El viernes 15 de mayo era el día en que Pier Figari, exasesor de Keiko Fujimori y señalado por la fiscalía por presuntamente integrar una organización criminal al interior del partido Fuerza Popular, iba a salir libre tras culminar el mandato de 18 meses de prisión preventiva que, en noviembre del 2018, se había dictado en su contra.
Un día antes, sin embargo, el juez Víctor Raúl Zúñiga, titular del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente Especializado en Crimen Organizado, dictó una nueva resolución y prolongó la medida cautelar por 12 meses.
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Uno de los motivos por los cuales el juzgado accedió al pedido de la fiscalía para ampliar la prisión preventiva es que existen circunstancias que harían especialmente difícil la investigación en la que se encuentra inmerso Figari.
Una de estas circunstancias sería la investigación en sí. Según el Poder Judicial, que acoge los argumentos del Ministerio Público, el número de investigados dentro del caso Fuerza 2011 -62- hace que las pesquisas sean particularmente complejas y que requieran una mayor cantidad de actos de investigación.
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Ocurre que, cuando la fiscalía formalizó la investigación preparatoria, el número de investigados por el caso era de 51 personas, pero luego, conforme avanzó el proceso, se incorporaron 6 investigados más. A ello se suma –señala la resolución- la cantidad de delitos presuntos investigados.
“(…) entendemos que representa especial dificultad por el número de investigados, ya que no puede considerarse una circunstancia normal, sino de especial dificultad, como se ha sustentado líneas arriba, no es lo mismo procesar a diez o sesenta personas, sobre este aspecto viene lo que deriva sobre la interrogante formulada, cuando se investiga a un número menor de personas serán menos los actos de investigación”, se lee en el documento.
Pero a la dificultad de la investigación en sí se le suma una circunstancia externa: la emergencia nacional ocasionada por la pandemia del COVID-19.
Es por estas razones que, según el juzgado, los 18 meses de prisión preventiva dictados contra Figari habrían sido insuficientes para culminar la investigación.
En este punto, el juzgado hace referencia a las diligencias del Ministerio Público que se habrían visto interrumpidas debido a la emergencia. Entre estas estarían asistencias de cooperación judicial con otros países, realización de pericias, exhibición de documentos y otras diligencias que se habrían visto paralizadas por las circunstancias sanitarias.
“(…) se ha dado cuenta de una cantidad de asistencias de cooperación judicial que se han librado al Japón, pendiente información documental; a Brasil, pendiente seis declaraciones; de Estado Unidos, información financiera sobre transferencias económicas; pericias grafotécnicas a la documentación bancaria remitida por Scotiabank, consistente en novecientos setenta y cinco vouchers; pericias contables de la campaña 2011, de la campaña presidencial del 2016, y del patrimonio familiar de Keiko Fujimori y Mark Vito Villanella, lo cual comprendía revisión de documentos, libros contables, resultados de los levantamientos del secreto bancario, tributario, bursátil del partido Fuerza Popular y de los supuestos aportantes, lo cual no pudo desarrollarse por la emergencia sanitaria nacional”, establece la resolución.
Otro argumento sostenido por el Poder Judicial para ampliar la prisión preventiva de Figari es que, según considera, el riesgo de que este se sustraiga de la justicia u obstaculice la investigación persiste hoy en día.
Como se recuerda, la fiscalía fundamentó este supuesto peligro en el hecho de que diversos testigos declararon haber sido instruidos “para brindar una versión contraria a la verdad (sobre su participación como aportantes de fondos al partido político)”, por órdenes de personas vinculadas a la organización política, como el mismo Figari.
A ello se suman los pantallazos del chat ‘La Botica’, en los que se mostraría " la participación directa del imputado en una conversación respecto a acciones contra el fiscal a cargo del presente caso".
Por último, el juez señala en la resolución que, al no pertenecer Pier Figari a la población de riesgo frente al contagio del coronavirus –pues es tiene 43 años y no presenta condiciones preexistentes de salud-, su despacho no estaba habilitado para verificar de oficio si la medida de prisión preventiva podía variarse por otra.
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