Vladimir Cerrón y el aeródromo Wanka: las claves del caso que lo podría llevar a prisión efectiva

La Sala Penal de Apelaciones Transitoria de Junín continuará el martes 22 de agosto con la audiencia de apelación de la sentencia que recibió el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, de cuatro años de cárcel por colusión en el Caso ‘Aeródromo Wanka’. Los magistrados iniciaron la evaluación del caso el 5 de julio.

En una de las últimas audiencias, el abogado Luis Mayhua Quispe, defensor legal de Cerrón, cuestionó los medios probatorios con los que la fiscalía culpó a su patrocinado de concertar la suscripción del contrato para la construcción de un aeródromo en Junín cuando ejerció como gobernador de esa región, en el 2014.

Por ese caso, Cerrón fue condenado a cuatro años de prisión efectiva en febrero pasado, en primera instancia, por el magistrado Guido Arroyo Ames, del Sexto Juzgado Penal Unipersonal Supraprovincial Especializado en Corrupción de Junín.

No obstante, el juez suspendió la ejecución de esa pena hasta que se confirme en segunda instancia; es decir, en la citada sala de apelaciones.

El Código Procesal Penal autoriza al magistrado a decidir si una pena efectiva se ejecuta inmediatamente o se suspende hasta que se confirme en segunda instancia. Esto depende de la evaluación que haga el juez sobre la naturaleza y la gravedad del delito, así como del peligro de fuga.

MIRA AQUÍ LA AUDIENCIA DEL MARTES 15 DE AGOSTO:

Junto al líder de Perú Libre fueron condenados Aldrin Zárate Bernuy, Irene Carrión Romero y Luis Araujo Reyes en calidad de autores del delito de colusión, y Serafín Blanco Campos y Natali De la Vega Estrada en calidad de cómplices.

MIRA AQUÍ LA AUDIENCIA DEL 17 DE AGOSTO

El fiscal Jesús Canchanya Ríos, del cuarto despacho de la Fiscalía Anticorrupción de Junín, probó - de acuerdo al fallo en primera instancia - que Cerrón y otros involucrados concertaron para la suscripción de un contrato por la construcción de un aeródromo que no contaba con la autorización de la Autoridad Aeronáutica Civil.

El contrato fue suscrito el 4 de junio del 2014 y obligó al Gobierno Regional de Junín a realizar el pago del 0,5% del monto de la inversión al contratista, el consorcio Gran Aeródromo Wanka.

El acuerdo se firmó pese a que tampoco se contaba con pronunciamiento de la Dirección General de Política de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), según determinó el Ministerio Público.

Además, el acto transgredió la Ley Marco de Asociaciones Público Privadas, pues no se consultó previamente al Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran), determinó la fiscalía.

Los sentenciados cumplen reglas de conducta mientras se está a la espera de la decisión de la sala de apelaciones. Entre estas están la de no ausentarse de su lugar de residencia ni del país y realizar un registro de control biométrico todos los lunes.

Cerrón aseguró que el cuestionado contrato por el aeródromo pasó por órganos especializados y autónomos, así como por el pleno del consejo regional de Junín.

“Aquí aplica el principio de confianza porque mi persona no es área especializada. Si en el extremo fuera como dice la fiscalía, que el contrato era ilegal, la gran pregunta es: ¿Por qué absolvieron al gerente general y a todos los miembros del consejo regional? Lo que devendría en nula la sentencia, por falta de motivación y congruencia”, argumentó recientemente vía Twitter.

En las audiencias de apelación, la fiscalía señaló que si Cerrón firmó el ilegal acuerdo, fue porque se coludió por un interés.

“Al gobernador no pueden obligarlo a firmar un contrato ilegal. Y si firmó el acuerdo [del Consejo Regional] y coronó la colusión tampoco puede quedar impune”, añadió el fiscal superior Ramón Vallejo.

El caso del aeródromo es el segundo por el que Cerrón es condenado por delitos de corrupción.

Ya en agosto del 2019, el líder de Perú Libre fue sentenciado a cuatro años y nueves meses de cárcel efectiva por negociación incompatible. No obstante, luego de un tiempo en prisión, una sala de apelaciones redujo su condena a tres años y nueves meses y convirtió la pena efectiva en prisión suspendida.