Ocho entregas, reclamos de pagos y “dinero en los bolsillos”: Tres ejecutivos de ICCGSA admiten y detallan coimas a Martín Vizcarra

Los tres testigos son colaboradores eficaces con sentencia judicial por estos hechos. Es decir, sus testimonios han sido corroborados por el Poder Judicial en una carpeta independiente. Las declaraciones coinciden en que el pago se hizo entre marzo del 2014 y agosto del 2016.

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Se trata de Rafael Granados, gerente comercial de ICCGSA; José Fernando Castillo, exgerente general; y Javier Jordán, actual gerente general, quien al momento de los hechos era gerente técnico y representante legal. ICCGSA, como empresa, también tiene un acuerdo de colaboración aprobado por el Poder Judicial junto a sus directivos.

Los testigos respondieron ante las preguntas del fiscal adjunto Osías Castañeda y luego al contrainterrogatorio de Erwin Siccha, abogado de Martín Vizcarra.

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Dos de los testigos, Rafael Granados y José Fernando Castillo, incluso detallaron que le hicieron las últimas entregas personalmente. También indicaron que el mismo Martín Vizcarra les pidió en esas ocasiones -directamente o con su intermediario- que terminen de cancelarle el “saldo pendiente” que tenían con él, en referencia al S/ 1.3 millón.

Según sus confesiones, las otras entregas fueron a través de dicho intermediario: el exministro José Manuel Hernández, por entonces su amigo cercano. Este último también es colaborador eficaz sentenciado y declaró la semana previa en el juicio. Dio la misma versión, apoyada por chats entre ambos y hoy reforzada por la declaración de los empresarios.

Por todos estos hechos, que se suman al presunto soborno de S/ 1 millón de la empresa Obrainsa por el proyecto Lomas de Ilo, el equipo especial Lava Jato de la fiscalía acusa a Martín Vizcarra por el delito de cohecho (soborno). Se piden 15 años de condena para el expresidente, quien niega todas las imputaciones de la fiscalía y de sus delatores.

Los hechos se remontan a octubre del 2013, cuando la empresa formó un consorcio con la constructora Incot para presentar su oferta para el proyecto Hospital de Moquegua.

La obra consistía en hacer un hospital temporal o de contingencia, demoler el antiguo centro médico y construir la nueva estructura.

La licitación estaba a cargo de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops), que seleccionaba a un ganador y recomendaba al gobierno regional de Moquegua para que esta le otorgue la buena pro. Es decir, la gestión de Martín Vizcarra como gobernador (2011-2014) tenía la última palabra.

Los testigos indicaron que el consorcio formado por ICCGSA presentó una oferta bastante menor que la de su competidor. Es decir, de menos costo para el Estado. Sin embargo, explicaron que, en una reunión del 27 de noviembre del 2013, la UNOPS solicitó que hagan una “revisión” o “reajuste” a su oferta. A ese encuentro fueron Rafael Granados y Javier Jordán.

Rafael Granados contó que luego de eso, fue a Paracas para la reunión del CADE 2013, donde se encontró con José Manuel Hernández, quien le manifestó su “preocupación” por el pedido para que hagan la rebaja. “Sabiendo que conocía al señor Martín Vizcarra, le pido si es que es realmente necesario hacer un reajuste de esta magnitud”, declaró.

Al día siguiente, contó que lo volvió a ver en el CADE e insistió con el pedido; por lo que Hernández llamó a Martín Vizcarra y le pasó su teléfono. “Converso brevemente con él. Me presento y le comento que estábamos revisando la oferta, que nos había solicitado la UNOPS que hiciéramos un reajuste. Él me dice ‘bueno, revisen y presenten su oferta’”, declaró.

"Accedimos (al pedido de S/ 1.3 millón para Vizcarra) y dimos el consentimiento (...) Tengo conocimiento de que se cumplió el pago que se acordó".

Javier Jordán , gerente técnico y representante legal del ICCGSA al momento de los hechos. Actual gerente general de la constructora

“En otro momento, converso nuevamente con Hernández. Me dice que ya había conversado con Martín Vizcarra y que le había manifestado que faltaba algo”, dijo. “Luego es más preciso: se refiere a cuánto hay para él. Manifiesta que estaba pretendiendo S/ 1.3 millón con la finalidad de dar su aprobación de la pro y proceder con la firma del contrato”.

Granados reconoció que este “era un pedido ilícito, evidentemente. Me quedé sorprendido”. Respondió que debía comunicarse con los representantes legales del consorcio, por lo que le contó de la solicitud de dinero a Javier Jordán. Luego de hablarlo con Incot, añadió, accedieron a pagar la coima.

Javier Jordán declaró en el mismo sentido. Relató que Granados le indicó que José Hernández les estaba pidiendo “el pago de un dinero” para Martín Vizcarra con ese propósito. “Comentó que había una insistencia. Se le indicó que no se daría la buena pro y se firmaría el contrato si no accedíamos a esta solicitud de otorgar S/ 1 millón 300 mil”, aseveró.

“Me comuniqué con el ingeniero Jorge Iturrizaga (gerente de Incot), nuestro socio. Le comenté y, ante la posibilidad de no tener el contrato, (...) accedimos y dimos el consentimiento al señor Rafael Granados para que le diese conformidad al señor Hernández”, dijo. “Evidentemente, no (era un pedido lícito)”, insistió.

José Fernando Castillo, quien este año también fue sentenciado por el caso de las coimas al expresidente Alejandro Toledo por la Carretera Interoceánica, dio la misma versión. “Pedía 1 millón 300 mil soles. Era la condición sin la cual no nos daban la buena pro. (ICCGSA e Incot) accedieron. Si bien la decisión no la tomé yo, me la explicaron”.

“Evidentemente, era (un requerimiento) totalmente ilícito. Era como un chantaje. Cuando me lo contaron, pensé en esa palabra, como una extorsión, un chantaje que a uno le ponen: si no haces esto, no hago lo otro”, afirmó.

Luego del presunto acuerdo, ICCGSA presentó su oferta ajustada, ganó la buena pro y firmó el contrato sin objeciones. “Todo fluyó como debía ser”, comentó Granados.

Javier Jordán afirmó luego que los pagos a favor de Martín Vizcarra sí se concretaron, por el total del S/ 1.3 millón. “Tengo conocimiento de que se cumplió con el pago que se acordó”.

Los directivos de ICCGSA explicaron que el dinero para esos pagos se generó a través de facturas para servicios ficticios de una empresa llamada MZARQ. Solo Javier Jordán indicó que él no participó directamente en las entregas. Los otros dos, Rafael Granados y José Fernando Castillo, sí declararon haberlo hecho y también afirmaron que se pagó el total de S/ 1.3 millón.

Ambos coincidieron en que los pagos fueron hechos en ocho entregas de dinero en efectivo: las seis primeras mediante José Manuel Hernández en el 2014 (S/ 1 millón), la séptima directamente a Martín Vizcarra por parte de Granados (US$ 30 mil) a mediados del 2015, y la última por parte de Castillo en agosto del 2016 (US$ 60 mil), en la casa de Hernández.

“El pago se materializó. Fueron pagos hechos en efectivo. Hubo seis entregas a través del señor José Hernández, quien después se las hacía llegar a Martín Vizcarra. Estas fueron con cantidades de entre 100 y 200 mil soles”, dijo Granados. Según describió, José Manuel Hernández iba a su oficina en ICCGSA y “le entregaba un sobre manila con el dinero”.

“Este sobre manila era previamente preparado con el señor Fernando Castillo. Le comunicaba el requerimiento de entrega, me citaba a su oficina y armábamos junto un paquete. Lo encintábamos (sic) con cinta adhesiva y quedaba listo para la entrega. Posteriormente, yo se lo entregaba a Hernández, y él se encargaba de hacérselo llegar a Martín Vizcarra”, narró Granados.

A su turno, Castillo también testificó que fueron “ocho entregas en total”: las seis primeras en soles y las últimas dos en dólares. Además, explicó que “la idea era entregárselo en partes, porque si uno cumplía con el requerimiento (de coima) antes, nada nos garantizaba que después no haga una nuevo”.

"Él viene a mis oficinas (a mediados del 2015) y le entrego un sobre con US$ 30 mil (...) Me dijo que había un saldo pendiente y que sigamos cumpliendo".

Rafael Grandos Cueto , gerente comercial de ICCGSA

“Yo no estaba (en las primeras entregas), pero me consta (...) Cada vez que había un requerimiento, Granados venía para que yo buscara los recursos, así yo me enteraba. Yo le daba a Granados y él le daba a Hernández, durante seis oportunidades”, dijo. “Juntos contábamos los paquetes y los guardábamos en un sobre manila con cinta”.

En su propia declaración en el juicio, Hernández también dio esa descripción sobre los pagos en sobre manila. Aquella vez, dijo que las primeras dos veces, entregó los sobres a Martín Vizcarra a través de su chofer. En las siguientes ocasiones, aseguró, le dio el dinero personalmente en su oficina y el expresidente lo recogía en maletín.

Respecto a la séptima entrega, Granados sostuvo que fue “por 30 mil dólares, equivalente a S/ 100 mil” y ocurrió “a mediados del 2015″: “Martín Vizcarra ya no era gobernador y él empieza a comunicarse directamente (...) Me empieza a llamar, haciendo pedido de lo que estaba pendiente”, afirmó.

“Acordamos en una fecha para entregar esto. Él viene a mis oficinas, lo recibo en una sala y le entrego un sobre en el que se encontraban US$ 30 mil”, contó. “Le digo ‘acá esta parte de lo que pendiente por cumplir. Iremos cumpliendo a poco, seguimos cumpliendo el compromiso asumido en el CADE”.

Según declaró, al testigo le quedó claro que los pagos previos, hechos a través de José Manuel Hernández, habían llegado hasta él. “Hablamos de un saldo, de lo que estaba pendiente. Quedaban S/ 300 mil soles. Él sabía del saldo. (Dijo) que había un saldo pendiente y que sigamos cumpliendo”.

Por su parte, Castillo también se refirió a ese penúltimo pago de ICCGSA al acusado: “Sé que hubo una oportunidad en que Martín Vizcarra directamente se lo solicitó a Rafael Granados, y en las oficinas de ICCGSA le fue entregado en su mano”.

Sobre la última entrega, el mismo testigo sostuvo que cuando Martín Vizcarra “era vicepresidente y ministro de Transportes, le entregué personalmente en la casa de Hernández, ante el requerimiento de ellos”. De acuerdo con su testimonio, por entonces el acusado “estaba reclamando S/ 200 mil, que al cambio era como US$ 60 mil”.

“Yo estaba muy preocupado cuando me hacía esa exigencia porque Martín Vizcarra ya era vicepresidente y ministro. La empresa a la que yo representaba, ICCGSA, tenía varios contratos en el Ministerio de Transportes. Entonces, cualquier cosa que yo no hiciera caso, podía traer consecuencias futuras en los contratos que teníamos”, manifestó Castillo.

Según dijo, Hernández, quien era ministro de Agricultura por entonces, lo citó en una cafetería y le dijo de parte de Martín Vizcarra “que había algo pendiente y que había que cumplir la exigencia”. “Me agarró frío. No pensé que, en el cargo que ejercían (de ministro de Estado) iban a estar pidiéndome eso. Dije que iba a verlo. (El saldo) era S/ 200 mil”.

Agregó que luego “le dijo que ya y que coordinábamos la fecha y hora a través de Granados”. Este último refirió, sobre este aspecto, que coordinó la reunión con Hernández a pedido de Castillo. Para corroborarlo, reconoció los chats entre ambos proyectados por la fiscalía, en los que el exministro le da la dirección de su casa en La Molina.

“La finalidad de esa reunión era cumplir con el saldo pendiente y terminar con el pago total de lo acordado en el CADE. Quedaba un saldo pendiente de pagar de S/ 200 mil para Martín Vizcarra”, manifestó. “Tengo conocimiento que se concretó, Fernando Castillo me lo confirmó (...) Según manifestó, le entregó el saldo pendiente”.

El propio Fernando Castillo describió esa reunión en esa casa de La Molina -en la que el acusado niega haber participado- como “tensa”, porque “el tema que se iba a tocar no es fácil de conversar, más aun con el cargo que tenían los dos”.

"Puse el dinero (US$ 60 mil) en una repisa. Vizcarra se paró, lo recogió y puso ese dinero en los bolsillos de su saco y pantalón".

José Fernando Castillo Dibós , exgerente general de ICCGSA

“A la hora que llegué, veo vehículos oficiales (...) Ingresé y ya estaban José Hernández con Martín Vizcarra. Los saludé y me sentó. Era una situación tensa, que Hernández trataba de aminorar ofreciendo bocaditos, algo para tomar”, expresó. Añadió que en un momento José Hernández le hizo señas para hacerle saber que “ya era el momento”.

“Hernández se paró y dijo que iba a traer más bocaditos. Yo me paré y saqué de mis bolsillos el dinero (US$ 60 mil) y lo puse en una repisa que había en la sala. Martín Vizcarra se paró, lo recogió, puso ese dinero en los bolsillos de su saco y su pantalón. Procedió a sentarse. Le dije ‘con eso ya cumplimos, todo bien’. El hizo una señal afirmativa. Cuando terminaba de acomodarse el dinero, regresó Hernández”.

Castillo también detalló que recuerda la fecha de la reunión, el 25 de agosto del 2016, porque al día siguiente tenía una prueba médica.

Incluso contó que cuando salieron de la casa, su chofer, Jaime Salazar, reconoció al entonces vicepresidente. “Me pregunta si ese es Vizcarra, el que sale en televisión. Le dijo que sí, no le comenté nada más y nos fuimos”, contó. El chofer está citado como testigo para la próxima audiencia del juicio, que será el jueves 26 de diciembre.

En su contrainterrogatorio, el abogado de Martín Vizcarra no logró evidenciar contradicciones entre las versiones de los tres testigos. Más bien, inicialmente apuntó al cuestionarles su vínculo con el caso Club de la Construcción -en el que ICCGSA también ha admitido su responsabilidad- y desacreditar sus versiones al indicar que Martín Vizcarra había denunciado a ese grupo de empresas “en el 2016″.

En realidad, Martín Vizcarra se refirió a indicios de colusión entre un grupo empresas constructoras peruanas durante una entrevista en Canal N en agosto del 2017, meses después de haber sido censurado como ministro de Transportes en mayo de ese mismo año.

La fiscalía objetó ese tipo de preguntas del abogado, indicando que no tenían que ver con los hechos por los que se acusa a Martín Vizcarra. La objeción fue acogida por la jueza Fernanda Ayasta, directora de debates del juicio y presidenta del Cuarto Juzgado Colegiado de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada.

El abogado también deslizó que los directivos habrían coordinado sus declaraciones. Además, incidió en que, según sus versiones, Martín Vizcarra no les hizo directamente ningún pedido de dinero y que no les consta que el dinero supuestamente entregado a través de José Manuel Hernández haya llegado hasta él.

El contrainterrogatorio a Fernando Castillo Dibós fue particularmente tenso. En dos ocasiones, la fiscalía y el propio testigo advirtieron un falta de respeto de parte del defensor por reírse mientras este respondía. El abogado atribuyó su risa no a lo que decía el testigo, sino a “otras personas” presentes en el lugar desde donde participaba en la audiencia virtual.

En ambos casos, la jueza Fernanda Ayasta exhortó a Erwin Siccha para que se “concentre en el interrogatorio”. Una situación similiar había ocurrido en la audiencia de la semana previa durante el interrogatorio a José Manuel Hernández.

La tesis de la defensa de Martín Vizcarra es que todos los seis colaboradores eficaces que han declarado hasta el momento en este juicio mienten y que él no recibió ningún soborno por esta obra ni por Lomas de Ilo, el otro proyecto por el que se le acusa.

“No hay ninguna corroboración en hechos concretos, en alguien que haya visto. Incluso él mismo (Hernández) dice que él había llevado unos sobres, pero nunca constató que había dinero. La justicia debe basarse en hechos, no en dichos, y aquí no hay ningún hecho”, afirmó Vizcarra la semana pasada a su salida de la audiencia previa del juicio.

Culminado los interrogatorios, el juzgado suspendió el juicio hasta el jueves 26 de diciembre a las 3:00 p.m. Ese día declararán Jorge Iturrizaga, gerente general de Incot; Carlos Aranda, chofer de José Hernández que habría entregado al menos dos paquetes con dinero a Martín Vizcarra, y a Jaime Salazar, chofer de José Fernando Castillo Dibós.