Verdadero o falso: el ‘fact checking’ de las declaraciones políticas de la semana

1. Rosa Bartra, integrante de la Comisión Permanente

Lunes 21 de octubre en el programa “N Portada”, de Canal N

“La Comisión Venecia va a tener que ser tomada en cuenta ahora que el tribunal deba pronunciarse […] Siendo el Tribunal Constitucional miembro de la Comisión de Venecia no puede ignorar [el informe], ningún Estado en el mundo, excepto los totalitarios, y uno alguna vez, han ignorado las recomendaciones de la Comisión de Venecia”.

Esta afirmación es imprecisa

El expresidente del Tribunal Constitucional (TC) Óscar Urviola precisó que el informe que la Comisión de Venecia emitió luego de una solicitud hecha por el Parlamento sobre el proyecto de adelanto de elecciones y el alcance de la cuestión de confianza “no es vinculante como sí lo es una sentencia de una corte”. Agregó que este documento “no es de observancia obligatoria”.

En comunicación con El Comercio, Urviola dijo que Carlos Ramos, magistrado del TC que deberá elaborar una ponencia que determine si se admite o no a trámite la demanda interpuesta por Pedro Olaechea contra la disolución del Parlamento, no tiene ni está obligado a considerar las conclusiones de la Comisión Venecia.

Aunque refirió que el documento “en cierta forma es orientador”.

El mismo Ramos, luego de ser elegido como ponente, indicó que “seguramente” tomará en cuenta el informe de la Comisión de Venecia, aunque dejó en claro que este “tiene carácter informativo” y “no es vinculante”.

Este Diario intentó comunicarse con Rosa Bartra, pero la expresidenta de la Comisión de Constitución del Parlamento no respondió a nuestras llamadas.

2. Mijael Garrido Lecca, precandidato del Partido Aprista al Congreso

Lunes 21 de octubre en el programa “Bayly”, de Mega TV

“[…] Hoy en día este señor [César Villanueva] está acusado de haber recibido dinero de Odebrecht, pero a él nadie lo persigue, hay gente en Lima que está presa solamente por el testimonio de [una] misma persona en el mismo sentido”.

Esta afirmación es imprecisa

Hasta agosto de este año la investigación a Villanueva sobre las presuntas irregularidades en la licitación de la carretera Cuñumbuque - Zapatero - San José de Sisa estuvo a cargo del fiscal anticorrupción de Tarapoto José Villalta Arriaga. Tras la declaración del exrepresentante de Odebrecht en el Perú Jorge Barata, en el sentido, de que entregó US$60 mil al exgobernador regional de San Martín la pesquisa pasó a manos del fiscal Germán Juárez Atoche, integrante del equipo especial Lava Jato.

Garrido Lecca también infiere que mientras otros políticos se encuentran bajo prisión preventiva, el exprimer ministro, no. Sin embargo, no toma en cuenta que Villanueva también fue parte del Congreso que fue disuelto por el presidente Martín Vizcarra y aún está resguardado por la inmunidad parlamentaria.

Alejandro Rospigliosi, constitucionalista y experto en temas parlamentarios, indicó a El Comercio que a partir del 31 de octubre, el exjefe de Gabinete Ministerial ya no contará con esta protección. Recordó que el Parlamento disuelto se negó a levantar la inmunidad de arresto del hoy prófugo excongresista Edwin Donayre y que esperaron a un pronunciamiento de la Corte Suprema para hacerlo.

Entonces, dijo que hubiera sido difícil que autoricen el arresto de Villanueva en un eventual escenario de prisión preventiva (donde no existe si quiera un fallo en primera instancia).

El artículo 93 de la Constitución establece que los parlamentarios “no pueden ser procesado ni presos sin previa autorización del Congreso o de la Comisión Permanente, desde que son elegidos hasta un mes después de haber cesado en sus funciones, excepto por delito flagrante”, caso en el cual son puestos a disposición del Parlamento dentro de las 24 horas, “a fin de que se autorice o no la privación de la libertad y el enjuiciamiento”.

Desde la oficina de prensa de Garrido Lecca indicaron a El Comercio que el comentario hecho por el precandidato del Partido Aprista al Congreso sobre Villanueva apunta a que “la justicia no está actuando con criterios de igualdad ante la ley”. Agregaron que Luciana León también tiene inmunidad, pero su casa y oficina fueron allanadas el último martes.

3. Alberto Quintanilla, integrante de la Comisión Permanente

Lunes 21 de octubre en entrevista a El Comercio

“Él [Vladimir Cerrón] ya no pertenece ni está en la dirección de Perú Libre. La alianza es con la agrupación, que va mucho más allá de Cerrón”.

Esta afirmación es imprecisa

Quintanilla, miembro de Nuevo Perú, justificó la alianza del movimiento liderado por Verónika Mendoza con Perú Libre, partido fundado por Vladimir Cerrón, sobre quien pesa una condena suspendida por actos de corrupción, señalando que el exgobernador regional de Junín se ha alejado de la agrupación.

Sin embargo, el propio Cerrón, a través de su cuenta de Twitter, indicó que ha solicitado una licencia “mientras revoquemos” el fallo que lo condena por los delitos de negociación incompatible y aprovechamiento del cargo. Es decir, tomará distancia de su agrupación de manera temporal, lo que no significa que ya no pertenezca a este.

Incluso, Cerrón ha respondido activamente, en sus redes sociales, a las críticas que ha recibido la coalición de Nuevo Perú, Perú Libre y Juntos por el Perú. “Si la alianza de izquierda es mala, ¿por qué no dejan que se desplome sola, para qué disponer recursos millonarios de la derecha para desacreditarla?, subrayó.

Y horas antes de anunciar su pedido de licencia, también exhortó al exgobernador regional de Cajamarca Gregorio Santos a ayudar “a la unidad”.

Quintanilla afirmó, en la misma entrevista a este Diario, que “el acuerdo” con Perú Libre y Juntos por el Perú es que ni Cerrón ni Yehude Simon participen en la alianza. “Si regresan, es otra coyuntura”, remarcó.

4. Héctor Becerril, integrante de la Comisión Permanente

Martes 22 de octubre en su cuenta de Twitter

“Después del allanamiento ilegal e inconstitucional de la vivienda y despacho de la congresista Luciana León, ¿alguien cree que estamos en un Estado de derecho?”.

Esta afirmación es falsa

La investigación preliminar abierta en contra de Luciana León, integrante de la Comisión Permanente, por los presuntos delitos de tráfico de influencias agravado y cohecho pasivo propio por sus aparentes nexos con la organización criminal “Los Intocables Ediles” está amparada en el artículo 1 de la Ley N°27399, que faculta a la Fiscalía de la Nación a abrir pesquisa preliminar a altos funcionarios, y en el Decreto Legislativo N°957, que permite la posibilidad de aplicar medidas limitativas para estos.

El Tribunal Constitucional, además, en su sentencia N°00013-2009-PI/TC precisó que el Ministerio Público puede realizar diligencias preliminares en la investigación a los altos funcionarios comprendidos en el artículo 88 de la Constitución, entre ellos los parlamentarios, por la supuesta comisión de delitos.

“Puede haber allanamientos, incautaciones, levantamiento del secreto bancario, pero no la pueden detener”, refirió el abogado constitucionalista Luciano López al referirse a la situación de León.

Alejandro Rospigliosi, constitucionalista y experto en temas parlamentarios, precisó que la inmunidad solo protege a la representante aprista en la Comisión Permanente, pero no a su casa o despacho, por lo cual estos sí podían ser allanados.

“Acá no hay proceso penal todavía, hay una investigación fiscal. Puede ser investigada. La inmunidad es para la persona, no es para su casa, su despacho o para sus bienes. Por eso es que la fiscalía ha actuado de manera correcta y ha obtenido la autorización de un juez”, precisó en comunicación con El Comercio.

Este Diario intentó comunicarse con Becerril, pero este no respondió a nuestras llamadas.

5. María Jara, presidenta ejecutiva de la Autoridad de Transporte Urbano

Viernes 18 de octubre en el programa “Nada está dicho”, de RPP TV

“La mototaxi no está comprendida en el ámbito y aprovecho este tema para traer a colación el tema de la bicicleta, las bicicletas y ciclovías en estricto no están comprendidas en el ámbito de la ATU, es una omisión fragante, poco moderna. Vamos a presentar, esperamos que sea incluido en el decreto”.

Esta afirmación es verdadera

Ni en la Ley N°30900, que crea la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), ni el Decreto Supremo Nº 005-2019-MTC, que establece su reglamento, le da atribuciones a esta entidad para la construcción de ciclovías. Solo mencionan, de manera genérica, que tiene la facultad de aprobar un Plan de Movilidad Urbana, que debe considerar la integración multimodal de medios de transporte motorizados y no motorizados.

Por medio de su cuenta de Twitter, Jara precisó que en ningún momento dijo que la ATU regulará el uso de las bicicletas y scooters.

“Lo que se busca es brindar asistencia y proponer normas técnicas para la construcción de nueva infraestructura (como ciclovías), así como la adecuación de la existente al SIT (sistema integrado de transporte)”, subrayó.