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Las visitas de Gian Marco Castillo Gómez a su tío, el expresidente Pedro Castillo, en el penal de Barbadillo, en Ate, evidenciaron las descoordinaciones entre el Poder Judicial (PJ) y el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).
Este miércoles 16 de agosto, en diálogo con Canal N, el jefe del INPE, Javier Llaque, dijo que el sobrino del exjefe de Estado ingresó al establecimiento penitenciario pese tener impedimento para hacerlo. Según indicó, esto ocurrió porque no fueron notificados por el Poder Judicial sobre dicha disposición.
Por su parte, el Poder Judicial negó que tenga la obligación de notificar las medidas de restricción de los procesados y dijo que es competencia del Ministerio Público tomar cartas en el asunto.
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Al ser consultado sobre si el INPE permitiría próximas visitas de Castillo Gómez a su tío. Llaque respondió que “no” porque “este ya es un hecho público y notorio” y que, en casos como este, actúan “de oficio”.
“Sobre este caso no nos informaron, no sabemos si hay otros casos más. Por eso invocamos a que, si hay varios casos en las que están restringidas las visitas y señalarlos quiénes son. De inmediato actuaremos. El 4 de julio nos indicaron que el señor [Henry] Shimabukuro no ingresaba y el mismo 4 de julio se quedó él en la puerta y no ingresó”, expresó también.
El titular del INPE remarcó que la responsabilidad de los ingresos de Castillo Gómez al penal de Barbadillo recae en el Poder Judicial. Señaló que este caso no es el único en el que no se han notificado restricciones.
Horas antes, en diálogo con RPP, indicó que - inicialmente, cuando les llega la resolución de la prisión preventiva de Pedro Castillo - el único coimputado que tenía impedimento de ingreso al penal de Barbadillo era Aníbal Torres. Ambos son investigados por el golpe de Estado del pasado 7 de diciembre.
Asimismo, Llaque exhortó a los “responsables de los procesos y órganos jurisdiccionales” que no solo informen sobre las prisiones preventivas, sino también sobre las restricciones.
La explicación que dio el jefe del INPE contradice al comunicado que emitió la propia institución el último lunes 14 de agosto, en el que señaló que Gian Marco Castillo Gómez no tenía restricciones para visitar a su tío en Barbadillo.
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En un comunicado, el Poder Judicial señaló que la medida de comparecencia con restricciones y normas de conducta fueron “notificadas” a Castillo Gómez a través de su abogado, así como a la fiscalía y a sus coinvestigados.
“Al respecto, el cumplimiento de las reglas de conducta es de estricta responsabilidad de cada procesado y, ante su incumplimiento, el Ministerio Público está habilitado por el código penal a promover su revocatoria”, remarcó.
El PJ subrayó que “a diferencia de las comunicaciones sobre prisiones preventivas, órdenes de libertad u otros similares, no se advierte la existencia de alguna norma autoritativa que disponga a los órganos de justicia para que oficien” las restricciones.
“Por tanto, no resultaba de competencia de este Poder Judicial el informar al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) o Policía Nacional sobre cada regla de conducta de cualquier procesado”, añadió.
Asimismo, indicó que, ante el incumplimiento de las normas de conducta, “sería el Ministerio Público la entidad que debe accionar”.
“Si el Ministerio Público considera pertinente extender los alcances de las restricciones impuestas al imputado Castillo Gómez [...] Deberá fundamentar debidamente su solicitud para que, en la audiencia respectiva, el juez de la causa resuelva lo pertinente y recién oficie a las instituciones vinculadas el pedido realizado”, concluyó.
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A las acusaciones del jefe del INPE, se sumó el congresista Héctor Ventura (Fuerza Popular), quien afirmó que Castillo Terrones ha sido visitado “constantemente” por su sobrino en Barbadillo, pese a la prohibición del Poder Judicial.
El congresista fujimorista se refirió así a la resolución del 6 de mayo del 2022, en la que el PJ dictó comparecencia con restricciones contra Gian Marco Castillo Gómez, en lugar de prisión preventiva, y estableció las reglas de conducta que debía seguir el sobrino del expresidente, entre ellas se le prohibió comunicarse con sus coinvestigados y testigos.
En la mismo documento, el Poder Judicial impuso 24 meses de prisión preventiva contra Víctor Elfren Valdivia Malpartida, Edgar William Vargas Mas, Luis Carlos Elías Pasapera Adrianzén, Zamir Villaverde García, Bruno Pacheco Castillo y Fray Vásquez Castillo.
Antes de que el PJ tomara la decisión, Castillo Gómez tenía una orden de captura por la que estaba prófugo desde fines de marzo del 2022, junto a su primo Fray Vásquez Castillo, de quien, hasta el momento, se desconoce su paradero.
Ambos sobrinos y el resto de personajes arriba mencionados son investigados por el Caso Puente Tarata III. A fines de febrero del 2022, en sus declaraciones como aspirante a colabora eficaz, Karelim López los implicó en la supuesta mafia al interior del MTC, que habría estado encabezada por el exmandatario Pedro Castillo Terrones.
“Sé que hay una mafia en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), conformada por el presidente Pedro Castillo Terrones (...) los sobrinos del presidente: Fray Vásquez Castillo, Gian Marco Castillo Gómez, Rousbelt [Rudbel] Oblitas Paredes [sobrino por el lado de su esposa]”, afirmó.
El último lunes 14 de agosto, el congresista de Fuerza Popular pidió información al INPE sobre las visitas que Castillo Terrones recibió durante este año. No obstante, su solicitud aún no es atendida.
Un día antes, “Cuarto Poder” reveló que el expresidente fue visitado por su sobrino el pasado 25 de julio.
Al ser consultado por el programa dominical sobre la restricciones que le impuso el PJ, Gian Marco Castillo Gómez se limitó a responder que la única norma que le impusieron fue que asista a las citaciones.
Resolución Poder Judicial
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Gian Marco, hijo de José Castillo Terrones, hermano del expresidente, también nació en Tacabamba y actualmente tiene 24 años.
Fue muy cercano a su tío durante la campaña electoral del 2021. Luego de la victoria electoral, compartió en redes sociales videos en ceremonia como la de la entrega de credenciales a Pedro Castillo como mandatario y lo acompañó a Palacio de Gobierno para la mencionada reunión con Francisco Sagasti.
Perspectivas
En diálogo con El Comercio, el exviceministro de Justicia Gilmar Andía y el exfiscal Víctor Cubas señalaron que es responsabilidad del Ministerio Público subsanar esta situación solicitando al Poder Judicial que la comparecencia con restricciones de Gian Marco Castillo se varíe por prisión preventiva.
Andía indicó que, al solicitar el requerimiento contra Castillo Gómez, la Fiscalía de la Nación debió advertir que existía una carpeta contra el exjefe de Estado por el mismo caso, pero que no estaba siendo procesado junto con su sobrino y otros personajes debido a que se trata de un funcionario aforado.
No obstante, apuntó que el Poder Judicial pudo haber aclarado la situación en la audiencia, haber preguntado a la fiscalía sobre este caso.
A criterio del exviceministro, “aún cuando no estuviera señalado directamente, se debería entender que la restricción también alcanza a Pedro Castillo debido a que es un coimputado en otro nivel de juzgamiento por su condición especial de alto funcionario”.
Andía consideró que, para solucionar esta situación, el Ministerio Público debería requerir “de inmediato” al Poder Judicial que varíe la comparecencia de Castillo Gómez a prisión preventiva, a fin de que el caso pueda ser revaluado.
“Esta es una perfecta situación para poder revaluar esta situación. Es una ocasión adecuada para subsanarla [...] No es el INPE el que debe cumplir el mandato [de restricciones], corresponde al Ministerio Público verificar el cumplimiento de las reglas de conducta”, advirtió el exviceministro de Justicia.
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El exfiscal Víctor Cubas tuvo una opinión similar. Además, destacó que “es responsabilidad del fiscal que está llevando el caso tener la diligencia de cuidar que su proceso se lleve de la mejor manera, que no se contamine, que no se estén ejerciendo actos de obstaculización de la actividad probatoria”.
“La responsabilidad es netamente del Ministerio Público, incluso si se hubiese omitido [el impedimento de visitar a Castillo, podría haber presentado un recurso solicitando que se haga la corrección correspondiente”, apuntó.
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Es importante mencionar que, a inicios de mayo del 2022, días antes de que el Poder Judicial dictara la comparecencia con restricciones contra Gian Marco Castillo, la entonces fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, abrió dos investigaciones preliminares al expresidente Pedro Castillo, una de ellas correspondía al caso Puente Tarata. Sin embargo, la suspendió hasta que termine su mandato.
Días después, Pablo Sánchez, sucesor interino de Ávalos, decidió que la investigación no debía suspenderse, sino que debía avanzar dada la gravedad de las imputaciones.
La tesis fiscal es que el presidente habría liderado una presunta mafia al interior del Ejecutivo que buscaba favorecer a empresarios que apoyaron su campaña presidencial. Para ello, habría contado con operadores como el exministro Juan Silva Juan Silva, Bruno Pacheco, Zamir Villaverde y sus sobrinos.
