Nuevo choque entre la JNJ y la fiscalía de la Nación: ¿Cuál es la situación ante el pedido de suspensión de Delia Espinoza?

La razón principal alegada por la consejera instructora es que Espinoza Valenzuela no ejecutó la Resolución N.º 231-2025-JNJ, emitida en junio pasado y que produjo el primer choque, al ordenar que se reponga a la fiscal suprema Patricia Benavides como fiscal de la Nación.

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La propuesta de suspensión y de inicio de proceso disciplinario por este hecho tuvo una respuesta inmediata de Espinoza Valenzuela, quien este martes anunció que presentó un recurso de inhibición y/o abstención en contra de la instructora María Teresa Cabrera y otros consejeros que asuman su caso, por estar inmersos en un conflicto de intereses.

Además, requirió al pleno de la JNJ la nulidad y suspensión de su proceso disciplinario.

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En caso de que el pedido de la fiscal de la Nación no prospere y el Pleno de la JNJ decida seguir adelante con su proceso disciplinario, estaría convocando a una audiencia pública para una fecha próxima a fin de analizar el pedido de suspensión contra Espinoza.

Este Diario solicitó la versión de la JNJ ante este pedido presentado por la FN; sin embargo, al cierre de este informe no hubo pronunciamiento.

Fuentes señalaron a este Diario que el Pleno de la JNJ tendría los votos, al menos mínimos, para suspender a Espinoza. Esto, luego de que dicha entidad rechazó el pedido de vacancia contra su presidente, Gino Ríos, quien registra sentencia condenatoria por violencia familiar.

“Por tanto, en atención a que la Resolución N.°231-2025-JNJ, que entre otros puntos, ordenaba la reincorporación de la señora Liz Patricia Benavides Vargas en el cargo de Fiscal de la Nación, y evidentemente por ende, ser reconocida como Fiscal Suprema, al ser válida y eficaz, por no haber sido anulada por autoridad competente, correspondía ser ejecutada de inmediato por parte de la investigada Delia Milagros Espinoza Valenzuela, y no ser supeditada a la interposición de recursos o a criterios discrecionales.”

María Teresa Cabrera, vicepresidenta de la JNJ y miembro instructor del caso

A través de un escrito, al que accedió El Comercio, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, solicitó ante el Pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) la abstención de la consejera María Teresa Cabrera Vega, por conflicto de intereses debido a la demanda de amparo que se procesa en su contra junto a los consejeros Gino Augusto Tomás Ríos Patio (Presidente de dicho órgano), Jaime Pedro De la Puente Parodi, Víctor Hugo Chanduví Cornejo, Germán Alejandro Julio Serkovic Gonzalez y Cayo César Galindo Sandoval.

Como se recuerda, en junio, Espinoza interpuso un recurso de amparo en contra de los miembros de la JNJ antes mencionados por vulneración a sus derechos constitucionales y su derecho de ejercer el cargo de fiscal de la Nación para el que fue electa legalmente, al pretender imponer a Patricia Benavides como titular del Ministerio Público.

Además, remarcó que Cabrera y otros miembros de la JNJ se encuentran inmersos en procesos ante el Ministerio Público.

Según el reporte de investigaciones, algunos miembros de la JNJ tienen hasta seis carpetas fiscales indistintamente por presuntos delitos de usurpación de funciones, abuso de autoridad, acoso, avocamiento ilegal de procesos en trámite, omisión de actos funcionales, y falsedad ideológica.

En todas las carpetas fiscales, Espinoza se inhibió y fueron derivadas al fiscal supremo Tomás Gálvez, para que se pronuncie de acuerdo a sus atribuciones.

En ese sentido, Espinoza solicitó que, en caso de no prosperar la inhibición, la referida consejera se abstenga por decoro.

El pedido se hace en concordancia con el artículo 19 del Reglamento de Procedimientos Disciplinarios de la JNJ, respecto a las abstenciones de los miembros.

Como consecuencia de su pedido de inhibición y abstención, la FN requirió que se declare la “nulidad” de la resolución, el informe y Acuerdo de Pleno que en julio último dispuso abrir una investigación en su contra por la inejecución de la Resolución N.º 231-2025-JNJ al haberse emitido con la participación de la consejera cuestionada, violando el principio de imparcialidad. Por tanto, solicitó que luego de retraerse su proceso al estado inicial, el mismo sea suspendido hasta que se concluya con el proceso constitucional de amparo en trámite y las pesquisas de las carpetas fiscales en curso contra los miembros de la JNJ.

Finalmente, Espinoza Valenzuela precisó que el pedido de abstención no solo alcanzaría a Cabrera Vega; sino a todos los consejeros de la JNJ que se encuentren como demandados en el proceso de amparo y en las carpetas fiscales donde vienen siendo investigados.

“Para tal efecto, debe precisarse que este deber de abstención no alcanza únicamente a la instructora María Teresa Cabrera Vega, sino también a cualquier otro integrante de la Junta Nacional de Justicia que, en el marco de este procedimiento, asuma funciones instructoras o resolutivas y, al mismo tiempo, figure como demandado en el referido proceso de amparo o como investigado en las carpetas fiscales mencionadas.”

Escrito presentado ante la JNJ por la FN, Delia Espinoza

El pedido recuerda la reciente resolución emitida por el Tribunal Constitucional (TC) en el Expediente N.º 04382-2023-AA (Caso Arsenio Oré) donde se establece que agente investigador no puede ser “juez y parte agraviada”. En ese sentido, Espinoza señala que se apartó de las investigaciones seguidas contra los miembros de la JNJ ante la fiscalía.

Y, en ese mismo sentido, precisa, se estaría vulnerando la imparcialidad objetiva cuando los investigados María Teresa Cabrera Vega (instructora) --y casi todos los integrantes de la Junta Nacional de Justicia— son juez y parte agraviada al mismo tiempo, lo que configura un escenario incompatible con el estándar constitucional.

Durante una conferencia de prensa realizada en el Ministerio Público (MP) -donde se expusieron los resultados de la labor fiscal de las Fiscalías Contra del Crimen Organizado- la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, confirmó haber interpuesto el pedido de inhibición contra la vicepresidenta de la JNJ, María Cabrera y otros miembros de la JNJ.

Señaló que hasta la tarde del martes no había sido notificada con los informes de Cabrera que proponen el inicio de un proceso disciplinario en su contra y su suspensión en el cargo por seis meses.

No obstante, afirmó que no se le puede pretender sancionar por haber cumplido con la Constitución, al no reponer a Patricia Benavides como fiscal de la Nación como disponía la JNJ a través de la Resolución N.º 231-2025-JNJ.

Por el contrario, precisó que con ello, la JNJ pretendía que cometiera una infracción constitucional de abandono de cargo para entregarlo a otra magistrada, cuando la elección de la fiscal de la Nación es facultad de la Junta de Fiscales Supremos.

En esa línea, Espinoza advirtió que de prosperar su remoción en el cargo, la JNJ buscaría colocar a Benavides como fiscal de la Nación.

“No pueden ser juez y parte los señores de la Junta Nacional de Justicia pues ellos son los primeros en consagrar su resolución ilegal 231 y se termine de cumplir. Si me llegan a sancionar a través de ese procedimiento, lo que va a venir sin lugar a dudas, es que repongan forzosamente a la doctora Benavides en el cargo de fiscal de la Nación y eso, señores, es inconstitucional”, dijo.

La fiscal de la Nación aseguró que existe una muestra de afectación a la imparcialidad y vulneración al debido proceso, no solo por la participación de consejeros impedidos de participar en su investigación; sino por la celeridad y apuro con que se ha tratado su caso.

Recordó que la Resolución N.º 231-2025-JNJ, que reponía en el cargo a Benavides Vargas señalaba que el proceso disciplinario en contra de esta era por estar presuntamente vinculada a hechos de corrupción y crimen organizado. Sin embargo, pese a que en dicho documento se disponía que un nuevo miembro instructor asuma el caso y emita un informe, hasta ahora no se ha reiniciado dicho procedimiento.

“El manejo selectivo de casos, eso lo hemos demostrado, con documentos, con pruebas. El manejo selectivo está evidentemente demostrado en el Congreso de la República y ahora en la Junta Nacional de Justicia. Eso no es respeto al Estado de derecho, no es respecto al debido proceso y eso es una persecución selectiva”.

Delia Espinoza, fiscal de la Nación

No obstante, en caso el recurso de inhibición y suspensión del procedimiento disciplinario solicitado por la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, no prospere y el Pleno de la JNJ decida seguir adelante, señalará fecha próxima para analizar la propuesta de suspensión en contra de la magistrada suprema.

Precisamente, este martes, por mayoría, el Pleno de la Junta Nacional de Justicia resolvió rechazar el pedido de vacancia contra el presidente de dicha entidad, Gino Ríos, quien tuvo una condena por violencia familiar.

“El doctor Ríos continuará en el cargo al no aprobarse la solicitud de vacancia”, señalaron desde la JNJ a El Comercio.

Los consejeros Francisco Távara y Germán Serkovic votaron a favor de la vacancia, mientras que la vicepresidenta María Cabrera y los consejeros Jaime de la Puente, Víctor Chanduví y Cayo Galindo, votaron en contra de la vacancia.

Así, el Pleno de la JNJ contaría con el íntegro de sus siete miembros para resolver la propuesta de suspensión en contra de la FN.

Una vez que Espinoza sea notificada con los respectivos informes de la instructora, el Pleno de la JNJ señalará fecha para escuchar los descargos de Espinoza Valenzuela dentro de los siguientes cinco días.

Escuchados los informes orales, el Pleno de la JNJ tendrá diez días para emitir una decisión sobre la propuesta de suspensión.

De acuerdo al Artículo 16 del reglamento de Procesos disciplinarios, los miembros de la Junta que intervienen en el Pleno están en la obligación de emitir su voto. Sin embargo, el consejero o consejera que hace de miembro instructor(a) solo puede sustentar su propuesta, pero “está impedido de votar”.

Por ende, quedarían seis miembros del Pleno de la JNJ que podrían participar en la votación. Según fuentes vinculadas al caso, el consejero Távara podría votar en contra, con lo que quedarían cinco votos para tomar la decisión si suspenden o no a Espinoza Valenzuela en el cargo de fiscal de la Nación.

La resolución que dispone la suspensión preventiva del cargo se ejecuta de forma inmediata y contra ella solo cabe un recurso de reconsideración que debe ser planteado dentro de los cinco días posteriores a la decisión. La interposición del recurso de reconsideración no suspende la ejecución de la resolución de suspensión preventiva del cargo.

De prosperar la suspensión de Benavides Vargas, lo que correspondería legalmente es que el fiscal supremo decano asuma interinamente el cargo de fiscal de la Nación. En este caso sería el fiscal supremo Pablo Sánchez.

Si Sánchez declina, correspondería el turno de la fiscal suprema Zoraida Ávalos y luego Tomás Gálvez Villegas. Los dos fiscales con menos tiempo en el cargo serían Juan Carlos Villena y Patricia Benavides.