Mujeres líderes y su visión sobre el acoso y la violencia política en el Perú

Por otro lado, aunque hace cinco meses el gobierno de Francisco Sagasti promulgó la ley que previene y sanciona el acoso contra las mujeres en la política, sigue pendiente su reglamentación.

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Se demanda investigación y protocolos internos

La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Anahí Durand, dijo el martes 31 que se hizo un llamado a las “instituciones pertinentes para que investiguen” el caso de violencia. Sin embargo, Ana María Choquehuanca, extitular de esa cartera, comentó a El Comercio que si bien el debido proceso debe ser respetado, el ministerio debe también intervenir. “¿En los centros de emergencia mujer acaso cuestionan las declaraciones de las víctimas de violencia? Es lamentable el mensaje que se deja de parte de las autoridades”, expresó.

Exministras y excongresistas entrevistadas por El Comercio demandaron investigaciones internas y la necesidad de que el Estado tenga protocolos claros para atender situaciones de agresión en el espacio político.

Mirtha Vásquez, expresidenta del Congreso, mencionó que no basta con pedir investigaciones, sino que debe incorporarse un comité de acoso político en las instituciones. La también exparlamentaria Tania Pariona coincidió en que no existe en el Legislativo un procedimiento para hacer una denuncia de acoso. “Se da por entendido que hay que denunciar, pero no se sabe la ruta completa para la sanción”, dijo.

En tanto, que la exministra de Educación Marilú Martens opinó que “en el Perú la discriminación a las mujeres es estructural y cruza todas las etapas de su vida, bloqueando el horizonte de igualdad al que aspiramos y merecemos”.

Esta semana, la presidenta de la Comisión de la Mujer, Elizabeth Medina, intentó soslayar el testimonio de la congresista Chirinos. En declaraciones a El Comercio, utilizó un enunciado que es recurrente contra las víctimas de violencia. “¿Por qué no lo ha denunciado en su momento para tener conocimiento del caso y tomar el toro por las astas, y sancionar ese hecho?”, deslizó.

Las exservidoras públicas consultadas en este reportaje también rechazaron la intención de desmerecer el testimonio de Chirinos. “Quisiera recordarle a Medina que en estos casos nunca debemos imputarle a la víctima una responsabilidad de no haber denunciado a tiempo”, dijo Vásquez. A ella se aunó Arlette Contreras, legisladora durante el periodo anterior. “Lo que vemos es una respuesta que trata de desvirtuar una denuncia”, alertó. A su turno, Pariona incidió en que esta situación es una forma de acoso político que las autoridades deben investigar.

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Sin reglamento

Respecto al reglamento pendiente de la ley que previene y sanciona el acoso político, el Ministerio de la Mujer respondió a El Comercio que este asunto está en manos del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), pues así se señala en la disposición que se refiere a las multas aplicables a quien comete acoso.

“Con respecto a si la ley debe ser o no reglamentada, es importante tener presente que como regla de aplicación general toda norma debe señalar expresamente que debe de reglamentarse y señalar en plazo correspondiente”, agregaron. La ley solo menciona la reglamentación en cuanto a la competencia es del JNE.

Fuentes de El Comercio explicaron que el jurado solo se remite al proceso electoral como campo de acción, pues no puede aplicar sanciones cuando un candidato es finalmente elegido autoridad. Indicaron que recién esta última semana el ministerio envió un oficio en que solicita al JNE la elaboración del reglamento.

Este año, el 47% de mujeres que postularon al Congreso manifestaron haber sufrido acoso político en su trayectoria política, de acuerdo con data de la Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica y Ciudadana del JNE.

Alzar la voz contra las agresiones

Marilú Martens, exministra de Educación: “El mayor predictor de la violencia de género es lo permisiva que es una sociedad de este comportamiento. La tolerancia es determinada por el liderazgo. Cuando las autoridades se aseguran de que el perpetrador enfrente consecuencias, se reducirá considerablemente”.

Mirtha Vásquez, expresidenta del Congreso: “Deberían el presidente y los ministros dar señales claras de que quieren asumir una postura diferente. Lo primero es exigir una investigación, pero en un país donde no se sabe dónde llevarla a cabo, salir a pedir investigación queda corto. Hay un miembro del Ejecutivo cuestionado, lo mejor sería que ellos inicien una investigación propia”.

Ana María Choquehuanca, exministra de la Mujer: “Hoy vemos con mucha indignación que las autoridades, incluso del más alto nivel, banalizan la violencia y agreden a la mujer. Lo que ocurre es una muestra clara de lo que pasa en el país. Apuesto por el tema de la educación. Esta es una tarea de prevención que se trabaja desde la niñez. El machismo imperante es el que causa estas situaciones”.

Tania Pariona, excongresista de la República: “Nosotras también hemos vivido de alguna manera manifestaciones de acoso político, pero creo que la gente aún no es consciente de ello. Estamos todavía asistiendo a entornos muy machistas en la sociedad. El Parlamento ha sido la expresión de lo que ocurre en la cotidianidad. La sinceridad podría ser el mejor mensaje antes que la negación o la justificación”.

Arlette Contreras, excongresista de la República: “Estos hechos de violencia se vienen normalizando en las pugnas políticas y es algo que no se debe tolerar. Es importante que desde el gobierno puedan reflexionar al respecto. Hemos visto que carecemos de un gabinete paritario al que aspiramos. Hemos retrocedido. Tenemos solo dos ministras en un gabinete, pero además estas actitudes que denotan machismo, misoginia y disminución hacia las mujeres son actitudes que no se pueden tolerar ni podemos normalizar”.

Vivian Olivos, congresista de Fuerza Popular: “Las sanciones deben empezar. Yo le creo a la congresista Chirinos. Ya debería haber una denuncia o pronunciamiento. El Perú debe dar muestra de justicia e imparcialidad. Este no es un tema político. Es un acto cobarde que no puede pasar por alto. El presidente debe apartarlo [a Bellido]”.

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