

El Poder Judicial evaluará el pedido de la Procuraduría Ad Hoc del caso Lava Jato para incorporar al partido político Renovación Popular como tercero civil responsable en la investigación por presuntos aportes irregulares de Odebrecht y OAS durante la campaña municipal de 2014 del fallecido exalcalde Luis Castañeda Lossio.
Este martes 5 de agosto a las 11 a. m., el Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria evaluará el pedido de la Procuraduría —a cargo de la abogada Silvana Carrión Ordinola— que ha solicitado hasta el momento US$ 238 millones de reparación civil contra todos los implicados en el caso “Aportes para la campaña municipal 2014 de Luis Castañeda Lossio”.
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El pedido será analizado por el juez Víctor Alcocer del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria, durante una sesión virtual.
La solicitud, presentada formalmente ante el juzgado correspondiente, busca que Renovación Popular, liderada por el alcalde de Lima Rafael López Aliaga responda económicamente en caso de que se confirme la existencia de perjuicio al Estado por financiamiento ilícito de su campaña municipal, cuando el partido aún operaba bajo el nombre de Solidaridad Nacional.

Según la Procuraduría, existen indicios de que el partido habría recibido aportes no declarados o de origen ilícito para financiar la postulación de Luis Castañeda Lossio a la alcaldía de Lima en 2014. Por ello, se plantea que la organización política sea considerada como parte del proceso en calidad de tercero civil responsable, una figura que permite responsabilizar a una persona jurídica por los daños derivados de actos ilícitos cometidos por sus representantes o miembros.
El pedido se sustenta en las investigaciones del Ministerio Público, que incluyen declaraciones de aspirantes a colaboradores eficaces y documentación que apuntaría a presuntos aportes no registrados provenientes de empresas contratistas vinculadas a casos de corrupción.
En paralelo, Renovación Popular ha negado cualquier vínculo con actividades ilícitas y ha sostenido que la organización es jurídicamente distinta de su antecesora, Solidaridad Nacional.
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