El camino en la lucha contra la delincuencia tiene un recorrido difícil porque se trata de combatir a organizaciones criminales transnacionales enquistadas desde hace mucho; por eso, el gobierno de transición se mantiene firme en su objetivo de seguir atacándola y, en las próximas semanas, el Ejecutivo multiplicará sus esfuerzos para hacerlas retroceder.
En las siguientes semanas, el gobierno presentará un nuevo Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y emitirá una serie de normas que contribuyan a hacer más efectivo el trabajo de las instituciones del Estado con ese propósito y así dejar al próximo gobierno mejores condiciones para que continúe esta lucha.
Por lo pronto, en dos meses y medio de gestión se han tomado una serie de medidas y acciones que golpean directamente a la criminalidad: las declaratorias de estado de emergencia que facilitan el actuar de las autoridades, la restricción de visitas en los establecimientos penitenciarios, el apagón eléctrico en las celdas, el desmontaje y destrucción de antenas de telecomunicación ilícitas, y encargar a las Fuerzas Armadas el sostenimiento y el control territorial focalizado en zonas críticas.
Asimismo, fuera del ámbito penitenciario, se hizo la realización de operativos de búsqueda y captura de requisitoriados mediante el control de identidad en base al mapa del delito, la intervención de inmuebles, de vehículos motorizados y no motorizados, así como el control y fiscalización de los puntos de venta informal y ambulatoria de chips telefónicos y equipos celulares de dudosa procedencia con suspensión inmediata de las líneas vinculadas a extorsión o secuestro, entre otras medidas.
La Policía Nacional, con apoyo de las Fuerzas Armadas, sigue realizando una serie de acciones como operativos en las calles, requisas al interior de los penales y operaciones al exterior de los centros de reclusión para detectar antenas ilegales que proveen ilegalmente el servicio de internet a los internos con el fin de que sigan cometiendo actos criminales desde los penales.
Además, el INPE sigue trasladando a decenas de reos de alta peligrosidad a pabellones con extrema seguridad y a penales de máxima seguridad, así como también está sometiendo a sus agentes al polígrafo para evidenciar la transparencia de sus actos funcionales. Las fuerzas combinadas de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas han instalado centros de control territorial en diferentes puntos de Lima.
Las acciones se realizan en diferentes ámbitos y diariamente se reportan capturas de importantes miembros de estas bandas organizadas, incautaciones de armas, equipos y dinero en efectivo, intervención de cuentas bancarias y cruce de información financiera.
En ese marco, la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia de Consejo de Ministros desarrolla una campaña de difusión que genera valor público entre la ciudadanía respecto de las acciones que realiza el Ejecutivo en el marco de la lucha contra la criminalidad.
“Llegamos para actuar, con la certeza clave de que la seguridad no se negocia”, “El camino es difícil, pero juntos lo vamos a lograr”, “No es un discurso, es un compromiso”, “Seguridad donde antes hubo miedo” y “Cada paso es una batalla, cada calle recuperada una victoria” son parte de los mensajes que incluye esta campaña.
La seguridad ciudadana es uno de los pilares de la gestión del gobierno de transición y se está realizando una intensa lucha contra el crimen, con acciones concretas aplicadas en el ámbito penitenciario y en las calles, lo que debe ser conocido y valorado por la población.
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