La Fiscalía de la Nación retiró la competencia en la selva central y el valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem) a Eneida Aguilar Solórzano, fiscal provincial especializada en lucha contra el terrorismo.
Con una resolución publicada el jueves en el diario oficial “El Peruano”, se resolvió trasladar esa competencia a la Fiscalía Penal Supraprovincial Transitoria Especializada en Terrorismo en Junín.
Aguilar Solórzano es la magistrada que abrió una investigación al presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, y el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, por el presunto delito de terrorismo.
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Ese caso también involucra a Álex Pimentel, hombre de confianza de Cerrón detenido en el 2018 por la Dirección Policial contra el Terrorismo (Dircote), debido a sus presuntos vínculos con cabecillas de la organización terrorista Sendero Luminoso en el Vraem.
La fiscal Aguilar también abrió una investigación contra el ahora congresista oficialista Guillermo Bermejo por presunto delito de terrorismo en el 2015.
Aunque Bermejo fue absuelto en un primer juicio, la Corte Suprema consideró que hubo vicios procesales al no tomarse en cuenta elementos probatorios. Ahora el legislador enfrenta un segundo juicio oral.
Además, la magistrada es una de las pocas fiscales especializadas en temas de terrorismo, señaló el analista en asuntos de narcotráfico y terrorismo Pedro Yaranga.
El especialista calificó la medida como un despropósito. “La doctora Eneida tiene mucho tiempo en el cargo y ha mostrado eficiencia en su trabajo”, refirió.
A juicio de Yaranga, los cambios “van a perjudicar y paralizar varios procesos”.
El general PNP en retiro José Baella, exdirector de la Dircote, aseguró a El Comercio: “Una de las personas más comprometidas en la lucha contra el terrorismo es la fiscal Eneida Aguilar. [...] Para mí resulta una situación extraña que algunas investigaciones pasen a Junín. No le veo sentido. No es una decisión oportuna”.
En la resolución se indica que la carga procesal que corresponde al distrito fiscal de la selva central será remitida a Junín, “salvo aquellos procesos de colaboraciones eficaces” y “la Carpeta N° 033-2021”.
Dicha carpeta corresponde al caso de Bellido, Cerrón y otros; es decir, Aguilar continuará investigando si estos tienen vínculos con senderistas en el Vraem.
En la resolución también se menciona que Aguilar seguirá investigado el atentado ocurrido en Vizcatán del Ene el pasado 23 de mayo.
Aquella vez, 16 personas –entre ellas menores de edad– fueron asesinadas por una columna del Militarizado Partido Comunista del Perú, conformado por remanentes de Sendero Luminoso en alianza con el narcotráfico.
El hecho ocurrió semanas antes de la segunda vuelta electoral que enfrentó a Pedro Castillo con Keiko Fujimori. Tras la matanza, ocho mil militares custodiaron los locales de votación en las zonas de mayor riesgo de Vizcatán del Ene.
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