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Desde hace cuatro meses, el Tribunal Constitucional (TC) mantiene pendiente de resolver una demanda de amparo que presentó la Procuraduría Anticorrupción contra el Poder Judicial (PJ) por haber absuelto al gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, en un proceso donde previamente había sido condenado a 5 años de cárcel y al pago de más de S/1 millón por el presunto delito de negociación incompatible.
De acuerdo al expediente, la procuradora anticorrupción Yudith Villegas interpuso el recurso de amparo contra la Corte Suprema, por haber dispuesto a través de una casación, la absolución y libertad de Oscorima Núñez y otros exfuncionarios, en el 2017.
La Procuraduría busca que se reactive el caso, al señalar que se vulneraron las garantías del debido proceso, pues se incurrió en la vulneración al derecho a la motivación de las resoluciones judiciales y a la prueba, dejando en indefensión al Estado Peruano que había solicitado una reparación civil de S/1′309, 411.31.
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El caso está en manos de la Sala Primera del TC, integrada por los magistrados Luz Pacheco Zerga, presidenta, Manuel Monteagudo Valdez y Pedro Hernández Chávez, desde el 8 de marzo en que se realizó el informe oral del caso.
Si el TC decide declarar fundado el amparo interpuesto por la Procuraduría, podría ordenar anular la sentencia de la Corte Suprema -que mediante un recurso de casación- absolvió a Oscorima Núñez y otros funcionarios.
Según el registro del expediente, en junio último, los magistrados requirieron a la Sala Superior de Ica el expediente completo del proceso penal seguido contra Oscorima.
Buscamos una versión del Tribunal Constitucional sobre la situación del expediente, y señalaron que la Sala Primera ha decidido que, por su complejidad, el caso sea elevado al Pleno del TC.
Según indicaron, pese a que ya tuvo vista de causa, el expediente no se elevó aún debido a la carga procesal, pero que en los próximos días será puesto en conocimiento del Pleno del TC.
¿De qué trata el caso por el que Oscorima estuvo en prisión?
De acuerdo a la acusación fiscal, a Wilfredo Oscorima se le imputó el delito de negociación incompatible, luego de haberse detectado presuntas irregularidades en el Proceso de Exoneración N.° 06-2011-GRA-Sede Central, mediante el cual se realizó la compra de maquinarias y vehículos para el Gobierno Regional de Ayacucho, favoreciendo a una empresa con más de S/20 millones.
Según la fiscalía, para efectuar el proceso vía una “exoneración” de la licitación pública, Oscorima Núñez y el Consejo Regional, alegaron una causal de “emergencia”, pese a que no existía esa situación que permitía obviar una licitación pública.
Dicha situación, registrada en el 2011, produjo que el proceso de licitación que estaba en marcha, sea cancelado.
Ante ello, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado-OSCE, emitió el Oficio E067-2011/DSU-VVS advirtiendo que la exoneración no resultaba acorde a la Ley de Contrataciones, por lo que recomendó dejar sin efecto dicho procedimiento.
Sin embargo, el gobernador regional de Ayacucho y sus funcionarios no hicieron caso y según la fiscalía continuaron con el proceso, dándole una apariencia de licitación pública, sin serlo.
“La premeditación con la que actuaron los acusados con la intención de simular una situación de emergencia a fin de conseguir un proceso de exoneración para individualizar a los postores, demuestran el dolo con el que actuaron para beneficiar a dichos proveedores con el pago y en el caso del Presidente del Gobierno Regional Wilfredo Oscorima obtener regalías en su favor por los contratos suscritos, conforme se ha podido escuchar en el juicio oral a través del audio ofrecido como prueba por el señor Representante del Ministerio Público, el mismo que no ha sido cuestionado.”
Yudith Villegas, Procuradora Anticorrupción.
Tras la acusación fiscal, -16 de junio de 2016- el Tercer Juzgado Unipersonal de Ica condenó a como coautores del delito de negociación incompatible a Wilfredo Oscorima Núñez y otros dos implicados, en agravio del Gobierno Regional de Ayacucho; y les impuso cinco años de cárcel.
La Procuraduría Anticorrupción había solicitado S/1′540,483.89 como reparación civil, pero el juzgado dispuso que la suma de S/ 1′309,411.31 de manera solidaria.
Ante ello, los entonces condenados apelaron, pero la Primera Sala Penal de Apelaciones - el 18 de noviembre de 2016 confirmó -por mayoría- la condena de primera instancia y ordenó la reclusión en un penal de Oscorima Núñez y otros.
El gobernador de Ayacucho fue capturado y llevado al penal de Cachiche. Esto, hasta el 16 de mayo del 2017, cuando la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema -por mayoría- dispuso la libertad del funcionario.
Según la sala suprema, no se había acreditado la responsabilidad directa del gobernador regional de Ayacucho en la verificación de los informes técnicos-legales del caso y que los defectos dentro de un proceso de contratación en emergencia no resultaban suficientes para acreditar la responsabilidad penal, entre otros argumentos.
Procuraduría pide que el TC se pronuncie anulando la resolución que absolvió a Oscorima
Ante esa decisión, la Procuraduría Anticorrupción interpuso un recurso de amparo, solicitando anule la Resolución del 4 de julio de 2016, que declaró bien concedida la casación del gobernador y la Sentencia Casatoria del 16 de mayo de 2017, de la Sala Penal Permanente, que revocó la condena y absolvió a Oscorima Núñez.
Sin embargo, el Sexto Juzgado Especializado en lo Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima y la Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, rechazaron el recurso de amparo, señalando que los jueces de la Corte Suprema no habían incurrido en arbitrariedad constitucional.
Por ello, a través de un recurso de agravio constitucional llevaron la demanda de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) en marzo del 2023; y recién en marzo del 2024 el TC realizó el informe oral del caso.
En dicha audiencia, la Procuradora Yudith Villegas señaló que la Corte Suprema había actuado como “una tercera instancia” pese a que está impedida por ley y había analizado pruebas que no fueron admitidas en el proceso penal contra Oscorima. Específicamente, un Informe Técnico de Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Sinagerd), con el que los entonces acusados buscaban sustentar su decisión de “emergencia” para la compra de maquinaria.
Según señaló, pese a que la Corte Suprema dijo que este documento fue correctamente rechazado en el proceso ordinario, realizaron la valoración del mismo, vulnerando la norma y afectando los intereses del Estado ya que, ello habría permitido absolver a Oscorima Núñez y otros.
Por ello, solicitaron que el TC que revoque las resoluciones de los jueces constitucionales que rechazaron su amparo, y además que declare la nulidad de las resoluciones de la Corte Suprema sobre la absolución del gobernador y, en consecuencia, se emita un nuevo pronunciamiento.
En defensa del Poder Judicial (PJ), la procuradora adjunta Mayra Choque Acuña, solicitó al TC que se declare infundada la demanda de la Procuraduría.
Según alegó, los demandantes no expusieron de qué manera se genera la vulneración constitucional.
Además, señaló que los jueces supremos determinaron que sí existían documentos que acreditaban el peligro y emergencia para que se diera el proceso de exoneración para la compra de maquinarias.
Este Diario se comunicó con el abogado Humberto Abanto, abogado de Oscorima Núñez; sin embargo precisó que no estaba a cargo de dicho caso, por lo que no podría pronunciarse.
Nos comunicamos con el área de prensa del Gobierno Regional de Ayacucho, desde donde indicaron que harían la consulta a Oscorima si emitiría o no respuesta. Al cierre de este informe, no se pronunciaron.
