Testigo confirma que Pedro Castillo sí dio órdenes a la PNP para ejecutar su mensaje golpista y revela detalles de su detención

En su testimonio brindado ante la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, encargada de juzgar a Pedro Castillo y a tres de sus exministros por estos hechos, Vicente Álvarez se refirió a las órdenes dadas por el mandatario al alto mando de la PNP durante el 7 de diciembre del 2022, directamente o mediante el ministro del Interior, Willy Huerta. El exintegrante del Gabinete es otro de los acusados por este caso.

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Las órdenes iban en la línea con lo anunciado por Pedro Castillo en su mensaje golpista: el “cierre” del Congreso y la intervención del sistema de justicia, al menos en lo referido a la Fiscalía de la Nación, institución con la que su gobierno tenía una especial enemistad. Esto a pesar que, desde entonces, el expresidente y su defensa han intentado alegar que solo fue un discurso político y sin consecuencias.

El testigo también reveló detalles de la posterior detención de Pedro Castillo, que él mismo dispuso y que luego él le comunicó personalmente. En ese interín, detalló que ni él ni Aníbal Torres, quien actuaba como su abogado, objetaron la medida. Incluso contó que el expresidente le dijo que estaba yéndose a la Embajada de México porque “había recibido una llamada”.

Interrogado por el fiscal Luis Felipe Zapata, el testigo explicó que desde el 2 de diciembre hasta el día de los hechos, estaba como encargado de la Comandancia General de la PNP. Esto debido a que Raúl Alfaro, quien ocupaba ese cargo, estaba con descanso médico por COVID-19. Como jefe del Estado Mayor, Álvarez Moreno era por entonces el número dos en el escalafón policial.

Luego contó que, al escuchar el mensaje de Pedro Castillo, se comunicó con el presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Manuel Gómez de la Torre y le dijo “nos mantenemos firmes y él también me dice ‘sí, nos mantenemos firmes en la Constitución, te vienes para la oficina. Voy a llamar a los comandantes generales de las FF.AA.’”.

De inmediato, indicó, fue junto al general PNP Jorge Angulo (por entonces número 4 en el orden de la PNP) al despacho en el Ministerio del Interior de Raúl Alfaro, quien cumplía allí su aislamiento por COVID-19. “Pido conversar con él, le informo la situación y le digo que la posición de la Policía es esta”.

En ese momento, lo llamó el congresista Diego Bazán, presidente de la Comisión de Defensa, para conocer la postura de la PNP ante el golpe. El general respondió que iban a “respetar la Constitución” e iban a reforzar la seguridad para que el Legislativo pueda funcionar. El ministro Willy Huerta, añadió, lo llamó en ese mismo momento, pero no le pudo contestar porque seguía hablando con Bazán.

“Yo termino de hablar (con Bazán). El gral. (Raúl) Alfaro estaba en su despacho. Yo estaba al frente. Lo escucho hablando por teléfono y le dice: Señor presidente, ¿que cierre el Congreso? ¿por qué motivo?, ¿que detenga a la fiscal de la Nación? ¿por qué motivo? ¿que refuerce la seguridad a su casa, la de la ministra Betssy Chávez y el señor Aníbal Torres? Él repetía lo que el presidente le estaba informando”, dijo.

El fiscal le pidió hacer explícito con quién estaba hablando Raúl Alfaro. El testigo respondió que era “el presidente de la República” y reiteró las órdenes que este le estaba dando. “Él le contesta que estaba con descanso médico y quien estaba como comandante general encargado era el general Álvarez. Allí cortan la comunicación”, contó.

“El general Alfaro me dice que esa era la disposición que había dado el presidente de la República. Yo le digo que no vamos a cumplir, nos mantenemos en la posición de respeto a la Constitución. En ese momento, le digo que voy a salir, me estaba yendo al Comando Conjunto (de las Fuerzas Armadas)”, agregó.

El testigo añadió que el presidente y la primera vicepresidenta del Congreso, José Williams y Martha Moyano, también lo llamaron para conocer la posición de la PNP y que les dio la misma respuesta que a Diego Bazán. “Se iban a dar las condiciones para que realicen las actividades de forma normal”.

Después, reunido con los miembros del Comando Conjunto, todos reiteraron sus posiciones de respeto a la Carta Magna y elaboraron el comunicado difundido poco después, en el que hacían pública su postura de no avalar “ninguna infracción a la Constitución”.

Los generales Raúl Alfaro, Jorge Angulo y Manuel Gómez de la Torre, exjefe del Comando Conjunto de las FF.AA., también serán citados como testigos para que declaren por estos hechos. Allí podrían corroborar, complementar o contradecir lo dicho este martes por Vicente Álvarez. No obstante, Alfaro ya ha corroborado esa versión en declaraciones dadas a la prensa y durante la investigación fiscal.

Por su parte, Willy Huerta ha dicho desde entonces que si bien llamó al general Raúl Alfaro y le dio su celular a Pedro Castillo para que hable con él, no le “consta que el expresidente le haya dado la orden que cierre el Congreso e intervenga a la fiscal”, ya que no escuchó lo que conversaron. Su defensa sostiene que no hay pruebas de que el exministro haya cometido el delito de rebelión y que fue ese día Palacio de Gobierno porque el presidente se lo indicó, sin saber sobre el mensaje que iba a dar

Previamente, Vicente Álvarez relató que la mañana del 7 de diciembre, antes del mensaje golpista, ya se había presentado una situación “rara”. Contó que aproximadamente una hora antes, el ministro del Interior, Willy Huerta, lo llamó para decirle que “por orden del señor presidente se dejara ingresar a los manifestantes que eran simpatizantes suyos a la Plaza de Armas”.

“Le indiqué que, por medidas de seguridad, eso no podía ser, que constituía un grave riesgo, que no se podía dar. Él me dijo que era una orden del presidente. Le indiqué que no se podía dar y que se iba a sustentar”, indicó. Para esto último, indicó que se comunicó con el gral. Angulo, como comando operativo, para sustentar la decisión no acatar una orden del presidente, ya que “nadie conocía lo que podía venir después”.

También comunicó de ese pedido al presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. “Le dije que está pasando, que me han llamado y que esto me parece raro. Que coordine con el jefe militar, y yo dispuse que el gral. Angulo coordine lo propio con el jefe de Seguridad del Estado, para estar atentos y alertas sobre todo, toda vez que esta decisión parecía rara”.

Esta versión se corrobora con la brindada en la misma audiencia por el general PNP Manuel Lozada, quien era jefe de la Región Policial Lima durante el golpe y que hoy es acusado junto a Pedro Castillo. Para la fiscalía, él dispuso impedir el ingreso de congresistas al Palacio Legislativo luego del mensaje golpista, acusación que es rechazada por el oficial.

En su declaración como acusado, Lozada relató que ese día estaba coordinando las acciones de seguridad para lo que se preveía como un día de protestas, ya que se iba a debatir la vacancia de Pedro Castillo. En medio de ello, sostuvo que Willy Huerta lo llamó -entre las 9:30 y 10:00 a.m.- para solicitarle “si podría abrir las rejas de Palacio de Gobierno” y que los castillistas ingresen a la Plaza de Armas.

“Había dos lugares siempre con rejas: Palacio, donde no entraba nadie a la Plaza de Armas, y el Congreso (…) Este servicio se activaba cuando había manifestaciones”, explicó. “El exministro me solicita si podía abrir las rejas de Palacio de Gobierno. Yo le dije que no, señor ministro, porque estábamos ejecutando un plan de operaciones. Él me dice para que ingresen los adeptos al gobierno”.

Añadió que le dijo que “así como iban a ingresar los adeptos, también iban a ingresar los que estaban en contra”. “¿Cómo diferenciarlos? ¿Qué puede ocurrir en la Plaza de Armas? ¿Daños a las personas y a la propiedad pública y privada? El responsable era quien habla. Entonces le dije que no. El señor ministro me dijo que entonces iba a hablar con mi comando y me cuelga”.

Lozada afirma que informó de esto al general Jorge Angulo, su oficial superior, y que este le dijo que tenía que hacer caso a lo que diga el comando. “Siempre y cuando esté dentro de la legalidad, le contesté”, añadió.

Más allá de eso, Lozada rechazó cualquier participación de complicidad con el golpe castillista y alegó que solo se le acusa porque un policía que daba seguridad en los alrededores del Congreso le atribuyó, según él falsamente, haber dado una orden para impedir el ingreso de congresistas. Incluso contó que manifestantes en la avenida Abancay le rompieron una pierna: “Con mi propia integridad física, con mi vida defendí la democracia”.

Finalmente, ante la pregunta de uno de los jueces, indicó que el ministro Willy Huerta también lo llamó después del mensaje golpista para pedirle que refuerce la seguridad en la casa de los padres de Pedro Castillo, de Betssy Chávez y de Aníbal Torres. “Le dije que no conozco esos domicilios (…) También me llama el comandante general a decirme que hay que reforzar”.

Lozada sostiene que no se negó a ello porque darle protección a la ciudadanía está entre sus deberes. “Lo que él me pide yo lo veo en función de las reacciones que podría haber contra los papás o contra los domicilios. Pero nunca se concretó porque no conocía donde vivían”, acotó. “(El ministro) no me dijo, ahí me cortó”.

De vuelta al testimonio de Vicente Álvarez, este también fue cuestionado sobre cómo se dio la detención del expresidente cuando, luego del fracaso de su golpe, iba rumbo a la embajada de México junto a su familia. Según dijo, él estaba conversando con la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, para consultarle si había alguna orden para la detención de Pedro Castillo, cuando vio por la televisión que estaba saliendo por la puerta trasera de Palacio de Gobierno.

“En esa conversación, le digo a la doctora ‘la PNP va a cumplir con sus funciones’. Al ver eso, dispongo al general Angulo para que den la orden de intervención al expresidente. Después me contestan que ya había salido de Palacio. Se reitera la orden de que intervengan el ‘cofre’ presidencial. Lo intervienen en la avenida Garcilaso y dan cuenta que se estaban yendo a la sede de la Región Policial Lima”, contó.

Álvarez relató que él mismo fue a esta esa sede policial porque “era responsable de la orden que se estaba dando”. Al llegar, el jefe de la escolta de Pedro Castillo le informó que este seguía en su vehículo y que estaban esperando su llegada. “Nadie se ha acercado. Ha solicitado agua. Tenemos temor de que se pueda autolesionar o tomar una pastilla”, le dijo el oficial, según su relato.

“Le dijo que se no preocupe, que yo me hago cargo. Me acerco al vehículo presidencial, toco la ventana y abro la puerta. (Pedro Castillo) Tenía a su hija en las piernas, al costado estaba Aníbal Torres y al otro extremo estaba su esposa. La menor me coge el brazo y se pone a llorar. En su llanto y su desesperación me dice ‘no le haga daño, no se lo lleve, por favor’. Ante ello, le digo al señor presidente que por favor me acompañe a un ambiente, porque no queríamos causarle perjuicio a su hija”.

Pedro Castillo y Aníbal Torres, como su abogado, bajaron del carro y lo acompañaron. Detalló que el expresidente alcanzó a decirle en ese momento que se “estaba dirigiendo a la Embajada de México porque había recibido una llamada”.

Luego fueron hasta el despacho del jefe de la Región Policial, donde al hoy acusado “se le dio agua, se le dieron las facilidades” y donde solicitó usar el baño. “En ese interín, viene la fiscal de la Nación. Le digo que la PNP había intervenido en flagrancia a Pedro Castillo y la invité a que acompañara, porque le iba a decir el motivo de su permanencia y la situación en que se encontraba”, explicó.

Según el testigo, ni Pedro Castillo ni Aníbal Torres, como su abogado, objetaron su detención por quebrar el orden constitucional con un golpe: “Le digo que soy Vicente Álvarez Moreno, comandante general encargado, que se encuentra presente la Fiscal de la Nación. A partir de este momento, usted se encuentra en calidad de detenido por haber quebrado el orden constitucional (…) Le digo: ¿Alguna objeción? (Me responde) ninguna general. Señor Torres, ¿Alguna objeción? Ninguna general”.

En el posterior contrainterrogatorio, el abogado de Willy Huerta no le hizo ninguna pregunta al acusado Manuel Lozada y solo cuestionó al general Vicente Álvarez respecto a la llamada atribuida a su defendido: si fue por línea abierta o por el aplicativo WhatsApp, si presentó a la fiscalía “capturas de las llamadas” o si presentó su teléfono para “visualizar las llamadas”. El testigo dijo que no, pero que accedió a que se levante su secreto de comunicaciones para que se obtenga un reporte de sus llamadas.

En tanto, el defensor público de Pedro Castillo cuestionó a Vicente Álvarez si podía afirmar “enfáticamente” que quien estuvo tras las órdenes transmitida por Willy Huerta fue el presidente. “Quien habla ha dicho claramente que Willy Huerta me transmitió y él me dice por orden del señor presidente”, respondió. “Es un ministro, soy un comandante general encargado. No es para bromas, no es para que me diga algo que no es (…) El señor ministro me transmitió la orden del presidente”.

La misma interrogante se le planteó sobre si podía afirmar que quien estuvo detrás de la llamada al general Raúl Alfaro que él presenció era Pedro Castillo. “Sí. Lo escuché porque estaba al frente mío el general Alfaro (…) Cuando termina la conversación, me dice que el presidente está ordenando esto y yo me reafirmo en que la PNP va a respetar la Constitución”, enfatizó.

El representante de Pedro Castillo también intentó poner en duda la versión del testigo sobre un quiebre del orden constitucional señalando que, a pesar del mensaje, él pudo realizar sus funciones como jefe encargado de la PNP. El abogado, cuya defensa se centra en que no hubo delito de rebelión porque no hubo alzamiento armado, le cuestionó al testigo si un papel, como el que sostenía, era “un arma”.

“Un arma es de acuerdo a las circunstancias. Un lapicero puede ser un arma, en determinado momento. Si yo agarro el papel, le tapo la nariz y no lo dejo respirar, por supuesto que es un arma. Depende de la forma y las circunstancia en que lo utilice”, respondió. “Pedro Castillo tenía (al momento del mensaje) su banda (presidencial) y como tal, estaba como presidente de la República, jefe de la PNP y las FF.AA., bajo esa condición dio el mensaje y también la orden a la Policía”.

El juicio seguirá este viernes

Se cita a cuatro testigos y se orden indagar golpes sufridos por Betssy Chávez

La audiencia del juicio de este jueves se extendió hasta casi la 1:30 p.m., siendo la más larga hasta la fecha. Si bien también se tenía previsto interrogar al acusado Willy Huerta, este cambió de parecer y se reservó su testimonio hasta la parte final del juicio. En tanto, la testigo Heidy Juárez, exministra castillista y actual congresista, se ausentó citando su labor parlamentaria.

La sesión también estuvo marcada por la ausencia de Pedro Castillo. Por disposición del personal médico del penal, el expresidente fue trasladado al Hospital II Vitarte por una “descompensación”, aparentemente como fruto de su anunciada huelga de hambre. Un médico legista que evaluó luego al expresidente concluyó que se encontraba estable.

Por la tarde, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó que fue llevado de vuelta a Barbadillo “en condición estable”.

La defensa de Pedro Castillo y otros acusados solicitaron que la audiencia se suspenda por su ausencia. Sin embargo, la sala siguió adelante con la sesión debido a que su defensa estaba garantizada por la presencia de su abogada. Más aún cuando fue una situación “provocada por el señor (Pedro) Castillo”, en relación a la huelga de hambre que anunció.

En tanto, un médico legista corroboró que la acusada Betssy Chávez había sufrido golpes que, según informó la defensa de la exministra, fueron fruto de una caída durante su traslado de vuelta al penal de Chorrillos el último martes, luego de la audiencia previa del juicio. Tras recibir el informe médico, la sala dispuso que el) realice una investigación.

“Anteriormente, (el colegiado) había cursado oficios para que se adopten las medidas necesarias respecto al transporte (de Betssy Chávez) para que no ocurriera otro percance. Pero a raíz de lo ocurrido hoy, el tribunal dispone remitir el acta fiscal y el oficio al Inpe para que adopte las investigaciones disciplinarias”, dijo la magistrada Norma Carbajal, directora de debates del juicio.

El juicio sigue este viernes con la declaración de cuatro nuevos testigos del Ministerio Público: Fernando Aliaga y Roberto Wong, funcionarios del IRTP al momento de los hechos; Eduardo Guerrero, exsecretario de Comunicaciones de Palacio; y Nelly Torres, exdirectora de noticias de TV Perú.

En la audiencia de este jueves se informó que el testigo Fernando Aliaga ya adelantó que no podrá asistir “por motivos personales y laborales”, por lo que pidió una reprogramación. Sin embargo, la fiscalía consideró que su inasistencia no estaría justificada y requirió que, en todo caso, se reprograme su testimonio “bajo los apremios de ley”.