La empresa de Antonio Camayo, quien se encuentra detenido, no ha respondido a la solicitud del OSCE por la falsificación de documento. (Foto: Hugo Pérez)
La empresa de Antonio Camayo, quien se encuentra detenido, no ha respondido a la solicitud del OSCE por la falsificación de documento. (Foto: Hugo Pérez)
Unidad de investigación

Carlos Neyra

El empresario Edwin Camayo Valverde, dueño de Iza Motors Perú y quien está detenido en la sede de la Prefectura de Lima por el caso de Los Cuellos Blancos del Puerto, fue denunciado en abril de este año por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus) luego de que se detectara que la firma que representa ganó una licitación en el 2017 haciendo uso de documentación falsa.

En diciembre del 2016, durante la gestión de Marisol Pérez Tello, el Minjus convocó a la adjudicación simplificada 49-2016, de un valor estimado en S/335.444, para la contratación del servicio de mantenimiento preventivo de 11 automóviles, tres microbuses y tres camionetas por un período de tres años.

La empresa de Antonio Camayo ganó la buena pro. Presentó una oferta que no pudo ser superada por los otros cuatro competidores que se disputaron el servicio de mantenimiento preventivo, como cambio de aceite y revisión de frenos, y que no incluía cambios de repuestos ni reparaciones de ningún tipo de la flota vehicular.

El 15 de febrero del 2017, Iza Motors firmó el contrato con el Ministerio de Justicia por S/117.360. En el documento se consignó la vigencia de poder, inscrita en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp) en la partida electrónica 12421607, que faculta a Camayo a representar a la empresa.

Según la oficina de prensa del Minjus, luego de que se firmara el contrato y al revisar nuevamente el expediente de Iza Motors Perú, se detectó que la vigencia de poder era falsa. Después, un funcionario del órgano de control institucional del Minjus solicitó los mandatos y poderes vigentes de la compañía a la Sunarp. Esta respondió y se comprobó que el documento presentado era apócrifo.

El 19 de abril del 2018, el procurador del Minjus denunció penalmente a Iza Motors Perú y a Antonio Camayo ante la Primera Fiscalía Provincial Penal de Miraflores. Un funcionario informó a El Comercio que la denuncia está en evaluación, pese al tiempo transcurrido.

Los funcionarios no han tomado ninguna otra medida ante la irregularidad detectada por la misma institución. El contrato continúa vigente a la fecha.

El Minjus también informó a El Comercio que el caso fue remitido al Organismo Supervisor de Contrataciones con el Estado (OSCE) en noviembre del 2017 para que iniciara el procedimiento sancionador.

La oficina de prensa del órgano de control respondió a este Diario que el caso se encuentra en trámite. Según un colaborador del tribunal del OSCE, la empresa no ha respondido hasta la fecha pese a que ya fue notificada.

El portavoz del OSCE señaló que la compañía podía ser merecedora de “inhabilitación temporal […] o de inhabilitación definitiva, para participar en procedimientos de selección y de contratar con el Estado”.

Sobre este caso, el abogado Pierre Nalvarte, especialista en temas de contrataciones con el Estado, afirmó que le llamaba la atención que “haya trascurrido tanto tiempo y el OSCE no haya culminado el procedimiento sancionador”. Agregó que “en un caso similar ocurrido poco tiempo atrás la entidad actuó mucho más rápido”.

Nalvarte enfatizó además que el Minjus “debió resolver el contrato, al tomar conocimiento de la falsificación de un documento”.

Este Diario buscó comunicarse en reiteradas oportunidades con la empresa de Antonio Camayo para solicitar su versión, pero se abstuvieron de declarar para este informe.

—Ganancias—
Según el portal de transparencia económica del Ministerio de Economía, durante el 2017 la empresa de Camayo contrató con 21 entidades del Estado, entre ellas el OSCE. Lo que facturó ese año asciende a S/1’729.755. La compañía recibió desembolsos de la gerencia general del Poder Judicial, por S/121.763; la Región Policial de Lima, por S/334.195, y del Reniec, por S/94.017.

El monto total de las adjudicaciones durante el 2018 es de S/468.738. Corresponden a 19 entidades públicas.

El OSCE y el Minjus siguen realizando desembolsos por mantener contratos vigentes con la compañía de Camayo, pese a tener conocimiento de que había utilizado documentación falsa para adjudicarse la buena pro.

Por medio de un comunicado, el OSCE indicó que el último jueves inhabilitó por tres años y tres meses a la empresa Iza Motors para contratar con el Estado, debido a que presentó documentación falsa al Ministerio de Justicia para ganar una licitación. Agregó que la compañía tiene cinco días para apelar la sanción.

La institución también señaló que dispuso que el informe se remita al Ministerio Público para que “adopte las medidas que estime pertinentes”.