Los problemas de las nuevas bases para la JNJ

El pasado 19 de setiembre, la comisión especial encargada del concurso para elegir a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) emitió las bases para postular a este organismo encargado de la evaluación y ratificación de jueces y fiscales. El documento presenta vacíos que podrían generar inconvenientes en esta segunda convocatoria.

En primer lugar, el cronograma planteado señala que la evaluación de conocimientos a los postulantes se realizará el 3 de noviembre y los resultados se entregarán al día siguiente. La prueba se tomará mediante examen oral: los participantes tendrán 90 minutos para resolver un caso práctico, y después 30 minutos, entre exposición y preguntas, para sustentar sus respuestas ante un comité técnico de evaluadores designado por la comisión especial.

Este es el primer problema advertido por varios especialistas. En el mejor de los escenarios, un comité técnico solo podría evaluar a 16 participantes si trabaja ocho horas al día. En la primera convocatoria, se presentaron más de cien abogados al concurso.

Por ello, para acabar esta etapa en un solo día se tendría que convocar a varios comités técnicos que trabajen en paralelo, pero los criterios para la selección de estos jurados no están especificados en las bases. Tan solo se señala que los evaluadores deberán inhibirse si hay algún conflicto de intereses.

“Veo un vacío en las bases. No se establecen los requisitos mínimos que los evaluadores deberían cumplir, ni se han previsto criterios uniformes para una evaluación de conocimiento imparcial, objetiva y efectiva”, señala Verónica Rojas, especialista en derecho administrativo.

Ella explica que corregir esta situación, utilizando herramientas como las rúbricas que se emplean en la evaluación universitaria, evitaría que cada jurado tenga criterios subjetivos diferentes en la evaluación.

En ese punto concuerda el constitucionalista Luciano López, quien señala que se debería emitir unas bases complementarias para estandarizar criterios, y capacitar a los evaluadores.

–Otros problemas–

La Ley Orgánica de la JNJ establece que las funciones de la comisión especial son indelegables, por lo que podría generar controversia que la evaluación de conocimientos recaiga sobre comités técnicos.

Rojas señala que la regla general es que, por circunstancias que lo justifiquen, todo es delegable pero dentro de los mismos órganos; lo que no se puede delegar son las funciones esenciales de la comisión especial. En este caso, de las bases se desprende que se está designando a evaluadores externos. Para ella, todo depende de lo esencial que resulte esta etapa para eliminar a los postulantes.

454 jueces y fiscales cumplieron siete años en sus cargos en la segunda mitad del 2018, desde la desactivación del CNM.

1.353 los cumplieron a lo largo de todo el 2019. Los años 2012 y 2013 fueron prolíficos en el nombramiento de magistrados.

Además, las bases del concurso establecen que la etapa de la evaluación de conocimiento tiene un puntaje máximo: 30 puntos. Los que ocupen los 28 primeros lugares pasarán. Sin embargo, no establece un puntaje mínimo, lo que plantea la siguiente pregunta: ¿Qué pasaría si todos los candidatos que se presentan obtienen una baja puntuación? Rojas señala que este es otro vacío en las bases.

Para la penalista Vanessa Valverde, esta opción de evaluación no es la más óptima, pero es práctica, pues permite avanzar rápido.

Una semana después de haber enviado las preguntas a la comisión especial, encabezada por el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, este Diario no recibió respuestas precisas.

En la última entrevista que Gutiérrez dio a este Diario, se le plantearon estas consultas. Respondió que han compartido con los técnicos cómo se van a diseñar los casos, que han hecho una rúbrica de evaluación y que se van a hacer públicos, pero no dio mayores detalles. Por último, Gutiérrez señaló que la comisión evaluará a los evaluadores y participará en los exámenes.

–Los pendientes–

Después de que concluya la selección de los nuevos miembros de la JNJ, la carga procesal que tendrán que asumir es vasta. En el momento de la desactivación del Consejo Nacional de la Magistratura –a raíz de las denuncias de corrupción por el Caso Los Cuellos Blancos del Puerto–, se truncó la revisión de los expedientes de 763 magistrados, entre los que había 390 jueces, 372 fiscales y el jefe de la ONPE. Algunos ya habían pasado varias etapas de este proceso.

Además, del 2018 a fines del 2020, en total 3.007 magistrados habrán cumplido más de siete años en sus puestos, tiempo establecido para pasar por una evaluación para su ratificación en el cargo. De ellos, 1.917 son fiscales y 1.090 jueces, según fuentes de la JNJ.

Una de las etapas claves de este proceso de evaluación es la entrevista que los miembros de la JNJ tendrán que hacer a estos magistrados. En esta fase, se les preguntará por sus mejores casos, sus demoras, quejas, temas económicos, éticos, personales, entre otros.

Si bien los trabajadores administrativos de la JNJ pueden recopilar información para armar los expedientes de los jueces y fiscales y seleccionar asuntos controversiales sobre los que interrogarlos, la entrevista solo la podrán realizar los siete miembros de la JNJ: es una función indelegable. Ellos tienen que estudiar cada expediente.

Fuentes de la institución señalan que en el mejor de los casos podrían entrevistar a una persona en media hora, pero en casos complicados se pueden extender hasta cuatro horas. El expediente de un magistrado que no ha tenido muchas controversias, como la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, puede contener mil hojas. Mientras, un juez que ha sido acusado de hechos ilícitos, como el exjuez Ricardo Chang Recuay, puede tener un expediente de 16 mil páginas.

En el mejor de los escenarios, la JNJ podrá terminar de entrevistar a todos los magistrados en nueve meses, a un ritmo de ocho por día.

La enorme carga procesal también implica un reto: los integrantes de la JNJ van a tener que depositar su confianza en la revisión de los expedientes que hagan sus asesores antes de las entrevistas. Las antenas anticorrupción también deberían alertar de posibles irregularidades en estos funcionarios.