El Poder Judicial admitió la incorporación de la Procuraduría Pública Ad Hoc en el proceso judicial contra Wilfredo Oscorima, gobernador de Ayacucho, en el caso Obrainsa, y con esto el pedido que planteó de reparación civil por un monto de más de S/ 56,6 millones.
Según informaron este martes 28 de mayo, la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional confirmó la resolución de primera instancia y rechazó la apelación que había presentado uno de los investigados, el exgerente de Infraestructura del GORE Ayacucho, Carlos Zevallos, contra la constitución de la procuraduría como actor civil.
Con esto, se declaró como “motivada en forma razonable dentro de los parámetros que exige el debido proceso” la pretensión civil de un pedido de reparación por más de S/ 56 millones que se han solicitado por los delitos que se imputan contra Oscorima y otros.
Wilfredo Oscorima afronta pedido de más de S/ 56 millones como reparación civil.
Por el delito de colusión agravada, se piden S/ 6′852.546,36 como daño patrimonial y S/ 13′705.093,46 por daño extrapatrimonial. Por cohecho pasivo propio, la procuraduría ha solicitado el pago solidario de S/ 8′326.563,36. Finalmente, por asociación ilícita, se ha pedido el pago solidario de S/ 27′755.211,21
Con esto, se llega a una suma total de reparación civil por todos los delitos por S/ 56′639.414,40.
“Concluyó que la resolución de primera instancia, emitida por el Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria, ha cumplido con expresar las razones y los considerandos que sustentan la constitución de actor civil a la Procuraduría Pública Ad Hoc en representación del Estado”, señala el Poder Judicial.
Wilfredo Oscorima cumple una orden de comparecencia con restricciones desde octubre del 2022, cuando el Poder Judicial rechazó el pedido de la fiscalía para dictarle prisión preventiva y, en su lugar, resolvió imponerle reglas de conducta.
