El futuro del mar peruano: desafíos para el próximo gobierno

Por Jimpson Dávila, director del programa Gobernanza Marina de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental

En el contexto electoral, el Perú enfrenta importantes desafíos para consolidar una gobernanza efectiva del mar, garantizar la sostenibilidad de sus recursos y fortalecer la resiliencia de una economía basada en el uso sostenible del medio marino.

Uno de los principales retos es fortalecer la proyección internacional del país en espacios marinos más allá de su jurisdicción. Lo que ocurre en la alta mar impacta directamente la sostenibilidad de los recursos dentro de las aguas nacionales. Un ejemplo claro es la gestión de la pota o calamar gigante. Mientras el país ha establecido medidas de manejo dentro de su jurisdicción, por ejemplo, en la alta mar aún no existen límites máximos de captura. La ausencia de una regulación robusta incentiva el incremento del esfuerzo pesquero por parte de flotas internacionales y genera una competencia desleal con la flota artesanal potera, una de las más importantes en el Perú.

Este escenario evidencia también la urgencia de que nuestro país ratifique el Tratado de Alta Mar. Aunque ya está en vigor a nivel internacional, la capacidad de Perú de incidir en la gobernanza de estos espacios es limitada. La alta mar —que representa aproximadamente el 64% del océano— y, en particular, la cuenca del Pacífico concentra crecientes intereses geopolíticos debido a la presencia de recursos minerales, recursos genéticos marinos, rutas comerciales estratégicas y ecosistemas aún inexplorados. Si el Perú no lo ratifica, podría quedar sujeto a decisiones adoptadas por otros países sin posibilidad de influir en reglas clave para la gestión del océano.

Un segundo desafío es combatir eficazmente la pesca ilegal. A nivel global, esta actividad genera pérdidas estimadas entre 10 y 25 mil millones de dólares. En el ámbito nacional, se calcula un impacto cercano a los 500 millones de dólares al año, lo que evidencia su magnitud económica y ambiental.

Para enfrentar este problema, es clave aprender de experiencias fallidas en otros sectores, como el Reinfo en minería, que pasó de ser un mecanismo temporal de formalización a convertirse en un proceso permanente que debilita la capacidad de control del Estado. Un riesgo similar existe en el sector pesquero. El Perú ha desarrollado tres procesos de formalización de la flota artesanal, entre ellos el Siforpa II (finalizado en julio de 2023), mediante el cual se formalizaron más de 2200 embarcaciones.

Promover nuevos procesos de formalización, así como reabrir aquellos ya culminados implica, en la práctica, expandir la flota pesquera y aumentar la presión sobre recursos ya plenamente explotados, como la pota y el perico. Esto compromete la sostenibilidad de las pesquerías, afecta a la pesca artesanal y altera el equilibrio del ecosistema marino. Por ello, una estrategia efectiva debe evitar aprobar medidas que, bajo el argumento de la formalización, terminen legalizando actividades ambiental y económicamente perjudiciales.

Un tercer desafío clave es la identificación y protección efectiva de espacios estratégicos para la conservación de la biodiversidad marina. Mientras que algunos países de la región han logrado proteger más del 30% de su superficie marina, el Perú actualmente protege apenas el 7.89%, lo que evidencia una brecha significativa.

Por ello, es prioritario ampliar estas áreas bajo criterios técnicos sólidos. Esto implica no solo aumentar la cobertura, sino asegurar que las Áreas Marinas Protegidas estén adecuadamente gestionadas, generen beneficios ambientales, sociales y económicos, y sean funcionales ecológicamente.

La conservación no se limita a las áreas protegidas. Existen otras herramientas basadas en el uso sostenible de los recursos marinos que también contribuyen significativamente a la biodiversidad. En este sentido, resulta clave avanzar en el reconocimiento de las Otras Medidas Efectivas de Conservación Basadas en Áreas (OMEC). Actualmente, el Perú no ha reconocido oficialmente ninguna OMEC marina, lo que representa una oportunidad relevante de política pública.

En síntesis, avanzar hacia una gobernanza marina efectiva implica fortalecer la presencia del país en espacios marinos internacionales, implementar una lucha coherente contra la pesca ilegal y proteger estratégicamente los ecosistemas marinos mediante áreas protegidas y otras medidas de conservación. A través de ello, será posible construir una gobernanza marina resiliente y capaz de sostener una economía oceánica que genere bienestar a largo plazo.

Redacción EC

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