Unops contradice versión del presidente Martín Vizcarra: ¿Cuál es el impacto en el caso? | ANÁLISIS

En respuesta a consultas de El Comercio, este organismo internacional negó que para la obra Lomas de Ilo - el consorcio ganó la buena pro el 27 de noviembre del 2013- hubiese elegido al ganador, fijado el monto o hecho el estudio de mercado. La buena pro, indicaron, recayó en el Gobierno Regional de Moquegua (GORE Moquegua). Unops convocó a la licitación por encargo del Proyecto Especial Pasto Grande.

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MIRA: Caso Obrainsa: Unops contradice versión del presidente Vizcarra sobre adjudicación de obra

En la nota -de la Unidad de Investigación- publicada este viernes por El Comercio, se consigna además que la Oficina de Prensa de Palacio de Gobierno señaló que lo que dijo el presidente el domingo fue “que Unops es quien hace la evaluación y recomienda a quién adjudicar. De allí para adelante es responsabilidad del gobierno regional”.

“El presidente ha ofrecido toda su disposición de dar información que soliciten las entidades competentes. Desde ahora no dará una entrevista únicamente sobre este tema”, agregaron.

Este Diario conversó con dos abogados penalistas y un abogado en derecho administrativo sobre el impacto que tendría el pronunciamiento de Unops. Hace una semana, se reveló que un aspirante a colaborador eficaz sostuvo que Obrainsa, empresa investigada por el Club de la Construcción, y Astaldi habrían realizado el pago ilícito de un millón de soles al presidente Vizcarra, cuando era autoridad regional, a cambio de brindar información reservada y otorgar la buena pro a dicho consorcio.

1. ¿Las declaraciones de Unops abren una nueva línea en esta investigación?

Unops respondió a las declaraciones hechas el último domingo por el presidente Vizcarra en el programa “Panorama”. Ahí, el mandatario dijo que Unops tenía completa reserva de todo el proceso hasta que informaban quién era el ganador de la licitación. “Nosotros, en este y cualquier proceso, no tenemos acceso a la información”, dijo. Además, el presidente sostuvo que “una vez que Unops tiene el expediente y el encargo del gobierno regional, a través del consejo, hacen su propio estudio de mercado y determinan cuál es el costo de una obra de esa magnitud y complejidad”.

En primer lugar, Unops indicó a El Comercio que la decisión para la adjudicación “siempre la tiene la entidad”. Es decir, el GORE Moquegua. Señaló que ellos se encargaron de comunicar los resultados de esta licitación a la empresa y al Seace "manteniendo informado de esto a la entidad”. Mencionó también que el proceso fue “por encargo” y que el trabajo culminó con “la asistencia técnica, notificación y la presentación del informe de recomendación para su adjudicación”. Tanto la administración y como la gestión del contrato fueron hechas por la entidad regional.

Finalmente, en la evaluación de ofertas, Unops analizó “la razonabilidad del precio cotizado, mediante técnicas de estimación”, pero no fueron responsables de realizar un estudio de mercado o precisar el valor de la obra a licitar.

El abogado penalista Rafael Chanjan, investigador del IDEHPUCP, dijo que luego de estas aclaraciones hechas por Unops hay un criterio que no se debe perder de vista: el dinero estatal. “La Unops cumple una función de asistencia técnica, de gestión utilizando las mejores prácticas internacionales. Pero una iniciativa para realizar una obra como esta siempre tiene que surgir de una iniciativa estatal”, explicó.

El Estado, que es quien administra los recursos públicos, fija cuál es el monto que está dispuesto a desembolsar. “Luego, la Unops convoca, asiste, hasta llegar a la sugerencia de una empresa ganadora. Pero, finalmente también el Estado tiene la última palabra. No es que exista una subrogación de funciones", añadió. Para Chanjan, “poder de decisión” sí habría existido, así como la posibilidad de veto.

“Últimamente, la percepción es que en las licitaciones los actos de corrupción se cometen en las primeras etapas. Pero la realidad es que la mayoría de investigaciones y procesos por presuntos delitos de corrupción en licitaciones se están dando en la última fase, en la ejecución. En esa fase la Unops no tiene intervención”, finalizó.

Por su parte, el abogado penalista Iván Meini consideró que “sin duda” estas aclaraciones de la Unops “ponen en una situación complicada al presidente”.

“Al desmentir los argumentos vertidos, Unops está señalando que su rol ha sido el de un ente asesor. Por tanto, la decisión de la contratación y responsabilidad por ella no recae en Unops sino en el GORE Moquegua, lo cual es bastante coherente porque en principio la contratación estatal es una función indelegable. Estaría siendo desvirtuada la línea de defensa del presidente, y esto complica su escenario legal", indicó.

2. ¿Estas declaraciones complicarían la situación del presidente?

El abogado Chanjan considera que lo declarado por la Unops son datos fácticos y, por tanto, son elementos que podría tomar la fiscalía en su hipótesis. Pero, no es lo único. “También utilizará otro tipo de pericias más técnicas que den cuenta de la real intervención de la Unops y la importancia que tiene el Gobierno Regional en las etapas de esta licitación”, agregó.

Meini también coincide en que se deberá recabar otras pruebas adicionales, pues no se puede aún concluir que hubo un favorecimiento irregular. “Hay indicios y cada vez son más contundentes acerca de que la contratación no ha sido lo más escrupulosa y que las justificaciones no se ajustan a la verdad. A partir de ahí, surge la sospecha de si la adjudicación fue una contratación amañada o no”, agregó.

Esto fue reforzado por el abogado Rafael Chanjan. “Todavía quedan varios actos de investigación por realizar. Creo que son datos reveladores, aquí lo que existe es una sospecha tangible de un presunto delito de corrupción en el cual entre otros estaría vinculado el presidente. Pero esto requiere elementos de convicción suficientes para poder llegar a afirmar la culpabilidad de alguien”.

El penalista indicó que si bien es un caso serio donde hay una sospecha de presunto delito de corrupción, es necesario llevar a cabo determinadas diligencias: “pericias, más testimonios, levantar el secreto de las comunicaciones, secreto bancario, tributario, una pericia contable, incremento de gastos del gobernador y su entorno. Eso va a darle fortaleza a la tesis fiscal. Es un caso serio, grave, que involucra la presidente y amerita investigaciones”, dijo.

Finalmente, Meini considera que sí podría complicarse la situación del presidente Vizcarra “porque pierde credibilidad la versión y eso debilita su estrategia legal”. “Cuando la versión de una persona sujeta a investigación es desmentida con pruebas, entonces parece que lo que está haciendo es ocultar algo. Es un indicio adicional para sospechar. Todo esto tiene que ser analizado en el marco de la investigación”, comentó.

3. ¿Qué tipo de responsabilidades se evidenciarían?

Para Meini, es aún prematuro sostener que el presidente sería responsable de algún delito vinculado a esa contratación. “Sin embargo, haciendo abstracción de nombres y cargos, cuando una contratación pública es amañada el delito que por lo general se comete es el de colusión, para quienes favorecen indebidamente a una de las partes que participan en una contratación pública”, explicó.

Debido a que el presidente no puede ser juzgado hasta que termine su mandato, Meini dijo que de lo que se puede hablar ahora es de indicios, fuertes sospechas de testimonios que han sido desvirtuados y por tanto de la necesidad de que el Ministerio Público se encargue de la investigación.

Ramón Huapaya, docente de derecho administrativo en la PUCP, dijo que a su criterio no hubo una adecuada forma de tratar el tema en el Gore Moquegua. “Me parece que cuando declaró fue inexacto porque Unops lo que dice es que ellos seleccionan y ahí está, y eso ha pasado”, indicó.

Dijo también que administrativamente esto reflejaría que el presidente, cuando estuvo en el GORE Moquegua, “no tuvo toda la información correcta. Su gerente general no le dio la información correcta. Lo veo como un problema administrativo de gestión”.

“El presidente no es el que ejecuta, le llevan para firmar. Hay un principio de confianza, ¿quién se encarga? El gerente general es quien lo maneja. Siendo gobernador regional él aprueba, pero a través de un acuerdo, habrá que ver cómo se procedió. Quien asume la responsabilidad es quien está metido en este tema, que es el gerente general del GORE. Lo que ha aclarado Unops son los detalles administrativos”, explicó Huapaya.

En este sentido, añadió que es necesario que se revise el convenio y los expedientes de la contratación, que tiene que ser revelado por Unops. “Ellos tienen un deber de reserva, eso es cierto, pero tiene que verse cómo se da la selección. No es que sea falso lo que dijo el presidente, sino inexacto. Es cierto que es reservado, pero el gobierno sí sabía del presupuesto destinado a esta obra porque hubo ese encargo. Hay que ver cómo se adjudica la obra y eso tiene que revelarlo Unops”, añadió.

4. Investigación al presidente

El abogado Iván Meini recordó que este caso se produjo antes de que Martín Vizcarra ocupara el cargo de presidente.

“Al presidente, mientras ejerza su mandato, solo se le puede acusar por pocos delitos que establece la Constitución, no por los que habría cometido en el caso de Obrainsa o contratos a Richard Cisneros. La Constitución no establece que no pueda ser investigado, por tanto lo que se puede hacer es adelantar investigaciones y cuando termine su mandato se puede proceder si hay mérito a una acusación y eventualmente a un proceso. La costumbre, sin embargo, ha sido que el presidente mientras ejerce su mandato tampoco es investigado”, finalizó.

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