Cuatro nuevas sentencias contra expresidentes se darían este año: los casos emblemáticos que se resolverán y los juicios que iniciarán

Para el 2025, la apuesta es mayor: el año que acaba de iniciar podría ser el escenario de cuatro nuevas sentencias conta expresidentes peruanos, cuyas acusaciones van desde la corrupción y el lavado de activos hasta la rebelión. Las sentencias podrían ser condenatorias, como la que ya tiene Alejandro Toledo, o de absolución, como buscan las defensas de los exmandatarios.

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Tres sentencias son fijas para los primeros meses del 2025 y también están vinculadas a la trama Lava Jato; mientras que una cuarta, la de Pedro Castillo por el golpe de Estado, podría acabar este mismo año. Esto último dependerá de que la próxima instalación del juicio no se dilate y de la frecuencia con la que se realicen las audiencias en la Corte Suprema.

En el 2024, luego de casi ocho años del estallido del megacaso, la sentencias de Lava Jato comenzaron a llegar. La primera fue la del Caso Bonos Soberanos, con tres condenados; pero la más sonada fue la condena a 20 años de prisión de Alejandro Toledo por recibir más de US$ 30 millones de la constructora por la concesión de la Interoceánica Sur.

Los juicios a seguir en el 2024

Hasta fines del 2024, todo hacía prever que Ollanta Humala iba a ser el próximo expresidente sentenciado en esta trama. Él y su esposa, Nadine Heredia, son acusados de lavado de activos por presuntamente haber recibido aportes de campaña para el Partido Nacionalista de Odebrecht y del Gobierno de Venezuela. Ambos lo niegan y sus abogados confían en que serán absueltos.

La fiscalía, las defensas y el propio Poder Judicial habían proyectado que el juicio por ese caso, que comenzó en febrero del 2022, iba a terminar en noviembre o diciembre pasado. En este caso, está en juego un pedido de 20 años de prisión para Ollanta Humala y de 26 años y medio para Nadine Heredia.

Sin embargo, la revelación de que Martín Belaunde Lossio había sido sentenciado como colaborador eficaz provocó una serie de audiencias adicionales que alteraron esa planificación: el exasesor pasó de ser acusado a testigo, lo que motivó que se introduzcan nuevas pruebas al juicio y que se le vuelta a interrogar. Todo ello tomó casi un mes.

Ya en el 2025, el juicio se reiniciará el martes 7 de enero con la evaluación de un grupo de entre cinco y seis documentos considerados como como “prueba excepcional”. Luego vendrán los alegatos de cierre del fiscal Germán Juárez, del equipo especial Lava Jato; de la procuraduría; y de las defensas de los 12 acusados.

Finalmente, el juzgado le dará la última palabra a Ollanta Humala, Nadine Heredia y el resto de procesados antes de anunciar una fecha para la lectura del adelanto de sentencia. Para todo ello se han programado cuatro fechas: jueves 9, martes 14, lunes 20 de enero y martes 21 de enero.

Si las audiencias se extienden más allá de esta previsión, la sentencia estaría conociéndose a fines de enero o inicio de febrero próximo. En ambos casos, todo hace presagiar que el Perú no pasará del primer bimestre del año sin tener a un nuevo expresidente sentenciado. Falta saber si será una absolución o una condena.

Lo que se resuelva en el caso de Ollanta Humala, según han considerado distintos penalistas, será importante para la futura resolución del juicio de Keiko Fujimori por el Caso Cócteles. Ambos casos son por lavado de activos y abordan presuntos aportes de Odebrecht a una campaña presidencial. Además, están a cargo de los mismos jueces: el Tercer Juzgado Colegiado de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada.

El juicio del Caso Cócteles inició en julio del 2024 y su resolución no se espera para este año. Las proyecciones más optimistas apuntan a una condena en el 2026 o 2027. Ello hace casi imposible que una eventual condena la deje fuera de carrera de las elecciones del 2026. Si Keiko Fujimori postula por cuarta vez a la presidencia, lo más probable es que alterne actividades de campaña con las audiencias de su juicio por sus campañas previas.

Por ahora, la próxima audiencia será el lunes 6 de enero del 2025, fecha en que el fiscal José Domingo Pérez seguirá interrogando de falsos aportantes, como ha ocurrido en los últimos meses de este proceso.

Fuera del propio proceso judicial, defensas como la de Keiko Fujimori han recurrido al Tribunal Constitucional para anular su juicio. Y aún está por verse como afectará al juzgamiento una reciente decisión del TC que ya ordenó ello respecto al exdirigente fujimorista José Chlimper y si esto afectará a otros acusados del mismo caso.

El segundo expresidente sentenciado del 2025 sería Alejandro Toledo, nuevamente por la trama Lava Jato. Ya con una condena por el Caso Interoceánica Sur, el exlíder de Perú Posible enfrenta ahora la fase final del juicio por el Caso Ecoteva. Se le acusa de haber lavado del dinero fruto de las coimas de Odebrecht mediante la compra de propiedades.

En octubre pasado, Estados Unidos accedió a ampliar la extradición de Alejandro Toledo por estos hechos. Eso permitió que se le incluya en el juicio del Caso Ecoteva, que venía desarrollándose desde abril del 2023 con la participación de su defensa.

A fines de noviembre, el fiscal superior Rafael Vela, coordinador del equipo especial Lava Jato y encargado de esta acusación, sustentó los cargos contra el expresidente y ratificó su pedido de 16 años de prisión. En respuesta, Alejandro Toledo eligió el silencio.

Fuentes de El Comercio indicaron que la Novena Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima ha proyectado que dictará su sentencia “hacia fines de enero”. Otras estimaciones ubican la resolución del caso en el primer trimestre del año. Lo concreto, por ahora, es que la próxima audiencia también será este martes 7.

Adicionalmente, en los próximos meses también debería programarse la apelación de la condena de Alejandro Toledo por la Carretera Interoceánica Sur. Allí, el expresidente volverá a verse las caras con el fiscal Rafael Vela, quien representará al Ministerio Público en esa segunda instancia.

El tercer expresidente sentenciado del año será Martín Vizcarra. En su juicio, que comenzó en octubre pasado, se le acusa de haber recibido un total de S/ 2.3 millones en coimas de las constructoras Obrainsa e ICCGSA por las obras Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua, respectivamente. Todo ello en relación con su gestión como gobernador regional.

El juzgamiento de Martín Vizcarra tiene la particularidad de que es el único acusado. Ello ha permitido que su juicio avance excepcionalmente rápido. Solo en los primeros dos meses ya declararon los principales testigos de la fiscalía, entre ellos seis colaboradores eficaces con sentencia que han admitido haberle entregado coimas personalmente o haber tenido conocimiento de dichos pagos ilícitos.

En solo siete audiencias realizadas entre noviembre y diciembre por el Cuarto Juzgado Colegiado de la Corte Superior Nacional, ya declararon un total de 23 testigos de la fiscalía. Para este jueves 9 de enero se han citado a cuatro más. Las audiencias posteriores serán el 13, 20 y 27 del mismo mes.

Luego de ellos, quedaría por examinarse a cuatro “testigos técnicos” y siete peritos del Ministerio Público; además de 20 testigos de la defensa y otros tres peritos de parte. Después, se pasará a la evaluación de los 143 documentos presentados como pruebas por la fiscalía y los 109 documentos del abogado del expresidente.

Así, se prevé que el juicio termine y que se dicte la sentencia dentro del primer trimestre del 2025. Otras estimaciones apuntan a que no pasará de la primera mitad del año.

De hecho, recientemente el Poder Judicial amplió su impedimento de salida del país hasta julio próximo con ese mismo cálculo. Nuevamente, solo falta por saber si será una condena o, como espera Martín Vizcarra, una absolución. El exgobernador niega todos los cargos.

El cuarto expresidente es el más reciente: Pedro Castillo. La Sala Penal Especial de la Corte Suprema debe programar en las próximas semanas el inicio del juicio por el caso del golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022, en el que se acusa al exmandatario por rebelión y se pide una condena de 34 años de prisión.

La proximidad de esa fecha será clave para tener la certeza de que el juicio terminará este año o si se extenderá hasta el 2026. Por ejemplo, si se programa para mediados de año, lo más probable es que se extienda más allá de diciembre; pero si empieza en el primer trimestre, es posible que Pedro Castillo sea el cuarto expresidente sentenciado del 2025.

En el juicio, la fiscalía presentará 40 testigos y más de 90 pruebas documentales. La cantidad de pruebas, en ese aspecto, es similar a la del juicio de Martín Vizcarra.

Lo que podría hacer que este juicio dure más es el número de acusados: junto a Pedro Castillo, también serán juzgados otras siete personas. Entre estos destacan los exministros Aníbal Torres, Betssy Chávez, Willy Huerta y Roberto Sánchez.

A favor de que el juicio sea rápido juega el factor de que dos de los acusados, Pedro Castillo y Betssy Chávez, están en prisión preventiva. Cuando hay procesados en cárcel, por regla, los juicios deben ser más céleres. En ambos casos, sus medidas de prisión vencen en los primeros meses del 2026, fecha en la que ya debería haber una condena.

En esa línea, el principal factor para estimar la duración del juicio será la frecuencia con la que la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, que se encargará del juicio, realice las audiencias de este caso.

En la mayoría de casos emblemáticos, solo hay una o dos audiencias por semana, lo que hace que los juicios sean más largos. Si ese número se eleva, habrá una resolución más próxima. Un ejemplo fue el juicio de Alejandro Toledo por el Caso Interoceánica Pese a ser un caso complejo y con varios acusados, duró solo un año porque el juzgado hizo audiencias diarias.

Con dos o más audiencias por semana y con un inicio en las próximas semanas, la sentencia de Pedro Castillo por el golpe de Estado debería conocerse antes de que su fallido golpe de diciembre del 2022 cumpla su tercer aniversario.

El 2025, en general, será un año decisivo para los casos del equipo especial Lava Jato. Contando los casos ya mencionados (Ecoteva, Martín Vizcarra, Ollanta Humala y Keiko Fujimori), actualmente tienen ocho juicios en marcha, casi todos en la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada (CSNJPE).

De todos ellos, los más avanzados son el caso de las presuntas coimas por la Línea 1 del Metro de Lima, donde se piden 35 años de prisión para el exviceministro Jorge Cuba; y el del Caso Alpha Consult, donde se piden 33 años para el empresario Rómulo Peñaranda. La sentencia de ambos también se espera para el primer semestre del 2025.

Los otros juzgamientos son el de la Vía Evitamiento Cusco y el Caso Ositran, iniciados en agosto y septiembre del 2024, respectivamente. A este grupo deben sumarse este año los juicios de la excaldesa de Lima Susana Villarán por los aportes de Odebrecht a sus campañas; el del exgobernador Félix Moreno por la Costa Verde Callao; y el Caso Doleiros.

Un grupo de siete acusaciones de Lava Jato están en fase de control judicial, la etapa previa al juicio. Allí destaca la acusación contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski por el Caso Westfield. El próximo 9 de enero, el juez Jorge Chávez Tamariz resolverá si hay mérito para que ese proceso vaya a juicio oral.

El estado de las acusaciones de Lava Jato

Los otros procesos en fase de control de acusación son los del tramo 4 de la Carretera Interoceánica Sur, donde se piden 35 años de prisión para Alejandro Toledo; el caso de la Carretera San José de Sisa, donde se piden 33 años para el exministro César Villanueva; el Caso Soluciones Técnicas; el caso de la etapa de construcción de la Vía Evitamiento Cusco; el Caso Saco Jaramillo y el Caso del Proyecto de Irrigación del Alto Piura.

Este Diario también conoció que la investigación del Caso Gasoducto Sur, a cargo de la fiscal Geovana Mori y que incluyó a Ollanta Humala y Nadine Heredia, se cerró en diciembre pasado. En consecuencia, se prevé que este mes se presente la respectiva acusación fiscal. Similiar es la situación del Caso Arbitrajes.

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, ha dicho que todos estos casos seguirán “con sus mismos fiscales hasta el final”. Con todo ello, el equipo especial Lava Jato apunta a llegar a la mitad del año con siete sentencias como resultados de juicios.

Esto al margen de las 52 sentencias que -según conoció El Comercio- tienen por colaboración eficaz. En todas ellas, se estableció el pago de un total de unos S/. 1,376 millones y casi US$ 49 millones a favor del Estado peruano, además de la información entregada para los casos que se litigan en el Poder Judicial.

Al respecto, la procuraduría ad hoc del Caso Lava Jato informó en diciembre que, de ese monto, ya se cobraron S/ 300 millones a favor del Estado peruano.

Los primeros meses del 2025 verán la sentencia de otro juicio de larga data: el de Guillermo Bermejo. El congresista y líder del partido Voces del Pueblo, que aspita a postula a la presidencia con esta agrupación, es acusado del delito de afiliación a la organización terrorista por presuntas vistas a campamentos de Sendero Luminoso en el VRAEM en el 2009.

Se trata del tercer juicio seguido contra Guillermo Bermejo, luego de que sus dos absoluciones previas fueron anuladas por la Corte Suprema. El proceso actual inició en agosto del 2019 y sigue en etapa de evaluación de pruebas por parte de la Tercera Sala Penal Superior Liquidadora Transitoria de la CSNJPE.

Ronald Atencio, abogado del acusado, comentó a El Comercio que el juicio “va a continuar todo enero”. “Yo creería que en febrero debemos tener sentencia”, indicó. Como su defensor legal y socio político, Atencio rechaza la acusación y espera que el legislador sea absuelto.

Otros juicios de interés público están en la Sala Penal Especial de la Corte Suprema. Junto al juicio de Pedro Castillo, este juzgado seguirá este año con el juzgamiento del excongresista Daniel Salaverry, acusado por peculado por presuntamente apropiarse de dinero destinado a su semana de representación.

La Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Anticorrupción, la misma que tiene a su cargo la acusación por el golpe de estado, pide para el también exasesor de Pedro Castillo una pena de ocho años de prisión. Ese juicio comenzó en noviembre pasado y se retomará el 7 de enern, con la declaración de un último testigo.

La misma sala y la misma fiscalía también participan en el juicio contra César Villanueva, exgobernador de San Martín y ex primer ministro de Martín Vizcarra, acusado por el delito de tráfico de influencias.

En este caso, al también excongresista se le imputa haber intentado contactar a un fiscal del equipo especial Lava Jato que veía su investigación por el Caso Odebrecht. Ese juicio también inició en noviembre y seguirá con audiencias en enero.

Ambos casos, el de Daniel Salaverry y César Villanueva, son relativamente simples y sus sentencias podría conocerse en la primera mitad del 2025.

Sus suertes dependerán de la Sala Penal Especial, órgano que en los últimos años ya condenó a exlegisladores como Kenji Fujimori y Michael Urtecho, y que este año enfrentrará un reto mayor: el citado juicio de Pedro Castillo por el golpe de Estado.

Casos del Eficcop cumplirán tres años

Se esperan acusaciones fiscales

En el 2025, los primeros casos del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) cumplirán tres años. Entre estos están el Caso Puente Tarata, el Caso Petro-Perú, el Caso Anguía o el caso Gabinete en la Sombra. En consecuencia, se prevé que las investigaciones se cierren y, de ser el caso, se presenten sus respectivas acusaciones fiscales. En diciembre, el Eficcop pasó a depender de la coordinación de la Fiscalía Anticorupción, encargada a la fiscal superior Vanessa Díaz.