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La fiscalía ha pedido al Poder Judicial que dicte impedimento de salida del país y una serie de nuevas reglas de conducta contra la acusada Keiko Fujimori de cara al inicio de su juicio oral por el ‘Caso Cocteles’, donde se le imputan delitos de lavado de activos y organización criminal. La solicitud viene siendo evaluada por el juez Víctor Zúñiga en el cierre de la fase del control de la acusación contra la lideresa de Fuerza Popular.
La imposición de estas medidas, que también se solicitan para otros siete acusados, formaron parte originalmente de la acusación del fiscal José Domingo Pérez contra Keiko Fujimori y sus más de 40 coprocesados. Allí se piden 30 años y 10 meses de condena en su contra. No obstante, la fiscalía ratificó y actualizó su solicitud el último jueves, y la sustentó en las audiencias de control de acusación del último lunes y miércoles. La defensa de la excandidata presidencial se opone al requerimiento.
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Las nuevas restricciones comenzaron a discutirse el jueves 18 de mayo, luego de que se culminó con el ofrecimiento de pruebas a ser usadas en el juicio por este caso, tanto por parte de la fiscalía como por parte de las defensas de las acusadas. Fuentes de El Comercio indicaron que el debate sobre este tema será el último tema a tratarse antes de la conclusión de las audiencias de control de acusación, las cuales comenzaron en agosto del 2021.
Nuevas reglas
Ese día, la fiscal adjunta Paulina Roque, del equipo especial Lava Jato, detalló que las medidas se piden para los siguientes acusados: Keiko Fujimori, Vicente Silva Checa, Pier Figari, Ana Herz, Jaime Yoshiyama, José Chlimper, Adriana Tarazona, Mark Vito Villanella (personas naturales). Adicionalmente, se ha pedido una vigilancia judicial para el partido Fuerza Popular, procesado en este caso como persona jurídica.
En el caso específico, se piden cerca de veinte nuevas reglas de conducta, entre ellas que se eleve su caución a S/ 1 millón y se le impongan 36 meses de impedimento de salida del país. El objetivo es asegurar su presencia en el país y su sometimiento al proceso judicial mientras dure el juicio oral en su contra y se tenga una sentencia.
Desde que se le revocó la prisión preventiva en abril del 2020, Keiko Fujimori tiene cinco reglas de conducta: no ausentarse de su lugar de residencia (Lima) sin permiso del juez; pasar por control biométrico y justificar sus actividades cada mes; presentarse ante la fiscalía y el Poder Judicial cada vez que sea requerida; no comunicarse con testigos (vinculados a los falsos aportes en el caso) y coimputados; y el pago de S/ 70 mil como caución.
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La fiscal Paulina Roque, adjunta de José Domingo Pérez, sustentó la imposición de medidas contra Keiko Fujimori.
El pedido de la fiscalía es que varíen dos de esas reglas: que los controles de la acusada sean cada 15 días y que la caución se incremente a S/ 1 millón; y que se añadan otras. Todo esto para asegurar que no se interfiera en el desarrollo del futuro juicio hasta que se culmine el proceso judicial.
Nuevas reglas solicitadas para Keiko Fujimori
1. No comunicarse con testigos ofrecidos para el juicio
2. No comunicarse con colaboradores eficaces del caso
3. No comunicarse con coimputados, testigos y peritos ofrecidos para el juicio
4. No comunicarse con abogados y coacusados del proceso
5. No comunicarse con exjueces de la Corte Suprema, exfiscales supremos y exmiembros del Consejo Nacional de la Magistratura ofrecidos como testigos,
6. No comunicarse con funcionarios de la Superintedencia de Banca y Seguro (SBS) y directivos del Banco de Crédito del Perú (BCP)
7. No comunicarse con funcionarios del Jurado Nacional de Elecciones, ONPE y Reniec
8. No comunicarse con congresistas y excongresistas que estén dentro de la lista de testigos
9. No comunicarse con propietarios, apoderados, accionistas, socios, directivos, gerentes e intermediarios de empresas procesadas en el caso Club de la Construcción
10. No comunicarse con propietarios, accionistas, socios, directivos, gerentes e intermediarios de medios de comunicación
11. No emplear de forma directa o indirecta las redes sociales para obstruir o entorpecer la administración de justicia, en relación a los hechos relacionados a este proceso.
12. No declarar en prensa o redes sociales en relación a los hechos vinculados a este proceso.
13. El deber de señalar los inmuebles o residencia, así como propietarios y poseedores, a los que asiste
14. Prohibición de usar a Fuerza Popular, afiliados, militantes, candidatos, simpatizantes y cualquier persona vinculada para realizar acciones directas o indirectas de entorpecimiento a la justicia
Respecto al impedimento de salida del país por 36 meses, la fiscal Roque señaló que la grave pena a la que se enfrenta Keiko Fujimori (más de 30 años) conlleva un riesgo de fuga que justifica la imposición de esta medida. Además, recordó que, con argumentos similares, el juez Zúñiga y una sala de apelaciones rechazaron semanas atrás un pedido de la acusada para viajar a España.
Así, en la audiencia el último lunes, sostuvo que las nuevas reglas de conducta y el impedimento de salida del país contra Keiko Fujimori son “idóneas para garantizar los fines de la investigación, la concurrencia del procesado a la fase de juzgamiento y a la ejecución de la pena [...] Y permita concluir este proceso penal”. “La libertad ambulatoria de Keiko Fujimori termina cediendo frente a la obligación del Estado de investigar y, sobre todo, sancionar actos delictivos gravosos”, sostuvo.
En cuanto al aumento de la caución a S/ 1 millón, la fiscal citó reportes de Fuerza Popular que dan cuenta de boletas de pago de a Keiko Fujimori con una remuneración mensual de S/ 15.600 en octubre y noviembre del 2019; así como los ingresos declarados por la excandidata ante el JNE para las elecciones general del 2021: un total de ingresos de S/ 222.526,74. “Esos documentos dan cuenta de la capacidad económica de la acusada. Fiscalía solicita el incremento de la caución. Hay una relación directa de proporcionalidad: cuanto más incrementa el peligro procesal, la caución sigue lo mismo”, indicó.
La postura de Keiko Fujimori
En la audiencia del último miércoles, la abogada de Keiko Fujimori, Giulliana Loza, pidió que se rechace el pedido de la fiscalía. Según dijo, su defendida ha cumplido en los últimos tres años todas las reglas que se le impusieron tras salir de prisión preventiva. Además, alegó que el pedido de la fiscalía no tiene sustento, ya que no hay nuevas circunstancias que justifiquen las nuevas reglas.
También aseguró que Keiko Fujimori no tiene peligro de fuga y que “no existen razones objetivas para suponer que no se mantendrá presente ante un eventual juzgamiento, acudiendo al llamado o emplazamiento judicial”. Además, afirmó que tampoco tiene ingresos que justifiquen el pago de una caución de S/ 1 millón: “[Keiko Fujimori] percibe el mismo sueldo desde junio del 2018, no hay variación [...] Recordemos, por demás, que la situación civil de mi patrocinada es de una mujer divorciada, madre de dos hijos. ¿No hay gastos personales, de alimentación, de educación? Claramente”.
La postura de la defensa de Keiko Fujimori continuó sustentándose en la audiencia de control de acusación de este jueves 25 de mayo por la mañana. Luego, los abogados de los acusados Ana Herz, José Chlimper y Vicente Silva Checa participaron para también oponerse al requerimiento de la fiscalía. Por la tarde hicieron lo mismo las defensas de Pier Figari, Jaime Yoshiyama, Adriana Tarazona y Mark Vito Villanella.
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La acusada Keiko Fujimori y el fiscal José Domingo Pérez, protagonistas del proceso judicial por el Caso Cocteles.
La audiencia de control de acusación seguirá este lunes 29 de mayo. Se prevé que allí sea el turno del abogado de Fuerza Popular, el exprocurador Christian Salas, para oponerse a la solicitud de vigilancia judicial al partido. Luego vendrá un segunda ronda de debate entre la fiscalía y los abogados antes de cerrar la discusión. Por lo tanto, ese día también podrían culminar -luego de un año y nueve meses- todas las audiencias de control de acusación, con lo que el Caso Cocteles quedaría listo para pasar a juicio oral.
Los cargos contra Keiko Fujimori, que son por lavado de activos, organización criminal, falsa declaración en procedimiento administrativo y obstrucción a la justicia, ya fueron expuestos en el último año durante las audiencias de control de acusación. A lo largo de esta, el juez Zúñiga rechazó los intentos de la defensa de la excandidata para archivar el proceso en su contra.
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Así, de forma similar a lo ocurrido esta semana en el proceso contra Alejandro Toledo, el juez ya ha validado la acusación de la fiscalía a nivel de forma (formal) y fondo (sustancial), por lo que el caso deberá pasar a juicio una vez terminado el control de acusación. Sin embargo, la defensa de Keiko Fujimori sosotuvo durante la audiencia del último miércoles que aún es posible que una sala de apelaciones les dé la razón y el caso -al menos en lo referido a ella- se archive sin pasar a etapa de juzgamiento.
En suma, la imputación fiscal es que Keiko Fujimori lideró una organización criminal que lavó más de US$ 10 millones provenientes de empresas (entre estos US$ 1 millón de Odebrecht) para sus campañas presidenciales del 2011 y 2016, en las que postuló sin éxito a la presidencia. La defensa de la lideresa fujimorista rechaza la tesis fiscal. Será en el juicio donde finalmente se determinará si la acusada es culpable o inocente.
