciembre del 2022, pero avanzó lento, como la mayoría de este tipo de casos en el Poder Judicial: con una sola audiencia por semana. Agosto del 2024 llegó y el juicio aún seguía en marcha, por lo que la fiscalía volvió a pedir una ampliación del impedimento de salida del país.

El juez Concepción Carhuancho volvió a aceptar el pedido, pero solo por seis meses. Es decir, hasta febrero del 2025. La fiscalía apeló porque buscaba que el impedimento sea hasta de doce meses, hasta agosto del 2025. El cálculo era, como eventualmente ocurrió, que para entonces el juicio y habría terminado y habría una sentencia.

Sin embargo, en una resolución de segunda instancia dictada en enero, la Primera Sala de Apelaciones decidió revocar el impedimento de salida del país al considerar que ya se habían superado todos los plazos en que esta medida puede ser aplicada. En abril, en cumplimiento de esa decisión superior, el juez Concepción Carhuancho informó a Migraciones que Jorge Cuba ya no tenía impedimento alguno para dejar territorio peruano.

Para el Ministerio Público, la decisión de la sala superior se tomó como consecuencia de la Ley 32130, promovida por el Congreso y promulgada por el gobierno en octubre pasado, la cual limita los plazos en los que se pueden imponer restricciones a los procesados, como las de prohibirles que dejen la localidad en que residen. “El señor Jorge Cuba, lamentablemente, ha fugado porque gracias a una ley del Congreso actual, no se le ha podido ampliar el impedimento de salida del país que tenía”, afirmó el fiscal José Domingo Pérez a la salida de la audiencia.

“Si le ponen límite temporal a una medida como la comparecencia con restricciones, consecuentemente una restricción mayor, como es el impedimento de salida, también la va a tener”, agregó el fiscal en declaraciones a El Comercio. Añadió que en aplicación de esa ley, no se podía tampoco imponerle “como una regla de conducta, como parte de una comparecencia, el no ausentarse la localidad”.

Más allá de eso, destacó que esta sentencia “demuestra que en el segundo gobierno aprista hubo corrupción en su obra más emblemática, que es el Metro de Lima”. “Esto demuestra de que la labor que hemos estado realizando en el equipo especial Lava Jato está llegando a los resultados que son las sentencias condenatoria”, añadió.

Sin impedimento alguno, Jorge Cuba no tuvo problemas ni activó ninguna alarma cuando salió del Perú rumbo a Ecuador el último fin de semana. No se sabe si sigue ahí o si desde allí cruzó otra frontera o tomó un vuelo hacia otro país. Su abogado, Renzo Gonzales, dijo a El Comercio luego de la audiencia que la última vez que se comunicó con su defendido fue el 17 de julio, día de la audiencia previa, y que se enteró por la prensa sobre su salida del país rumbo a Ecuador.

“No tengo conocimiento exacto de dónde se encuentra actualmente. Lo que puedo asegurar es que se le notificó sobre su deber de estar presente”, dijo. Sin embargo, también sostuvo que Jorge Cuba “ha decidido resguardar su integridad y esperar la decisión de la segunda instancia. Es un derecho que le corresponde, como a cualquier ciudadano”.

En otro momento, negó que su defensa le haya recomendado salir del país. Consultado por este Diario, evitó responder respecto a si su consejo como abogado sería que se entregue a las autoridades o que se mantenga “resguardando su integridad”.

En tanto, la abogada del sentenciado Víctor Muñoz Cuba, la excongresista Rosa Bartra, dijo a El Comercio que su defendido no acudió a la audiencia de lectura porque era “su derecho”, pero que iba a coordinar con él para que se ponga a derecho. Al cierre de esta nota, no hay novedad sobre su captura o la del otro sentenciado, Miguel Ángel Navarro.

Para completar el círculo, la fuga de Jorge Cuba se dio a pesar de que era vigilado rutinariamente por la Policía. Se trata de un “servicio de vigilancia policial permanente” en torno al domicilio de Jorge Cuba, según se informa en documentos oficiales a los que accedió este Diario, dispuesto por la resolución judicial que revocó la prisión preventiva de Jorge Cuba en noviembre del 2019.

El reporte elevado por la PNP a la fiscalía para informar sobre la salida del país de Jorge Cuba, con fecha del 23 de julio, detalla que los que agentes que vigilan su vivienda no observaron ningún movimiento suyo ni el lunes 21 ni el martes 22. La última vez que lo registraron fue la noche del 16 de julio, cuando vieron ingresar su vehículo a las 9:39 p.m.

Al no tener novedades, los policías tomaron la “medida preventiva” de verificar su registro de movimientos migratorio. Recién allí encontraron que Jorge Cuba había salido del país el 20 de julio por Ecuador. También consignaron que su vehículo seguía estacionado en su cochera “durante todo este tiempo del desarrollo del servicio”.