PJ confirma autorización para que Susana Villarán pase control biométrico virtual

El Poder Judicial decidió confirmar la Resolución N° 66, emitida por el juez del Sétimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, que resolvió declarar fundada la solicitud de prórroga de control biométrico virtual formulada por la defensa técnica de la exalcaldesa de Lima Susana Villarán, quien viene siendo investigada por la presunta comisión del delito de colusión agravada y otros en agravio del Estado.

LEE: Daniela Ibáñez: “Más del 85% de las ONG que reciben dinero no registran sus actividades”

De acuerdo al expediente 00021-2019-89-5001-JP-PE-01, la defensa técnica de Villarán solicitó que se prorrogue la vigencia del control virtual penal de procesados libres a favor de su patrocina, por tratarse de una persona de avanzada edad, por su condición de afectación inmunológica causada por lupus e hipertensión y por vivir en el distrito de Lurín.

Esto luego que el Juez del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional dicte comparecencia con restricciones contra la investigada, quien debía presentarse cada 15 días al registro de Control Biométrico.

Tras ello, en enero de este año, el Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional “declaró fundada la solicitud de prórroga del control biométrico virtual formulada por la defensa técnica de Susana Villarán”. Sin embargo, el Ministerio Público interpuso recurso de apelación, el cual fue concedido por resolución N° 65, de fecha 06 de febrero del 2024 y elevado a esta Sala Superior.

Por otro lado, el documento menciona que la exalcaldesa manifestó durante su intervención ante la Sala que desde los 65 años tiene diagnosticada hipertensión crónica, por lo cual recibe medicación en la seguridad social donde se atiende de manera exclusiva.

MÁS: Diana Seminario: “¿El JNE benefició a Pedro Castillo en las elecciones del 2021?

Cabe mencionar que la exalcaldesa viene cumpliendo una detención domiciliaria mientras es investigada por los presuntos sobornos que habría recibido por parte de las empresas brasileñas, Odebrecht y OAS para favorecerlos con adendas en el contrato del Proyecto Línea Amarilla en el 2012.