Una vez concluidos los 10 días de detención preliminar contra Sada Goray, Mauricio Fernandini y otros tres investigados, el Ministerio Público decidió solicitar la prisión preventiva por 36 meses para la empresaria y el periodista. Ambos son investigados por su presunta pertenencia a la organización criminal que habría encabezado el expresidente Pedro Castillo.
También pidió que se imponga la misma medida contra Luis Mesones Odar (ex gerente general de Marka Group y ex esposo de Goray), Pedro Arroyo Marquina y Roger Gavidia Johason.
Goray fue al inicio de la pesquisa una colaboradora eficaz clave para develar que la red castillista había recibido sobornos. No obstante, el Equipo Especial de fiscales contra la Corrupción en el Poder advirtió que la ex gerente general de Marka Group no informó sobre el verdadero rol que tuvo en el copamiento de instituciones del Estado.
Otra señal de alerta- de acuerdo a una resolución judicial, a la que tuvo acceso El Comercio- fue que la empresaria estaría postulando a una “Golden visa” en Estados Unidos, que abre la posibilidad a obtener una ciudadanía a futuro si realizan inversiones en ese país. A eso se sumó que “estaría tramitando su residencia fiscal en Uruguay”.
“También tenemos [conocimiento de que Goray] estaría haciendo las coordinaciones para efectos de hacer consulta sobre la perdida de residencia en el Perú”, agrega el Ministerio Público entre sus argumentos.
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Otro elemento es que, de acuerdo a la declaración de colaborador eficaz N°09-2022, la ex gerente general de Marka Group estaría “gestionando una segunda nacionalidad” en República Dominicana para ella y su familia.
“Con el fin de evitar cualquier problema con la justicia en el país, [Sada Goray] se gestionó una segunda nacionalidad en República Dominicana, lo cual hizo también con toda su familia, entre ellos, sus hijos, a su hermano Teisuke Goray, a su madre Violeta Chong, a su pareja sentimental Sebastián Salem y al abogado Ítalo Arbulú [gerente general de Marka Group], entre otros”, refirió el colaborador eficaz.
Respecto a Fernandini, el Ministerio Público también detectó que en su confesión sincera no dijo toda la verdad. Por ejemplo, señaló que solo había recibido S/60 mil como pago por “alquilarle” su departamento a Goray para que realice los pagos de soborno a Salatiel Marrufo, ex jefe de Gabinete de Asesores del Ministerio de Vivienda.
No obstante, la propia empresaria indicó que el ex conductor de “20 lucas” obtuvo un “bono de éxito de US$80 mil”.
Fernandini, además, donó a su hermana Ana María Fernandini Arbulú cuatro inmuebles, tres en Chiclayo, Lambayeque y uno en Miraflores, Lima.
Dentro de la donación, se estableció una cláusula que obliga a Ana María Fernandini “a no vender, transferir, hipotecar el bien donado que será solo para uso”.
Estos elementos fueron tomados en cuenta por el juez Raúl Justiniano para determinar que existía peligro de fuga de parte de la empresaria y el periodista. Por ello, ordenó su detención preliminar. Para el Ministerio Público, la situación no ha variado y por eso solicitó la prisión preventiva de ambos.
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1. Los S/5,4 millones en coimas
Entre setiembre de 2021 y junio de 2022, Goray entregó S/5,4 millones como sobornos a la red criminal presuntamente encabezada por el expresidente Castillo. Marrufo, en su declaración como colaborador eficaz ante el Ministerio Público, relató que la empresaria le entregó este dinero en 11 armadas a lo largo del referido tiempo.
El Equipo Especial de fiscales contra la Corrupción en el Poder, dirigido por la fiscal superior Marita Barreto, considera que los pagos de Goray a la organización criminal fueron efectuados “de manera sistemática”. Agrega que la empresaria recibió a cambio beneficios para participar en proyectos del Fondo MiVivienda y colocar a allegados en la Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN), entre otras instituciones.
La empresaria solo había reconocido haber entregado S/4 millones a Marrufo.
2. “Control total” del Fondo MiVivienda
La Procuraduría Anticorrupción, a través de una auditoría, alertó que en los proyectos Marka Group en el Fondo MiVivienda (FMV) hubo un patrón de “excepción”, en el sentido de que solamente se les exigió al holding de Goray el aporte del 15% del fideicomiso para garantizar la obra, cuando lo establecido es el 25%.
¿Cómo logró esta reducción de 10 puntos porcentuales? De acuerdo a la declaración de Marrufo, él tuvo en setiembre del 2021 una reunión con la empresaria, donde le informa que hay miembros del directorio del FMV que se oponen a entregarle los proyectos a su empresa.
En ese sentido, el ex alto funcionario le avisó que la votación tendría un resultado negativo si esta se llegaba a concretar.
De acuerdo al testimonio colaborador eficaz N°09-2023 ante el Ministerio Público, Marrufo también le dijo a Goray que para que ella “tenga el control total y el manejo” del FMV pasada por el cambio de los directores y que esto “le costaría S/5 millones”.
Unas semanas después de este encuentro, exactamente el 29 de setiembre de 2021, se acordó nombrar a Pedro Arroyo Marquina como presidente del Fondo MiVivienda y a Roger Gavidia Johanson y Gonzalo Arrieta Jovic como directores de la referida institución. Los tres por recomendación de la empresaria.
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Con Arroyo, Gavidia y Arrieta en el directorio, el Fondo MiVivienda aprobó que en los proyectos Praderas de Cacatachi, Chiclayo Bonito, Barranca Bonita y Lima Bonita, las empresas satélites de Marka Group solamente dieran el 15%. No obstante, el Equipo Especial de fiscales contra la Corrupción en el Poder, dirigido por la fiscal superior Marita Barreto, identificó que no cumplieron con este pago en su totalidad.
El colaborador eficaz N°09-2023, en la declaración que dio al Ministerio Público el 22 de marzo último, dijo que las personas elegidas por Goray para integrar el directorio del Fondo MiVivienda “estaban estrechamente ligadas con ella y con sus socios financistas para que puedan favorecerla en los procedimientos administrativos” en esa institución.
Por ejemplo, esta persona mencionó que Arroyo Marquina, quien fuera presidente del FMV, “es compadre, amigo de la universidad y socio” de Luis Mesones, ex esposo de la empresaria con la que tiene dos hijos.
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3. El retiro “ilícito” de S/2,7 millones en intereses
El Equipo Especial de fiscales contra la Corrupción en el Poder identificó que Goray retiró de manera “ilícita” más de S/2,7 millones del BBVA, entre setiembre del 2021 y junio del 2022. Este dinero corresponde a los intereses generados con dinero que provino “de las arcas del Estado” y que fue trasladado a los fideicomisos para la ejecución de cinco proyectos respaldados por el Fondo MiVivienda (FMV), otorgados a Marka Group [ver recuadro].
Los retiros se hicieron hasta el 2 de diciembre último, es decir hasta cinco días antes de que Castillo Terrones diera un golpe de Estado en televisión nacional.
De acuerdo al fallo que ordena la detención preliminar de Goray y del periodista Mauricio Fernandini, al que accedió El Comercio, la empresaria logró realizar los retiros “con la participación” de Ítalo Arbulú Ortega, gerente general de Marka Group, y de Luz Delfina Mayhua Elguera, jefa del Departamento de Estructuración de Proyectos Inmobiliarios del FMV.
Mayhua Elguera- según la declaración del colaborador eficaz N°09-2023- fue uno de los personajes que la empresaria ubicó en el fondo.
“Goray decidía, en ese momento [octubre de 2021] si las personas se quedaban en el puesto o serían cesadas en el cargo, o si personas que estaban en segunda línea puedan ser ascendidas a primera línea para que apoyen a Marka Group, entre ellas había una persona de nombre Luz Mayhua que había trabajado anteriormente con Sada Goray y era de su confianza”, refirió.
“Entonces Sada Goray pretendía y ordenó que esa funcionaria sea ascendida en el cargo para que puedan apoyarlos”, añadió.
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4. Coacción en la SBN por terreno en Chilca
De acuerdo al Ministerio Público, entre julio y diciembre del 2021, Goray tuvo dos reveses en la Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN), cuando esta institución declaró improcedente su solicitud para rectificar “áreas, linderos y medidas perimétricas del predio estatal inscrito en la partida registral N°49059060, por encontrarse ‘supuestamente’ superpuestos con su predio ubicado en el distrito de Chilca”.
En este escenario, el 9 de marzo del 2022, la empresaria interpuso un recurso de nulidad a todo lo decidido.
Antes de que la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales resuelva, Cynthia Rudas Murga, en su condición de superintendente de la SBN, convocó a William de la Vega Villanes, de la Dirección de Gestión de Patrimonio Estatal de la institución, “para coaccionarlo”, a fin de que resuelva a favor de la representante de Marka Group.
Rudas Murga, una de las investigadas, “le dijo” a De la Vega “que se tenía que aprobar el expediente Chilca, porque Sada Goray Chong había apoyado al partido [Perú Libre] en la campaña presidencial [de Castillo], dado que, las presiones venían de ‘arriba’ y que era canalizado por Salatiel Marrufo Alcántara”.
Para ello, puso en contacto, a través de una llamada telefónica, al referido funcionario con Marrufo, quien le exigió explicaciones sobre el expediente de Goray.
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De la Vega explicó que no procedía el reclamo, “porque existía una sentencia judicial”. Tras esta negativa, “la organización criminal integrada por Marrufo Alcántara y otros optaron por relevarlo del cargo”, subrayó el equipo especial, liderado por Barreto.
Goray Chong- ante las resoluciones desfavorables a sus intereses- solicitó la incorporación de Marina Subiria Franco al frente de la Dirección de Gestión de Patrimonio Estatal. Esta, según el Ministerio Público, contrató a la abogada Flor Olivera Orellana. Ambas investigadas “se encargaron de revertir los pronunciamientos iniciales desfavorables” a la empresaria.
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5. La influencia en Sedapal y la Sunarp
Los intereses de Goray no se limitaron al FMV y a la SBN, según el Ministerio Público. La investigada empresaria también logró colocar a su exesposo, Luis Mesones Odar, como miembro del directorio de Sedapal con el objetivo de verse favorecida en esta otra entidad adscrita al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MCVS), de acuerdo a la declaración de un colaborador eficaz.
El proyecto Lima Bonita, otorgado por el FMV a Marka Group tras el pago de sobornos de Goray, no contaba con expediente técnico de agua y alcantarillado aprobado. Mientras Sedapal no resuelve ello de manera definitiva, el fondo no permitiría el desembolso del dinero a su fideicomiso.
“Para que la empresa de Sada Goray no sea perjudicada en el proyecto observado y futuros, tenía que influir en las designaciones de funcionarios de alto cargo en Sedapal, de esa forma hacerse favorecer en los procesos que participaba como administrada, hecho que se habría desarrollado en abril del 2022″, refirió la fiscalía.
De acuerdo con su testimonio del colaborador eficaz N°09-2023, el interés de la investigada de tener “manejo de Sedapal” se remonta a la venta de un terreno a la empresa Centenario.
“Cuando Sada Goray hace el contrato con Centenario por las 90 hectáreas del terreno de Chilca, uno de los requerimientos de la empresa Centenario fue que los terrenos deben tener la habilitación completa (servicios de agua y desagüe, pistas, veredas, electricidad y otros). De allí viene la preocupación de Sada Goray para que pueda tener manejo de Sedapal y pueda realizar sus gestiones para favorecerse en sus proyectos inmobiliarios que necesitaban de documentos que habiliten los servicios de agua y desagüe”, dijo.
Mesones Odar, imputado por presunta colusión agravada, se encuentra en la actualidad en la clandestinidad, luego de que se ordenara su detención preliminar.
De otro lado, el exministro de Justicia y Derechos Humanos Félix Chero declaró ante la fiscalía que el expresidente Castillo le pidió nombrar a Luis Longaray como jefe de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), entidad adscrita a su sector. La declaración del exintegrante del Gabinete se condice con lo dicho por el Marrufo, quien afirmó que ese nombramiento se dio para favorecer los intereses de la empresaria Sada Goray.
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La declaración de Marrufo fue en noviembre del 2022 como parte de su proceso de colaboración eficaz. Según dijo, en marzo de ese año, Goray le pidió cambiar al jefe de la Sunarp, Harold Tirado.
Según el ex asesor del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el cambio era “para que la ayude en la inscripción en Sunarp de un terreno que tiene en Chilca [...] solo faltaba resolver una superposición de partidas y luego la inscripción”. Luego, afirmó, le envió por WhatsApp el currículum vítae de Longaray.
Pedro Arroyo, expresidente del FMV, y Roger Gavidia Johason, ex funcionario de la referida institución, son los otros dos investigados que afronta una solicitud de prisión preventiva. Ambos son investigados por colusión agravada.
El 20 de diciembre de 2021, el periodista Mauricio Fernandini realizó un depósito en efectivo por US$80 mil a una cuenta que tenía en el BBVA. Para ello presentó una declaración jurada de origen de fondos, indicando que ese dinero provino de su trabajo en “medios de comunicación y publicidad”.
Ocho días después, Fernandini recibió un préstamo hipotecario por US$80 mil a un plazo de 10 años. Este financiamiento sirvió para la compra de un departamento y un estacionamiento en la cuadra 2 de la Av. Felipe Pardo y Aliaga, en San Isidro, por el valor total de US$160 mil.
El 50% de la propiedad fue pagado por un cheque de gerencia por US$80 mil, que fue en la misma fecha en la que el también conductor de televisión realizó un depósito en efectivo en su cuenta del BBVA. Ante la notaría, declaró que estos fondos provenían de “recursos propios”.
El departamento y la cochera fueron inscritos por la Sunarp a nombre de Fernandini el 24 de marzo de 2022.
De otro lado, el 5 de abril de este año, Fernandini adquirió un auto de US$17 mil. El pago lo realizó “al contado”.
Entre setiembre y noviembre de 2021, el periodista, además, realizó prepagos de una deuda con el BBVA por S/92,060 por un préstamo de S/120 mil que había recibido en abril de 2020 y que tenía cinco años de plazo para cancelar. Durante esas fechas, fue intermediario para que Marrufo reciba sobornos de empresaria.
“El préstamo fue empleado para cubrir parte de sus deudas con el BCP, deuda que al 31 de marzo de 2020 totalizaba S/ 121,0712″, subraya el documento.
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