Pedro Castillo: más promesas contra la corrupción en medio de contradicciones

El presidente Pedro Castillo y la primera ministra Mirtha Vásquez suscribieron este jueves un decreto supremo que “aprueba la estrategia de integridad del Poder Ejecutivo al 2022 para la prevención de actos de corrupción”, acto en el que el mandatario aseguró que su gobierno lucha contra dicho flagelo.

Sin embargo, el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez; el secretario general de Transparencia, Iván Lanegra; y el director ejecutivo de Proética, Samuel Rotta; advirtieron que si bien la iniciativa es importante como punto de partida, existen algunas contradicciones entre el discurso dado por el presidente, su accionar y la norma anunciada. En esa línea, consideraron que un aspecto urgente para que el gobierno demuestre transparencia e integridad es publicar las listas de personas con las que se reunió el mandatario de forma oculta en Breña, como se prometió hace más de una semana.

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“Un verdadero compromiso en la lucha contra la corrupción pasa no solo por hacer un giro a partir de acá, sino todo lo que se ha hecho mal hay que transparentarlo, corregirlo y eventualmente sancionarlo”, indicó Gutiérrez a El Comercio. Acotó que la norma “no es suficiente, porque la principal medida contra la corrupción es el ejemplo”.

Rotta sostuvo que no solo debe hacerse pública la relación de visitantes, pues hay dudas no despejadas. “Debería haber una explicación de parte del presidente con respecto a la naturaleza de las relaciones con las personas con las que se ha reunido, así sean de su ámbito privado. Las relaciones y de lo que se trató”, refirió.

Lanegra apuntó que dicha medida es una obligación legal a ser aplicada. “Cumplir con la ley es hacer público todo el contenido de las reuniones que se han tenido fuera de Palacio”, dijo.

Inconsistencias

Se prevé que el decreto, que revisó este Diario, sea publicado hoy. Por ejemplo, de las diez acciones que establece [ver lista], la primera contempla incorporar criterios “para verificar la idoneidad moral y técnica” del funcionario, incluyendo a “los servidores de confianza”.

Para Gutiérrez, dicha medida no debe aplicarse solo en adelante, sino en la actualidad con funcionarios cuestionados. “Diría que cambios en instituciones claves como Essalud o el Ministerio de Transportes”, manifestó.

Asimismo, Rotta subrayó que varias de las disposiciones emitidas ya existen, pero no se han implementado adecuadamente, como la ley del código de ética de la función pública, publicada en el 2002. Del mismo modo, Lanegra señaló que se trata de normas vigentes o iniciativas en aplicación, por lo que el gobierno hace “una promesa de mejorar la aplicación de la ley”.

En tanto, durante su discurso antes de la firma del decreto, el presidente Castillo evidenció contradicciones entre sus palabras y acciones. Ello durante la 39° sesión de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN) en Palacio de Gobierno.

Por ejemplo, mencionó: “Los últimos escándalos que se han ventilado en Palacio de Gobierno son una muestra de que nosotros tenemos toda la capacidad moral de decir que hay que separar las cosas inmediatamente”.

Empero, cabe recordar que el mandatario guardó silencio ante los cuestionamientos contra el exsecretario general de la Presidencia, Bruno Pacheco, involucrado en presuntas presiones para ascensos en las FF.AA. y al jefe de la Sunat desde inicios de noviembre. Pacheco anunció su renuncia el 19 de dicho mes, día en el que se hallaron US$20.000 en el baño de su oficina en Palacio y el gobierno recién oficializó su salida cuatro días después.

Asimismo, Walter Ayala, exministro de Defensa también involucrado en las presuntas presiones a las FF.AA., anunció el 8 de noviembre que ponía su cargo a disposición y el presidente aceptó la renuncia una semana después.

A juicio de Rotta, “Pasó mucho tiempo frente a las evidencias”. También calificó de “error lamentable” que se le haya dado las gracias a Pacheco por los servicios prestados. “No fue todo lo rápido que se hubiera esperado”, indicó Lanegra y añadió que “tampoco se trata de corregir los malos nombramientos y no evitarlos”.

El decreto, en su artículo 4 sobre financiamiento, señala: “Lo establecido en el presente Decreto Supremo se financia con cargo al presupuesto institucional de las entidades involucradas, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público”. Rotta llamó la atención sobre dicho punto, debido a que implica que las entidades le quiten presupuesto a una de sus áreas o no realicen las medidas precisamente por la falta de recursos económicos. “Esa fórmula le quita peso a la propuesta. No, acá hay que invertir en materia anticorrupción. Esto genera una bola de nieve virtuosa si es que empieza a funcionar bien. Entonces, hay ahí una especie de falta de entendimiento para poder llevar las cosas a la práctica”, expresó.

En su discurso, Castillo también afirmó que “hay personas que no quieren transparentar las cosas”. Rotta y Lanegra sostuvieron que esa expresión incluye al mandatario y que el caso no está cerrado. “Si cree en la transparencia, que transparente a las personas q lo han visitado”, concluyó Gutiérrez, defensor del Pueblo.

Vale apuntar, además, que ─en otra acción contradictoria─ fue el gobierno de Pedro Castillo el que desactivó en agosto pasado la Unidad Funcional de Integridad Institucional (UFII) del Despacho Presidencial, que se creó en marzo durante el gobierno de Francisco Sagasti. Producto del escándalo por las reuniones en Breña, la primera ministra Mirtha Vásquez anunció la semana pasada la reactivación de dicha oficina, lo que reiteró este jueves y a lo que se han sumado las nuevas promesas del Ejecutivo en cuanto a lucha contra la corrupción, transparencia e integridad.

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