Las presuntas irregularidades en la licitación de Petroperú a favor de la empresa Heaven Petroleum Operators S.A, podrían llevar a un nuevo caso contra el presidente de la República, Pedro Castillo y que ha quedado en manos de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos.
Esto, luego de recibir el informe que elaboró la fiscal anticorrupción Norah Córdova, quien lleva adelante las investigaciones contra funcionarios de Petroperú, y empresarios implicados en este caso (entre ellos Karelim López).
El informe de 28 páginas, al que accedió El Comercio, incluye las disposiciones que se emitieron para las diversas diligencias realizadas hasta el momento y el relato de las actas levantadas en las intervenciones a Palacio de Gobierno y la sede de Petroperú el pasado lunes 20 de diciembre.
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Percances en Palacio
Según el documento fiscal, y como lo había ya informado este Diario, los percances iniciaron desde la llegada del grupo de fiscales hasta la Casa de Pizarro. Así consta en el acta Nro. 1 levantada a las 12:45 de la mañana, que registra también la demora en ser atendidos y el retraso del ingreso.
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Según se relata, a esa hora, hubo una entrevista con el asesor jurídico de Palacio de Gobierno, Julio Salas Becerra, a quien se le entregó la disposición Nro. 2, en la que se daba cuenta de la diligencia para recabar información, exhibición de documentos públicos, copias de las cámaras de vigilancia, y otras actuaciones necesarias para esclarecer la investigación.
Luego de ello, Salas desapareció y los fiscales quedaron a la espera de la autorización de su ingreso.
“Sin embargo, transcurrieron 30 minutos sin que el referido funcionario retorne y luego se informó que este se encontraba en una reunión”, se relata en el documento.
Una hora después (13:48 p.m.), Salas Becerra apareció únicamente para indicarles a los fiscales que, quien debía autorizar el ingreso, era la secretaria de la Secretaría General del Despacho Presidencial, Claudia Mendoza.
El funcionario además, les dijo a los fiscales que la reunión en la que se encontraba era para coordinar la atención del pedido del personal fiscal. Finalmente, cerca de las dos de la tarde, pudieron ingresar a realizar la diligencia.
La actuación del abogado
Ya en Palacio de Gobierno los fiscales ingresaron a diversas oficinas. Sin embargo, mientras realizaban la diligencia de extracción de datos del Sistema de Registro de Visitas, se produjo otro incidente.
Según el Acta Nro 2, a las 14:20 de la tarde, mientras realizaban el procedimiento antes mencionado, “ingresó intempestivamente” la persona de Eduardo Remi Pachas Palacios, abogado del presidente Pedro Castillo.
Los fiscales dejaron constancia que se le precisó a Pachas que el mandatario no estaba comprendido en la investigación que se lleva adelante dicha fiscalía provincial.
En ese momento, se relata, el personal fiscal se percató que Pachas tenía en sus manos la Disposición Nro.2 que les facultaba a realizar la diligencia en las instalaciones de Palacios. Al ser consultado cómo obtuvo dicho documento, el abogado no quiso decirlo.
“Adicionalmente, se le consultó a Salas Becerra sobre a quién había entregado la Disposición nro.2 a lo que respondió que se la había entregado al Secretario General Carlos Ernesto Jaico Carranza; sin embargo no indicó quién le había entregado la referida disposición al abogado Pachas Palacios”, se precisa.
Tras dicho impase, los fiscales continuaron con el recojo de información, logrando obtener el registro de visitas, lo que fue almacenado en un USB y posteriormente lacrado, según una Tercera Acta de Exhibición de Información.
Reiteran negativa de Castillo
En otro punto del documento que obra en manos de la Fiscalía de la Nación, se reiteró la respuesta negativa que se les dio cuando solicitaron ingresar a la Secretaría del Despacho Presidencial como parte de las diligencias que venían actuando, tal como lo informó El Comercio.
“A las 14:30 horas se levantó el Acta Fiscal Nro.4 con la que se dejó constancia que el señor Julio Ernesto Salas Becerra refirió que el Secretario General Carlos Jaico Carranza, le informó que el Presidente de la República Pedro Castillo Terrones, fue quien no autorizó el ingreso del personal fiscal a la Oficina de Secretaría del Despacho de Presidencia”, se reitera en el documento enviado a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos.
Luego de ello, se dirigieron a otro ambiente de Palacio donde levantaron una Quinta Acta sobre Exhibición de Información en el Módulo del Circuito Cerrado de Televisión (MCCTV). Es este lugar se dejó constancia de la visualización que realizaron a las cámaras de video vigilancia operadas por personal de la Casa Militar sobres las cuáles se requirió sean remitidas al despacho fiscal.
El martes 21 de diciembre, la Casa Militar de Palacio de Gobierno remitió a la fiscalía las imágenes solicitadas en un USB.
Sustracción y desaparición
Mientras todo ello sucedía en Palacio de Gobierno, en la sede de Petroperú otro grupo de fiscales encabezados por Rodrigo Rurush, también intervenían las oficinas de dicha dependencia del Estado.
En estas instalaciones los fiscales también dejaron constancia la obtención de información relacionada al caso, la entrega voluntaria de documentos, así como la sustracción y desaparición de información sobre visitas, registros de ingreso vehicular y videos de vigilancia.
Según el Acta de las 10:45 a.m., fueron atendidos por el gerente legal de Petroperú Jorge Mendoza y luego se les unió el gerente general de Petroperú, Hugo Chávez Arévalo, investigado por este caso.
Con el consentimiento de Chávez acudieron a su oficina en el piso 20 del edificio, donde se recabó una hoja con números de cuentas bancarias, un block, un acta de sesión virtual de la junta de accionistas del Petroperú, un acuerdo de directorio 109-2021, un pronunciamiento a la sociedad civil de Talara, dos cuadernos de ocurrencias en el Piso 20 cliente: Petroperú 2021, etc.
Se dejó constancia que, de manera voluntaria, se hizo entrega de dos equipos de cómputo portátil, un teléfono de Hugo Chávez y un USB. Además, el funcionario entregó el Informe Técnico Económico de compra de Biodiésel B100 nacional del 27 de octubre del 2021 y una impresión de la agenda personal del funcionario de octubre a diciembre.
En el ambiente contiguo a la gerencia general se encontró a dos asistentes de gerencia quienes entregaron sus equipos de cómputo. Todo fue sellado y lacrado.
A las 11:34 de la mañana, los fiscales Clarita Baca y Marco Carbajal, ingresaron al piso cuarto piso del edificio donde se ubica la Gerencia de Seguridad de Petroperú.
Allí, se solicitó la exhibición y entrega de los cuadernos de registros de ingresos de personas y vehículos a las instalaciones del edificio de Petroperú. Allí, el supervisor de seguridad Manuel Richter les entregó voluntariamente el Registro de Ingreso Vehicular Playa Sur Cliente: Petroperú. Este, contenía 100 folios y solo registraba la información desde el jueves 21 de octubre al 29 de noviembre del 2021.
Los fiscales, pese a buscar más registros en otros ambientes, no encontraron información anterior al 21 de octubre, por lo que se dejó constancia del hecho.
“Se constató que en este lugar existen varias cajas conteniendo cuadernos y libros correspondientes a varios años y, al efectuarse una nueva búsqueda del cuadernos de registros vehicular anterior al 21 de octubre del 2021, se obtuvo resultado negativo”, se precisó en el acta fiscal.
En el mismo lugar, los fiscales recabaron un Cuaderno de Registro de Control de Visitas PTO 18 ASC Público Cliente Petroperú cuya data se registraba del 8 de abril al 29 de noviembre del 2021, conteniendo 88 folios.
Pero el acta reseña otro episodio extraño. Cuando se les entregó en el registro de visitas al Piso 20-Cliente Petroperú, donde se ubica la Gerencia de Petroperú, los fiscales observaron que le faltaba una página, según se deja constancia en el documento fiscal.
El registro de 77 folios registra los ingresos desde las 15:54 del 25 de octubre hasta las 14:34 del 17 de diciembre del 2021.
“Cuenta con 77 folios llenados en su anverso y reverso con manuscritos de tinta de lapicero de color azul y rojo hasta el anverso de folio 12, pero el registro propiamente de las visitas es hasta el anverso del folio 4. Se deja constancia que antes del folio 1 se ha sustraído una hoja de este cuaderno, contando tan solo con la continuación de la hoja sustraída que el último folio, o sea, el 77″, se indica en el acta.
En ese momento, los funcionarios de Petroperú aseveraron que los encargados de almacenar y custodiar los cuadernos de registros de visitas y ocurrencias es la empresa de vigilancia Seguroc.
Según un documento que les fue entregado, se dispuso el cambio de los encargados de las principales oficinas del área de seguridad. El 6 de diciembre se designó a Iván Cuba como gerente del Departamento de Seguridad de Petroperú y el mismo 20 de diciembre, el día de la diligencia fiscal, se había designado a Omar Camano Pachas como jefe de Seguridad Patrimonial de Petroperú.
La primera oficina, antes se denominada Gerencia QHSSE, hasta el 23 de noviembre estaba a cargo Juan Gallarday y luego asumió Raúl Verano hasta el 5 de diciembre.
Finalmente, en el Acta de Verificación y Visualización de Archivos Digitales de Video se dejó constancia que se revisaron los “nueve” servidores con los que cuenta Petroperú; “sin embargo, en 8 de los servidores no se encontraron imágenes del periodo comprendido entre el 15 al 28 de octubre del 2021, debido a la sobre escritura de grabación de las cámaras por la capacidad de almacenamiento de cada servidor”.
Una última acta, levantada en Petroperú, deja registro de la recepción del expediente administrativo original de la selección para adquisición de Biodiesel B100 para Callao, Conchán y Mollendo. Además, la entrega voluntaria de sus equipos telefónicos de los investigados Jorge Abusada Sumar, Gunther Document Celis y Daniel Liy León.
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