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La fiscal de la Nación, Zoraida Avalos, dispuso iniciar diligencias preliminares contra el expresidente Ollanta Humala y tres exministros de su gobierno por el Caso Gasoducto. Se sospecha que durante su gobierno hubo colusión y asociación ilícita para favorecer a la empresa Odebrecht en ese proyecto.
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En esta nota responderemos quiénes son los investigados, qué se les imputa y por qué ha demorado el inicio de las diligencias contra el expresidente.
Los principales investigados
La investigación contra Ollanta Humala se encuentra en manos de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos. Según su resolución, Humala lideraría una organización instalada en su mandato para cometer delitos contra la administración pública y beneficiar a terceros en perjuicio del Estado.
“Se advertiría un favorecimiento ilegal y reiterado durante la gestión de su gobierno a favor del consorcio Gasoducto Sur Peruano S.A., conformado por Odebrecht”, señala Ávalos en el documento.
La segunda investigada es la ex primera dama Nadine Heredia, quien también habría liderado la organización junto a su esposo. La investigación en su contra se encuentra a cargo de la fiscal Geovanna Mori, integrante del equipo especial, pues ella no era funcionaria pública ni tenía derecho a antejuicio. Este caso se encuentra ya en la etapa de investigación preparatoria. El pasado 7 de agosto, el Poder Judicial desestimó el pedido de prisión preventiva, y le impuso comparecencia con restricciones.
A Heredia se le imputan los delitos de colusión agravada y asociación ilícita para delinquir, por presuntamente haber favorecido a la constructora Odebrecht, durante la gestión de Humala.
En el caso de Humala se investiga si ha incurrido en los delitos de asociación ilícita para delinquir y colusión agravada. Según la fiscalía, estas sospechas tienen elementos fácticos e indiciarios.
Estos hechos están relacionados a dos proyectos: la ejecución del “Gasoducto Andino del Sur”, y el proceso de creación, licitación y adjudicación de “Mejoras a la Seguridad Energética del país y desarrollo del Gasoducto Sur Peruano”. Como se recuerda, el segundo sustituyó al primero durante su mandato.
Sobre el primer proyecto, la fiscalía señala que, en razón del presunto pacto colusorio entre Humala y los representantes de la constructora, se promulgaron normas con el objetivo de que “los términos de la concesión del proyecto Gasoducto Sur Peruano sean favorables para los intereses de la empresa Odebrecht”. Además, se le devolvió la carta fianza por US$ 66,7 millones al consorcio junto a la terminación del contrato.
Según un colaborador eficaz, José Graña le preguntó a Jorge Barata, en junio del 2011, cómo iba a resolver el tema de la garantía, y este le dijo que no se preocupe porque estaba realizando un aporte importante a la campaña de Humala.
Sobre el segundo proyecto, se señala que las acciones dolosas se habrían empezado a gestar en Palacio de Gobierno, el 28 de marzo del 2012. Aquel día, el entonces mandatario sostuvo una reunión con Marcelo Bahía Odebrecht, Jorge Barata y Luis Mameri.
El colaborador 004-2019 sostuvo que, en el 2012, Barata le dijo a Graña que había sostenido reuniones con Humala y Heredia y que estos le habían manifestado que “se había decidido hacer una nueva licitación del Gasoducto basado en un esquema de seguridad energética; y que no se preocupara porque el nuevo proyecto consideraba casi la misma ruta de Kuntur”.
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Los exministros investigados junto a Humala
En el caso de Milton Von Hesse, extitular de Vivienda, se le acusa de colusión agravada, pues fue parte del Consejo Directivo de Proinversión. Según la fiscalía, su intervención fue relevante en el proceso de licitación de la concesión del Gasoducto Sur Peruano que obtuvo Odebrecht.
“Firmó actas de ‘sesiones no presenciales’ del citado Consejo Directivo en las que se determinaron aspectos fundamentales de la dirección que tomó el proceso de adjudicación a favor dell consorcio Gasoducto Sur Peruano [integrado por Odebrecht]”, señala el documento.
La fiscalía sostiene que su intervención permitió que se concreticen las irregularidades realizadas por el Comité Pro Seguridad Energética, y quedara aparentemente legalizado con procedimientos no regulados. Von Hesse fue brevemente candidato del Partido Nacionalista a la presidencia de la República para las elecciones del 2016.
En la misma carpeta se encuentra el exministro Juan Benites Ramos, extitular de Agricultura, investigado por el mismo delito. Él también integró el Consejo Directivo de Proinversión en ese periodo.
La fiscalía también señala que él estuvo presente en la ‘sesión no presencial’ en la que se designó a Edgar Ramírez Cadenillas y María del Rosario Patiño Marca –ambos investigados– como miembros del comité Pro Seguridad Energética. La fiscalía señala que sin su participación no se habría podido materializar el acuerdo colusorio entre Humala y los representantes de Odebrecht.
El tercer y último ministro investigado por la fiscal de la Nación es José Gallardo Ku, extitular de Transportes y Comunicaciones. La fiscalía señala que él participó de los mismos hechos que los otros exministros.
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Parte de la resolución fiscal sobre Ollanta Humala
¿Por qué recién inician las diligencias contra Humala?
Como punto de partida, el exprocurador anticorrupción Antonio Maldonado explica que el inicio de estas diligencias preliminares no requería que el Congreso le levante la prerrerrogativa del antejuicio político a los cuatro investigados. Recién al finalizar esta etapa que la Fiscalía de la Nación se enviará el pedido al Congreso.
En la resolución, Ávalos da cuenta de una demora que ya había advertido este diario: el informe de la Comisión Lava Jato del Congreso que recomendaba acusar a Humala y sus exministros no fue procesado. Desde el 18 de febrero del 2019, Ávalos le solicitó al Congreso información sobre la situación de las denuncias constitucionales que el pleno había aprobado que se inicien contra los altos funcionarios con la prerrogativa del antejuicio político.
¿Qué había pasado? El 9 de noviembre del 2018, el Congreso disuelto aprobó los informes de la Comisión Lava Jato, entre ellos el del Caso Gasoducto, y los remitió al Ministerio Público.
Pero Ávalos, al avocarse a esta carpeta, advirtió que las conclusiones y recomendaciones del informe señalaban que se debía formular una denuncia constitucional ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales contra los altos funcionarios, la cual no había sido tramitada.
Pero desde febrero hasta la disolución del Legislativo, en setiembre del 2019, el Congreso no subsanó los errores para que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales pueda proceder.
Por ello, Ávalos le solicitó al equipo especial que le remita la información relacionados al caso relacionada con exfuncionarios públicos de alto nivel. Allí también recogieron la denuncia interpuesta por la excongresista Yeni Vilcatoma. Los documentos se acumularon en una sola carpeta fiscal el 13 de marzo de este año, tres días antes del inicio de la cuarentena por el coronavirus.
Ministros investigados por el equipo especial
Además de ellos, otros exministros también se encuentran investigados pero a cargo de la fiscal Geovana Mori, pues su derecho a antejuicio ya venció. Dos de los más importantes son Luis Miguel Castilla y Eleodoro Mayorga, extitulares de Economía y de Energía y Minas. Ambos afrontaron un pedido de prisión preventiva, junto a Heredia, pero este fue rechazado por el Poder Judicial. En su lugar, se les dio comparecencia restringida.
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Junto a Nadine Heredia son procesados los exministro Luis Miguel Castilla y Eleodoro Mayorga.
A Castilla y Mayorga los investigan por los presuntos delitos de colusión agravada y asociación ilícita para delinquir en organización criminal. Aunque durante una de las últimas audiencias, el juez Juan Carlos Sánchez Balbuena señaló que la fiscalía los acusa de ser autores de colusión, aunque en la exposición del pedido, la fiscalía solo indicó que el pacto colusorio se habría dado entre Odebrecht y la pareja Humala-Heredia. Por ello, le pidió a la fiscalía que aclare ese aspecto.
En el caso de Castilla, se le imputa haber participado de las mismas sesiones no presenciales en las que “se acordó modificar el cronograma del proceso” para el proyecto Gasoducto Sur Peruano. También habría tenido “injerencia en reuniones con respresentantes de empresas o eventuales participantes de consorcios o postores (…) lo cual excedería las funciones atribuibles como miembro del Consejo Directivo”.
El extitular de Energía y Minas Jorge Merino también se encuentra investigado y ha dado declaraciones a la fiscalía como aspirante a colaborador. Él señaló que el 26 de marzo del 2012, fue convocado a Palacio por Humala. “Entré al despacho presidencial y para sorpresa mía estaban también el señor Jorge Barata y Nadine Heredia. Humala me dijo que era una reunión para coordinar el acto protocolar de la primera piedra del proyecto Kuntur en Quillabamba, Cusco”, señaló. Merino delcaró que Heredia le pidió “darle celeridad en los temas del proyecto Kuntur”.
Otro investigado del caso es el exministro de Transportes Carlos Paredes. Según un colaborador eficaz, Castilla le dijo a Paredes que para Heredia y Humala el proyecto del Gasoducto era de “especial trascendencia”, por lo que no debía sufrir demoras. Además, este colaborador dijo que Castilla le indicó a Paredes que Humala y Heredia le habían indicado que Odebrecht era la empresa que debía ejecutar el proyecto, “pues era la más capacitada y garantizaba que la ejecución se hiciera en los plazos previstos”.
A Paredes se le imputa haber participado en una reunión en la que se acordó la creación del Comité Pro Seguridad Energética, en el que se designaron a profesionales cercanos al Ejecutivo y con conflictos de intereses.
Por último, también se investiga al exministro de Vivienda René Cornejo, a quien se le imputa la participación en las reuniones del Consejo Directivo de Proinversión en las que se acordó modificar el cronograma del proceso especificado en las bases del concurso.
Además de ellos, se encuentran investigados los exintegrantes del Comité de Seguridad Energética de Proinversión Edgar Ramírez Cadenillas, Gustavo Navarro Valdivia y María del Rosario Patiño Marca; así como el abogado Miguel Ronceros del estudio Delmar Ugarte, que elaboraró uno de los informes jurídicos vinculados al consorcio ganador, integrado por la constructora Odebrecht.
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