El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, podría ser investigado por la fiscalía por los presuntos delitos de omisión, abuso de autoridad y patrocinio ilegal por haber presentado ante el Tribunal Constitucional (TC) una demanda contra de la ley de extinción de dominio, que podría beneficiar a su hermana y al prófugo Vladimir Cerrón. Así lo advirtieron el exviceministro de Justicia Gilmar Andía y el exprocurador anticorrupción Luis Vargas Valdivia.
En tanto, el abogado constitucionalista Erick Urbina consideró que Gutiérrez podría afrontar un proceso en el Congreso por presunta infracción a la Carta Magna.
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“Podrían investigarlo por omisión porque no dio cuenta del conflicto de intereses que tiene en este caso, que podría beneficiar a su hermana y el prófugo Cerrón [...] La fiscalía está obligada a iniciar investigación cuando toma conocimiento del posible acto delictivo”, dijo Vargas Valdivia, quien también consideró que podría haber un presunto delito de abuso de autoridad.
Para el abogado, este conflicto de intereses debió ser ventilado antes por Gutiérrez. Opinó, además, que el defensor del Pueblo estaría afectando “el principio de integridad” de su cargo.
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En tanto, a criterio de Andía, la figura sería patrocinio ilegal y el Ministerio Público contaría con los elementos para abrir una carpeta contra el defensor a nivel de sospecha.
“Se sanciona al funcionario que patrocina los intereses de un particular ante la administración [de justicia], aquí habría un patrocinio indirecto de los intereses de la hermana ante el Tribunal Constitucional. A nivel de sospecha podría abrirse una carpeta porque no es gratuito. Primero ha sido el abogado de Cerrón y ahora aparece el caso de su hermana”, expresó.
Además, consideró que habría una falta administrativa disciplinaria. “La ley del servicio civil dice que el uso de los bienes de la institución para fines propios o de terceros constituye una falta. Estas faltas pueden ser de carácter grave incluso. ¿Por qué diría que está dentro de esa falta? Porque obviamente ha usado los recursos de la Defensoría del Pueblo, que es todo el equipo que ha evaluado y trabajado esta demanda de inconstitucionalidad”, subrayó.
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Por su parte, Urbina indicó que “si estaríamos ante una infracción a la Constitución” porque Gutiérrez como “funcionario no puede obrar en beneficio de terceros ni el propio, solo a favor de la sociedad y el Estado”.
“Él aunque crea que esta ley es inconstitucional, sabiendo el conflicto de interés que hay debió de inhibirse de presentar la demanda y pronunciarse ante la prensa”, apuntó el constitucionalista.
Sin embargo, Urbina advirtió que la calificación de una denuncia constitucional le corresponde a los congresistas y requiere de votos. “Va a depender de lo que diga el Legislativo”.
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—El caso—
Este Diario dio a conocer que Sara Gutiérrez, una de los siete hermanos del defensor del Pueblo, tiene un caso de dominio de extinción en curso, en calidad de representante legal de una empresa cuyo vehículo valorizado en más de S/800.000 fue incautado por las autoridades en Huánuco en octubre del 2023.
El vehículo es de propiedad de la empresa Multiservicios y Constructora JJJ Cruz E.I.R.L., que tiene como representante legal a Gutiérrez.
Según la fiscalía, no se contaba con la documentación necesaria de circulación en la zona y el vehículo “estaría vinculado a la actividad ilícita de contrabando”.
Ante ello, la Fiscalía Provincial Transitoria Especializada en Extinción de Dominio de Huánuco solicitó la respectiva medida cautelar de incautación, a fin de salvaguardar la preservación del bien mueble, la cual fue amparada por el Poder Judicial.
“La obtención de la medida cautelar se dio tras acreditar la existencia de los presupuestos de verosimilitud de los hechos, el peligro en la demora, la razonabilidad y la proporcionalidad de la medida, respecto del bien que habría sido utilizado en la comisión del delito de contrabando”, se indicó desde el Ministerio Público.
Además, presentó la respectiva demanda en extinción de dominio, la cual fue admitida por el juzgado y se realizaron las audiencias de inicio y actuación probatoria.
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Según informó el Ministerio Público, los alegatos de clausura en este proceso culminaron el 26 de junio pasado, y se está a la espera de que el Juzgado de Extinción de Dominio de Huánuco emita la sentencia correspondiente.
El viernes, en diálogo con El Comercio, Gutiérrez negó conocer del caso y dijo que no vive con ninguno de sus hermanos, pues él vive en Lima, y que cada uno es independiente en su vida empresarial, profesional y personal.
Asimismo, agregó que la demanda de inconstitucionalidad que presentó “no es que se trate de beneficiar a mi hermana, o me beneficio yo, o a mi amigo” sino que “es un tema de derechos” y un “es un tema muy trascendente, que está por encima de las personas, por encima de cualquier especulación”. “Jamás lo haría pensando en lo mío”. indicó.
“El que va a evaluar, no va a evaluar por el señor Gutiérrez o por la Defensoría, no. Eso lo pudo haber presentado el grupo de parlamentarios que corresponde o otras instancias (...) Nosotros cuando tomamos la decisión de elaborar un estudio es porque hay denuncias correspondientes y que quepa la plena seguridad que no hay ningún interés subrepticio de ninguna naturaleza”, manifestó a este Diario.
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Demanda de inconstitucionalidad
A inicios de agosto, el defensor del Pueblo presentó una demanda de inconstitucionalidad ante el TC contra varios artículos del Decreto Legislativo 1373 que establece el procedimiento de extinción de dominio vigente desde el 2018.
Según Gutiérrez, quien fue abogado de Vladimir Cerrón, prófugo de la justicia desde octubre del 2023, diversos artículos de la norma sobre extinción de dominio vulneran el derecho de propiedad y los principios de presunción de inocencia y de seguridad jurídica, entre otros.
“Interponemos demanda de inconstitucionalidad contra el numeral 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.9, 3.10 del artículo II del Título Preliminar, así como los artículos 7.1.b, 7.1.f, 31.2, 32, 34 y 44 del Decreto Legislativo 1373, Decreto Legislativo sobre extinción de dominio, por vulnerar el derecho de propiedad (artículos 2.16 y 70 de la Constitución), el principio de tipicidad (artículo 2.24.d de la Constitución), principio de presunción de inocencia (artículo 2.24.e de la Constitución), el principio de irretroactividad de la ley (artículo 103 de la Constitución) y el principio de seguridad jurídica (artículos 2.24.a) y 2.24.d) y el artículo 139.3 de la Constitución)”, señala la demanda.
El recurso presentado el 2 de agosto, al cual tuvo acceso El Comercio, cuestiona diversos numerales del artículo II del Título Preliminar y otros artículos del Decreto Legislativo 1373.
El recurso constitucional precisa que considera como parte demandada a la presidenta Dina Boluarte, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén y el procurador público de la PCM, Carlos Cosavalente.
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También contra el ministro del Interior, Juan José Santiváñez; el de Justicia, Eduardo Arana; y los dos procuradores públicos de sus respectivos ministerios.
La demanda de inconstitucionalidad advierte que hay partes del decreto legislativo 1373 que establecen precisiones sobre nulidad y autonomía de actos sobre bienes ilícitos, así como en sus alusiones sobre el dominio de los bienes, la aplicación en el tiempo y la carga de la prueba.
“El presente Decreto Legislativo contiene disposiciones que claramente contravienen el principio de presunción de inocencia, razón por la cual, la revisión de la inconstitucionalidad de este instrumento jurídico exige, además de los artículos previamente revisados, una importante consideración sobre la vulneración a este precepto”, señala el documento.
El decreto legislativo 1373, sobre extinción de dominio, fue publicado el mes de agosto del 2018 durante el gobierno de Martín Vizcarra, con César Villanueva como primer ministro y con Vicente Zeballos y Mauro Medina como ministros del Interior y Justicia respectivamente.
