El Poder Judicial concedió la apelación que presentó el Ministerio Público con la finalidad de elevar de 30 a 36 meses la prisión preventiva dictada contra Sada Goray, Mauricio Fernandini y otros implicados en la trama de corrupción que habría desplegado la presunta organización criminal liderada por Pedro Castillo.
El Poder Judicial concedió la apelación que presentó el Ministerio Público con la finalidad de elevar de 30 a 36 meses la prisión preventiva dictada contra Sada Goray, Mauricio Fernandini y otros implicados en la trama de corrupción que habría desplegado la presunta organización criminal liderada por Pedro Castillo.
La empresaria y otros implicados son investigados por el presunto delito de colusión agravada cometidos en el marco de una organización criminal.
Las presuntas actividades ilícitas se cometieron en el Fondo MiVivienda del Ministerio de Vivienda, la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN), la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp), y otras entidades.
A través de una resolución, el juez Raúl Justiniano, del Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria, dispuso elevar el recurso de la Fiscalía Provincial del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder – Equipo 3 ante la Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional.
Como se recuerda, el juez Justiniano Romero dictó 30 meses de prisión preventiva al concluir que, de los elementos presentados por la fiscalía, habrían indicios suficientes para presumir que se habría entregado dinero a funcionarios públicos a cambio de favores o decisiones que beneficiaron a la empresaria Sada Goray y a su representada Marka Group.
Entre estos hechos, se investiga la entrega de S/5.4 millones al exjefe del gabinete de asesores del Ministerio de Vivienda, Salatiel Marrufo. Las entregas se habrían realizado a través del periodista Mauricio Fernandini.
Hubo razonamiento incorrecto
La fiscalía, inicialmente, había solicitado 36 meses de prisión preventiva para los cuatro implicados, pero el juez solo dictó la medida por 30 meses.
Por ello, en su apelación, el Ministerio Público sostiene que el juez de primera instancia incurrió en “un razonamiento incorrecto” al momento de valorar los elementos presentados para sustentar la medida, y tampoco habría tenido en cuenta la jurisprudencia vinculante de la Corte Suprema de Justicia respecto a este tipo de casos.
“Pretensión concreta: Se revoque la resolución N° 05 de fecha 02 de agosto de 2023, en el extremo de la duración de la prisión preventiva impuesta a los investigados Sada Goray Chong, Jorge Mauricio Fernandini Arbulu, Roger Lizandro Gavidia Johanson y Pedro Gary Arroyo Marquina, en la que se estableció el plazo de 30 meses, y en consecuencia, se reforme la misma y se establezca el plazo solicitado por el Ministerio Publico ascendente a treinta y seis meses”, señaló la fiscalía.
Ante el pedido fiscal, el juez Justinano Romero analizó la apelación en forma y determinó que ésta cumplió con los presupuestos subjetivos, objetivos y formales para ser elevado a la sala superior a fin de que ésta analice los argumentos de fondo.
Por ello, resolvió “conceder el recurso de apelación” presentada por el Fiscalía Provincial del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder.
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