Este muerto está muy vivo

A finales de los ochenta se estrenó una comedia negra con una sinopsis absurda y simple: dos empleados pasean el cadáver de su jefe con gafas de sol, fingiendo que sigue respirando para que no se acabe la fiesta. La ridícula maniobra de la película “Este muerto está muy vivo” parece ser hoy el manual de gestión del Gobierno sobre Petro-Perú, que podría extenderse fácilmente a Corpac y a las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS) a lo largo y ancho del país.

Petro-Perú registró una rentabilidad negativa de 8% en 2024, la peor entre las petroleras estatales de la región, y va camino a repetir el plato en 2025: al tercer trimestre acumula perdidas por US$ 355 millones, equivalentes a casi US$1.000 por hora. Para mantenerse a flote, ha necesitado más de S/ 24.000 millones en salvatajes del Estado, desviando recursos valiosos para el cierre de brechas sociales, pero sin un salto institucional equivalente.

Newsletter exclusivo para suscriptores

Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

Recíbelo

Pese a ello, la situación es crítica: Petro-Perú le debe a sus proveedores del crudo que refina, a los del gas natural que usa para las máquinas de refinación y hasta a los de limpieza. El problema central es un gobierno corporativo capturado por el vaivén político. En el último quinquenio la empresa acumuló 10 presidentes y, desde inicios del siglo, la permanencia promedio en el cargo se redujo de 49 a solo 6 meses. Sin un directorio blindado y autónomo, la transparencia y los controles se vuelven promesas imposibles de cumplir y la eficiencia operativa apenas una ilusión.

La operación también presenta problemas. A casi tres años de su inauguración, la Nueva Refinería de Talara sigue más cerca de la paralización que de alcanzar su plena capacidad. Al mismo tiempo, el Oleoducto Norperuano acumula derrames, 67 sanciones ambientales y multas por casi S/ 200 millones. En este contexto, los incentivos del modelo son perversos: el Estado asume las pérdidas mientras la empresa mantiene escasos incentivos para mejorar su eficiencia. Peor aún, se insiste en asignarle nuevas funciones, como la distribución de gas en el sur, con resultados paupérrimos.

Seguir respaldando a Petro-Perú con decisiones discrecionales debilita a la propia empresa y al sector, desalienta la inversión y representa un uso inadecuado de los recursos fiscales y energéticos. En lugar de nuevos salvatajes, urge una reestructuración profunda: gobierno corporativo independiente, directorio profesional y disciplina financiera real. Para ello, se podrían discutir desde un procedimiento concursal en Indecopi que sincere el balance y ordene a los acreedores hasta una ley del Congreso que blinde al directorio y reduzca la interferencia política. Mientras no desconectemos políticamente a Petro-Perú y abramos espacio a la inversión privada, seguiremos cargando un muerto que cansa, cuesta dinero y, tarde o temprano, empieza a oler mal.