En Condorcanqui, en lo profundo de la selva amazónica, el embarazo adolescente es una realidad que se multiplica sin control. Un análisis de ECData con información del observatorio Gestantes adolescentes y del tablero de Nacido Vivo en línea del Ministerio de salud (Minsa) revela que, en la última década, el número de casos registrados ha crecido se ha multiplicado por cinco.
Solo en 2024, el Minsa reportó 77 embarazos en adolescentes, muchas de ellas de apenas 13 o 14 años. Las cifras no son un accidente. La provincia supera ampliamente el promedio nacional de embarazo adolescente. En el 2024, el 14.5% de las adolescentes entre 15 y 19 años en Condorcanqui estaban embarazadas, mientras que la tasa nacional se situaba en 9.2%.
Detrás de los números hay historias de abandono y violencia. Según Oscar de la Cruz, obstetra en el centro de salud de Mamayaque, una comunidad de Condorcanqui, el 90% de las gestantes que atiende son adolescentes. Muchas de ellas, además de ser víctimas de abuso sexual, sufren anemia severa, lo que eleva el riesgo de muerte materna.
“No tenemos luz, no tenemos equipos para emergencias. Acá, si una adolescente embarazada tiene una hemorragia, puede morir porque no hay forma de trasladarla rápido. Todas las que vienen tienen anemia y eso las mata”, denuncia De la Cruz.
El sistema de salud en la provincia es frágil. Según el obstetra, los medicamentos tardan en llegar y, cuando lo hacen, son insuficientes. Tampoco hay ecógrafos, lo que impide detectar complicaciones a tiempo. “Si una adolescente tiene un parto de alto riesgo, la única opción es trasladarla en bote a Bagua, un viaje que puede durar más de seis horas. Muchas no sobreviven”.
Abuso y silencio
El embarazo adolescente en Condorcanqui tiene múltiples factores. Para Rosemary Pioc, maestra, lideresa Awajún y defensora de los derechos de las mujeres en la provincia, es un problema de educación sexual, de falta de acceso a anticonceptivos, pero sobre todo, es una consecuencia directa del abuso sexual.
“Las niñas de nuestra comunidad mueren por los abusos. No solo porque las embarazan a la fuerza, sino porque las violan hombres que además tienen enfermedades como el VIH”, denuncia Pioc.
Pioc y otras lideresas han luchado durante años para visibilizar esta realidad y exigir justicia. Pero la respuesta del Estado ha sido mínima. La Cámara Gesell, un espacio clave para recoger testimonios de menores víctimas de abuso, se inauguró recién en 2024. Antes, las niñas debían viajar a Bagua para declarar.
Según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), en 2024 los Centros de Emergencia Mujer (CEM) registraron 346 casos de violencia sexual en Condorcanqui, de los cuales 280 fueron contra niñas y adolescentes.
El fiscal adjunto de la provincia, Joel Mamani Vilca, señala que la mayoría de las denuncias son por violación y tocamientos indebidos. “Aquí hay muchos casos de docentes que abusan de sus alumnas. Lo más difícil es que las víctimas se atreven a denunciar, pero los agresores logran evitar las condenas sobornando a las familias”, explica.
Un sistema roto
En Condorcanqui, la justicia y la salud parecen funcionar bajo una lógica de supervivencia. Los fiscales luchan contra la falta de recursos, los médicos atienden con lo poco que tienen y las lideresas indígenas se han convertido en el último bastión de resistencia contra la impunidad.
“Aquí, las mujeres hemos aprendido a no callarnos. Si el Estado no hace nada, nosotras sí. Seguimos denunciando, aunque nos amenacen, aunque nos quieran silenciar. Estamos aquí por las niñas, por las que no tienen voz”, afirma Pioc.
En medio de esta situación de abandono, en dos comunidades de Condorcanqui, un grupo de mujeres lideresas, con apoyo de organizaciones internacionales, ha iniciado un proceso de sensibilización, protección de las niñas y empoderamiento de las mujeres contra el abuso, y los resultados empiezan a ser tangibles. Encuentra las historias en nuestro especial.
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