Nicanor Boluarte- presunto cabecilla de Los Waykis en la Sombra- “no solo habría ocultado, suprimido y destruido elementos de prueba”, a través de Jorge Chingay Salazar y Víctor Hugo Torres Merino, mandos medios de la referida red criminal, “sino también de manera directa” al haber estado advertido de que iba a ser objeto de allanamiento en mayo último, según detalló el Ministerio Público.
Boluarte Zegarra es investigado por los presuntos delitos de organización criminal, cohecho activo genérico y tráfico de influencias, al ser sindicado por el Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) de liderar una red que tuvo como finalidad copar la Dirección de Gobierno Interior (DGIN) del Ministerio del Interior, mediante “la designación ilícita” de prefectos y subprefectos en nueve regiones del país.
También se le imputa haber instrumentalizado a estas autoridades para que recaben fichas de afiliación y aportes económicos para inscribir al partido Ciudadanos por el Perú (CPP).
Y, además, el hermano de la presidenta Dina Boluarte es acusado de haber ejercido “influencias reales” para intervenir en las designaciones y contrataciones de Provías Descentralizado e Instituto Peruano del Deporte (IPD). Por ello, el Eficcop ha solicitado al Poder Judicial dictar 36 meses de prisión preventiva en su contra.
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En el documento, al que tuvo acceso El Comercio, el Ministerio Público incluyó el testimonio que brindó Torres Merino, amigo de infancia de los Boluarte Zegarra, el 21 de mayo último. El tesorero de CPP contó que el “hermanísimo” les pidió a los operadores de Los Waykis en la Sombra que “tomen sus precauciones si hay allanamiento”.
“Yo había cambiado el celular, no tenía mucha información, solo las coordinaciones que estaba manifestando con [Jorge Luis] Ortiz Marreros [ex jefe de la DGIN]”, complementó.
Torres Merino, además, narró que a raíz de la pesquisa abierta por la entrega de presupuesto a la localidad de Nachoq, Cajamarca, tras una reunión entre su alcalde y Nicanor Boluarte Zegarra, este último les ordenó tomar las medidas necesarias. Por ello, él trasladó todos los documentos que tenía sobre la formación de CPP desde su casa a un local del partido en Lince y a otros “centros de acopio”.
También refirió que, en marzo último, Boluarte Zegarra y Chingay le alertaron que venía un allanamiento en contra de ellos.
(Foto: El Comercio)
Los cajones vacíos
El Eficcop, que es dirigido por la fiscal superior Marita Barreto, subrayó que el “hermanísimo” habría sustraído y ocultado evidencia documental que estaba en su oficina de trabajo, ubicada en un ambiente de su domicilio, en San Borja. Puso como ejemplo, que cuando allanaron la vivienda con fines de incautación, los cajones de los muebles estaban “vacíos”.
El Ministerio Público detalló, además, que Nicanor Boluarte borró los mensajes que sostuvo con Mateo Castañeda, ex abogado de su hermana, en WhatsApp y Signal. En la primera aplicación, el exviceministro se autodenominaba “Silvestre”, mientras en la otra, “Silvestre Cordero”.
Para la fiscalía, este hecho evidencia que “Boluarte Zegarra habría borrado mensajes de texto, entre ellos, relacionados a coordinaciones de sus presuntas operaciones ilícitas a efectos de [que no sean] descubiertos ante un posible allanamiento, que, finalmente se llegó a materializar y ejecutar el 10 de mayo de 2024″.
A raíz de estos hechos, el Eficcop alertó que existe “un elevado riesgo de peligro de obstaculización que afectaría gravemente” el curso de la investigación.
(Foto: El Comercio)
En la solicitud de prisión preventiva, también se sindica al hermano de la presidenta de intentar influir, a través de terceros, en testigos e investigados. Uno de ellos habría sido Teodoro Berrú Zurita, quien colaboró en la campaña de Dina Boluarte a la vicepresidencia en el 2021.
Berrú Zurita, en una declaración testimonial que brindó el 16 de mayo, contó que un hombre de apellido “Briones”, que se identificó “como abogado amigo y asesor” de Nicanor Boluarte, lo llamó por teléfono la noche anterior para ofrecerle, a nombre del “hermanísimo”, “puestos de trabajo en el Estado a cambio de que dejará de declarar en su contra”.
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En el celular incautado al presunto cabecilla de Los Waykis en la Sombra, se halló un archivo en formato Power Point denominado “Briones”, donde se detalla información básica del abogado Germán Briones Romero, como un listado de sus líneas telefónicas, una de ellas responde al número desde donde llamó al testigo.
“Este dato subraya que Nicanor Boluarte no solo estaba al tanto de las acciones de Briones Romero, sino que además estaría directamente implicado en la estrategia de influenciar sobre testigos”, remarcó el Eficcop.
El contacto de Briones también fue encontrado en el equipo telefónico que se le decomisó a Torres, hoy colaborador eficaz.
En diálogo con El Comercio, Briones rechazó haber llamado a Berrú Zurita y dijo que aún no ha sido llamado por el Ministerio Público a declarar.
“Nunca lo he llamado al señor para ofrecerle puestos de trabajo, el señor está equivocado”, expresó.
Arraigos sin calidad
El Ministerio Público, en su pedido de prisión preventiva, señaló que el arraigo domiciliario, familiar y laboral de Nicanor Boluarte “no sería de calidad”. En el primer caso, tras argumentar que utilizó su vivienda para realizar “coordinaciones ilícitas” con los miembros de Los Waykis en la Sombra para la captación de “personas de confianza” para que sean nombradas prefectos y subprefectos.
En su declaración testimonial, Armando Villalobos Leyva, ex prefecto de la región San Martín, dijo que el 17 de diciembre hubo una cita en la casa del exviceministro, donde Griselda Herrera Vásquez, presunta operadora regional de la red, le hizo entrega de dos cajas con hojas de vida para posibles designaciones.
Sobre el arraigo familia, el Eficcop sostuvo que el imputado podría sustraerse de la acción de la justicia, porque en la actualidad no tiene hijos menores de edad o mayores de edad que dependan de él económicamente.
Y sobre el último tipo de arraigo, el laboral, la fiscalía indicó que Boluarte Zegarra carece de una vinculación de calidad con las actividades profesionales que realiza, asesorías jurídicas, debido a que las desempeña de manera independiente y en una oficina en su casa de San Borja.
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El equipo de Barreto advirtió que el hermano de la presidenta tiene facilidades para abandonar el país de manera definitiva al contar con dos pasaportes, la capacidad económica de solventar un pasaje al extranjero y el respaldo del poder político de turno.
La pena estimada por el Ministerio Público que podría recibir Boluarte Zegarra es de 30 años de prisión por los presuntos delitos de organización criminal, cohecho activo genérico y tráfico de influencias.
Este Diario intentó comunicarse con Luis Vivanco Gotelli, abogado del hermano de la presidenta. No obstante, no respondió a nuestras llamadas.
Anteriormente, en Canal N, Vivanco dijo que “no hay una razón que justifique la imposición de una prisión preventiva” en contra de su cliente.
El letrado afirmó que Nicanor Boluarte “cuenta con todos sus arraigos” y no ha cometido “ningún acto, ninguna acción que haga suponer que va a entorpecer la acción de la justicia. No se justifica esta prisión preventiva”.
